Fundamentan que el uso de asbesto, durante décadas en el país, se ha traducido en la prevalencia de numerosas personas enfermas, algunas de las cuales han presentado demandas ante la justicia por los daños sufridos
Por unanimidad, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución 1010 que pide a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, establecer un subsidio para el reemplazo de asbesto cemento en viviendas.
La resolución fue presentada a la Cámara por los diputados DC Jorge Sabag, Patricio Vallespín, Yasna Provoste, Sergio Ojeda, Juan Enrique Morano y Claudio Arriagada, además del RN Jorge Rathgeb y los independientes René Saffirio y Pepe Auth.
Los parlamentarios señalan que la preocupación por los efectos nocivos del uso del asbesto en la salud llevó a las autoridades chilenas a prohibir su uso a través del Decreto 656 del Ministerio de Salud, publicado en enero del año 2001, ya sea en su producción, importación, distribución o su uso, aunque se permite la autorización específica para utilizar asbesto en productos que sean materiales de construcción y respecto de los cuales se acredite que es técnicamente posible reemplazarlo por otro material.
Sin embargo, resaltaron que el uso del asbesto, durante décadas en el país, se ha traducido en la prevalencia de numerosas personas enfermas, algunas de las cuales han presentado demandas ante la justicia por los daños sufridos, mientras otros se organizan para exigir una acción más decidida en el retiro de los elementos de construcción en los que se ha empleado este mineral y en la atención de las personas afectadas.
En ese contexto, es que los legisladores solicitan a la Ministra de Vivienda y Urbanismo que informe acerca de los resultados alcanzados en el programa de subsidios implementados por esa cartera, tanto en lo que se refiere al número de soluciones entregadas como a su distribución a lo largo del territorio nacional.
Piden, además, sugerir que el subsidio para el retiro de piezas que contengan asbesto sea más simple y expedito, adoptando una modalidad similar a la empleada con motivo de la llamada “Ley del Mono” y centrando los recursos disponibles en el recambio prioritario en las viviendas sociales.
Por otra parte, buscan proponer que se establezca entre el Ministerio de Vivienda y el de Salud un programa de difusión para que los propietarios de inmuebles anteriores al año 2001 sepan que enfrentan una situación de riesgo para su salud.
