Sala de la Cámara de Diputados, por 97 votos, dio el vamos a más fiscalización y sanciones tendientes a disuadir vulneraciones a derechos de agua

Luego de ser votada por unanimidad en la Sala de la Cámara de Diputados, quedó lista para ser Ley de la República, la reforma al Código de Aguas, que fortalece las atribuciones de información, fiscalización y sanciones a la Dirección General de Aguas del MOP.

Respecto a ello, el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, destacó que “estamos muy contentos porque se aprobó la primera reforma al Código de Aguas que establece nuevas normas de información, nuevas normas y atribuciones de fiscalización y también nuevas sanciones. ¿Por qué de información? Para que cada uno, cada persona, cada institución que saque agua de los ríos y los cauces se informe adecuadamente y esa información la podamos tener para ver la situación de las aguas de cada río. De la misma forma, nuevas facultades de fiscalización para la Dirección General de Aguas para poder fiscalizar en terreno, para poder entrar a los distintos predios, incluso con ayuda de la fuerza pública cuando es necesario. Y tercero, un aumento de multas a quienes infraccionan, a quienes no cumplen el Código de Aguas y también aumento de multas y sanciones penales para quienes roban agua”.

Añadió el secretario de Estado que “esta aprobación es positiva por el cambio climático, es positiva por la nueva situación que vive Chile y doblemente positiva que haya sido aprobado por unanimidad”.

Por su parte, el Director General de Aguas del MOP, Carlos Estévez, señaló que “luego de un importante trabajo realizado para reformar el Código de Aguas desde el inicio del gobierno de la presidenta Bachelet, podemos decir que ya no dará lo mismo vulnerar los derechos de los más pequeños, porque contaremos con mejor información en derechos de aguas, facilidades para nuestros fiscalizadores y sanciones realmente disuasivas, que aumentan hasta 100 veces su monto”.

La noticia fue muy bien recibida en regiones. Es el caso de la Seremi de Obras Públicas de O’Higgins, Natalia Sánchez, quien indicó que esta Reforma junto a muchas otras impulsadas por el Gobierno de la Presidenta Bachelet, “viene a construir un Chile más justo y equitativo, permitiendo transparentar la información sobre las aguas entregadas en derecho a los usuarios de nuestras cuencas, para poder planificar el uso del recurso agua. Esta reforma fortalece las atribuciones de fiscalización y sanciones de la Dirección General de Aguas del MOP, permitiendo ser eficaces en las tareas que la ciudadanía requiere del Estado, desincentivando la ilegalidad en contra de la norma”.

Cabe destacar que esta nueva ley reforzará el rol fiscalizador de la DGA, otorgando la calidad de ministro de fe del funcionario, entregando mayor peso probatorio a sus actas de fiscalización; permite el acceso a predios, pudiendo solicitar el auxilio de la fuerza pública directamente. Además, se podrán paralizar obras que se ejecuten sin autorización en cauces naturales u ordenar el cegamiento de pozos.

Se tipifican nuevas faltas y aumentan las sanciones, considerando que hoy rige una multa máxima de 20 Unidades Tributarias Mensuales. Ahora será la DGA la que determine las multas, cuyo cobro estará a cargo de la Tesorería General de la República.

En materia de sanciones, se establece efectivamente un catálogo de infracciones al Código de Aguas, agrupadas en cinco grados, dependiendo del impacto de la infracción, con montos mínimos y máximos de multa dentro de cada grado. La actual legislación solo contempla, por regla general, sanciones que van de 0 a 20 UTM. En la nueva agrupación, las de grado mínimo van de 10 a 50 UTM, pero la de grado máximo, van de 1000 a 2000 UTM. Y la infracción de usurpación de aguas, puede llegar hasta 5000 UTM.

Finalmente, se incorpora un nuevo artículo en el Código Penal, donde se establecen sanciones penales, presidio menor, multa y la cancelación de la inscripción duplicada en caso de duplicarse dolosamente la inscripción de un derecho en el Conservador de Bienes Raíces.

Tras la aprobación, la diputada Yasna Provoste (DC), indicó que lo fundamental “es que se prioricen las funciones de subsistencia que nos entrega el agua, que podamos proteger ciertas áreas de importancia ambiental y patrimonial como son los glaciares, los humedales, entre otros. Que exista mayor efectividad en el cobro de las patentes por no uso de las aguas, que se resguarden los actuales titulares por derecho de aprovechamiento y que a largo plazo se fortalezcan las atribuciones de la Dirección General de Aguas”.