La Asociación Chilena de Municipalidades enfatizó en la necesidad de tomar en cuenta la experiencia de los municipios para dar viabilidad a la ley. Mientras que el ex jefe de Extranjería, Rodrigo Sandoval, refutó el conjunto de la norma legal y el Consejo para la Transparencia llamó a mejorar el acceso a la información y ahondar en la protección de los datos personales de los migrantes

Continuando con el proceso de audiencias públicas en torno al proyecto que crea una nueva Ley de Migraciones (boletín 11395), la Comisión de Gobierno Interior recibió tres nuevos invitados que manifestaron diversos reparos a la propuesta legal.

El presidente de la Comisión de Asuntos Migrantes de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, agradeció la oportunidad de intervenir en una materia que es de gran importancia para muchos municipios del país y respecto de lo cual se ha debido adecuar variados instrumentos que permitan hacerle frente.

“Nos alegra mucho haber podido exponer, al menos en quince, veinte minutos, lo que es la realidad de distintos municipios y, lo más importante, es el compromiso de los municipios de aportar, pero hasta ahora la ley… si tu revisas la ley, la verdad es que no aparecen los municipios en ninguna parte. Entonces, nos parecía del todo justo poder venir y plantear nuestra propuesta y decir que queremos también tener una actividad mucho más importante en la próxima ley, sobre todo en la fiscalización, en la gestión local, en poder resolver temas como la educación, la salud, el trabajo y la vivienda, que son los temas que más nos preocupan”, precisó.

Rodrigo Delgado observó que ya existe hoy un margen de tensión entre la población local y grupos de inmigrantes, particularmente porque entran a competir por algunos beneficios sociales, por lo que insistió en la necesidad de considerar la mirada y experiencia de las municipalidades, de modo de darle viabilidad real a su implementación.

Especialmente crítico fue el ex jefe de Extranjería y Migración y docente de la Universidad San Sebastián, Rodrigo Sandoval, quien estimó que existe dicotomía entre los propósitos planteados en el mensaje presidencial y el articulado de la ley.

El académico no dudo en afirmar que, tal como está hoy redactada la ley, representa solo un borrador con el cual se está perdiendo el tiempo, ya que no resolverá ninguna de las cuestiones que justifica una ley de migraciones.

“Este es un proyecto de una muy baja mirada técnica. Este es un proyecto que tiene omisiones, problemas de redacción. Este es un proyecto que no conversa adecuadamente entre sus distintas partes; y este un proyecto que, como yo ilustraba en la presentación, menciona 51 veces a la autoridad migratoria, le atribuye 32 facultades y, sin embargo, en ningún momento dice quién es la autoridad migratoria en el interior, y, por lo tanto, eso hace ineficaz cualquiera de esas facultades porque cualquier persona que se vea afectada por el ejercicio de alguna de ellas puede invocar la ausencia de una designación de esas características, para cuestionar la procedencia de, por ejemplo, una sanción. Entonces, lo que yo trato de hacer presente es que parece inviable este proyecto, así como está”, remarcó.

Finalmente, el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, expuso un análisis enfocado en dos grandes áreas relacionadas con su ámbito de competencias: el acceso a la información y la protección de los datos personales.

Sobre el primer punto planteó, por ejemplo, brindar información global de interés para los inmigrantes, como pueden ser las relativas a acceso y requisitos de visas, prohibición de ingreso al país y datos referidos a los derechos de salud, trabajo y educación.

Respecto del segundo tema, sostuvo que el mal uso de los datos personales de los migrantes puede acarrear consecuencias discriminatorias. Por ello, estimó imperioso tener una protección reforzada de los datos de los extranjeros en nuestro país, tomando las previsiones del caso, tanto en el Registro Nacional de Extranjeros que se creará como en las transferencias internacionales de los datos de inmigrantes.