Por: Cristian Rodríguez S.
Director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte, ex Intendente de la Región de Antofagasta (2007-2010). Licenciado en Historia, Magister en Desarrollo Urbano y Territorial de la Universidad Católica de Chile. Actualmente, Doctorando en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional San Martin, Buenos Aires-Argentina
En un contexto de transformaciones, la política chilena ha ingresado a un importante ciclo de cambios. El nuevo sistema electoral comienza a reconfigurar el mapa político, desde un sistema predominantemente bipartidista se avanza hacia un sistema multipartidario, el cual dominara la escena de los próximos años obligando a las viejas estructuras partidarias de la década de los noventa a replantear programas, alianzas y la relación con los ciudadanos de cara al futuro. En este nuevo contexto se insertan los recientes avances en descentralización, las nuevas reformas aprobadas recientemente no solo permitirán la elección directa de los ejecutivos de los gobiernos regionales, sino que el inicio de un proceso de transferencia de competencias políticas, administrativas y económicas hacia las sociedades regionales. Una transformación solo comparable con la creación de los gobiernos regionales hace más de un cuarto de siglo.
Indudablemente, estas reformas no generaran un proceso de transformaciones automáticas per se, sino más bien abren un proceso de cambios a partir de mayores grados de autonomía. Cuál será la velocidad de los cambios, qué beneficios resultaran para la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo de las regiones, qué riesgos se perciben en el horizonte, son parte de las preguntas a responder.
La velocidad del proceso, dependerá de una negociación permanente entre las regiones y el centro por acelerar los tiempos del proceso de transferencia de competencias y decisiones políticas, administrativas y económicas hacia escalas sub nacionales. Un proceso que no estará libre de tensiones, las recientes reformas no implican que no siga predominando en el centro una cultura centralista bicentenaria que resistirá desprenderse del monopolio que ha ejercido a través de toda la historia republicana. Sin embargo, es insoslayable la presión que en este nuevo contexto político ejercerán las escalas locales sobre los nuevos representantes regionales por satisfacer las legítimas expectativas por calidad de vida, desarrollo y democracia. A diferencia del pasado, cuando las autoridades regionales eran agentes casi invisibles frente al accionar y las directrices del centro, ahora emergen actores regionales visibles y objeto de responsabilidad frente a los ciudadanos.
Existen dos tipos de riesgos en el horizonte. En primer lugar, un riesgo infundado, cuyo origen se encuentra en la cultura de las elites centralista, que señala que las regiones adolecen de capacidades, que no están preparadas para ejercer mayores grados de autonomía, que la descentralización de las decisiones sobre las políticas públicas provocara ineficiencia y distorsiones fiscales. Una sospecha sin fundamentos, dado que la continuidad del actual modelo con bajos grados de autonomía, escasa legitimidad y predominio de políticas públicas estandarizadas y centralizadas es una jaula de hierro, una camisa de fuerza para el despliegue de la creatividad y la innovación, componentes claves para el crecimiento y el desarrollo de los territorios y del país en su conjunto, pero también para el desarrollo y robustecimiento de la democracia.
Un segundo riesgo es la heterogeneidad de resultados, una amenaza que es inherente a los procesos de descentralización a escala global y en América Latina en particular, desafíos de los cuales el proceso chileno no estará al margen. Los mayores grados de autonomía y la disponibilidad de competencias, o sea de recursos y poder no aseguran una relación lineal per se con más democracia, bienestar y desarrollo. Los casos de Argentina, Brasil o Colombia por citar a países de régimen federal y unitario, que son cercanos a nuestros contextos culturales, observan una distribución heterogénea de resultados a escala sub nacional. No existe una distribución territorial homogénea de los buenos resultados; por el contrario, al interior de cada país se observan regiones con gran desarrollo democrático, buenos indicadores de calidad de vida y dinamismo económico, frente a otras unidades sub nacionales que experimentan bajo nivel democrático, pobreza y rezago económico.
En resumen, el actual proceso descentralizador instala en las sociedades regionales una tensión ausente hasta el presente, un proceso que traslada hacia los actores regionales y las sociedades sub nacionales cuotas más elevadas de responsabilidad. La calidad de las políticas públicas que los ciudadanos experimentaran en el futuro, dependerá fundamentalmente de la nueva relación que emergerá entre sociedad y gobiernos regionales. Una relación que estará determinada por papel de la sociedad civil organizada, como las universidades regionales para sostener con conocimientos los nuevos desafíos, y de la sociedad civil para demandar, fiscalizar y participar en forma activa. Un nuevo escenario político para el país y las regiones, que abre nuevas expectativas, que demandara mayores espacios de reflexión pública, que impulsen un replanteamiento sobre el devenir de los territorios desde un enfoque descentralizador.
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