Por: Claudia Dides Castillo. Socióloga, Directora Corporación Miles

Hace 18 años se presentó a la Cámara de Diputados el proyecto Ley Marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, iniciativa elaborada por un conjunto de organizaciones y personas que tenían como objetivo que el Estado de Chile se dignara reconocer estos derechos en el marco de los derechos humanos. Ese proyecto aún no logra ser aprobado en el Congreso chileno. Esa es la prioridad que el Ejecutivo y el Congreso otorgan a tan importantes derechos humanos. Los derechos sexuales y reproductivos son parte de los Derechos Humanos, los que tienen reconocimiento universal en los organismos internacionales de los cuales Chile es miembro, por lo que obligatoriamente deben ser parte de nuestra legislación.

El reconocimiento y respeto a los derechos sexuales y reproductivos fueron levantados en el  mundo desde la sociedad civil, específicamente desde el movimiento de mujeres y feministas en la década del 60. Desde entonces este nuevo enfoque logró instalarse en la discusión de las Conferencias Internacionales organizadas por Naciones Unidas y hoy están reconocidos en diversos instrumentos y mecanismos internacionales, estimulando a los Estados a que avancen en este ámbito.

Pese a la tenaz y persistente resistencia de sectores de las elites políticas, económicas y eclesiales del país, que sistemáticamente se oponen y más bien se han dedicado a restringir las libertades en materia de sexualidades y reproducción, evitando que se dicten leyes y prohibiendo que se impulsen iniciativas locales en torno a este aspecto, Chile sin duda ha logrado hacer algunos avances legislativos significativos en esta materia. Basta recordar las diversas disputas políticas ideológicas en los últimos 28 años que se han dado en torno a iniciativas legales tales como el divorcio, el acceso a la anticoncepción de emergencia, el aborto en tres causales, restricción para la prevención del VIH/SIDA y las infecciones de transmisión sexual, acuerdo de vida en pareja y actualmente la ley de identidad de género, homo y lesbo parentalidad, matrimonio igualitario, entre otros, aunque aún existe una ausencia y falta de continuidad en programas de educación sexual laica.

Una de las reivindicaciones de los movimientos feministas actuales es la defensa y promoción de estos derechos.

En la década de los 60 surgió un elemento central para posibilitar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Se trató de la distinción conceptual que se hizo entre sexualidad y reproducción, que se vincula con acceso a métodos anticonceptivos, y posteriormente con la implementación de programas de salud sexual y reproductiva tanto de carácter público como privado. Esto ha profundizado el proceso de toma de decisiones de las mujeres, posibilitando la autonomía y por ende el ejercicio del derecho a decidir que ha puesto en cuestión leyes, políticas públicas y prácticas institucionalizadas, que sólo han sido el reflejo del sistema patriarcal y de dominación de género.

Los movimientos feministas chilenos vienen del siglo pasado desde las sufragistas hasta las mujeres que luchamos en la dictadura militar acuñando la frase “Democracia en el país y en la casa”, desarrollando políticas de Estado que lograron avanzar con la consigna de igualdad de género en la década de los 90 y 2000.

Hoy las mujeres jóvenes han alzado la voz de tal manera que se ha producido una ola gigante en todo el país a través de las movilizaciones de mujeres estudiantes universitarias y secundarias, que ha permitido develar los abusos de poder y la violencia permanente contra las mujeres y las niñas que se ejercen en los diferentes espacios y ámbitos de nuestra sociedad.

En este siglo XXI los movimientos feministas llamados de la tercera o cuarta ola, vinieron para quedarse. Esta  nueva ola ha puesto con más fuerza en el centro de la discusión la autonomía de los cuerpos, el derecho a decidir, la libertad en la existencia humana. Esta nueva ola llegó para exigir al Estado de Chile y a las diversas instituciones que componen el tejido nacional el reconocimiento pleno de los derechos sexuales y reproductivos, lo que es temido por los grupos de las elites del poder de todas las tendencias políticas que por décadas no han tenido el coraje de reconocer estos derechos, que muchas veces han escondido las realidades, haciendo oídos sordos a la violencia sexual, a la falta de acceso a servicios dignos de salud sexual y de salud reproductiva, a la diversidad sexual, a la educación sexual laica, entre otros.

En la historia chilena la vida personal de las mujeres ha estado en un permanente campo de negociación de la intimidad, en que cada avance es duramente trabajoso y hasta humillante, y que se logra tras concesiones que no tienen por qué hacerse cuando se trata del respeto a derechos esenciales.  Hoy esa negociación ya no es más posible. El proceso ha llegado a un punto en que toda detención y todo retroceso sólo profundizará las divisiones y desigualdades existentes en el seno de nuestra sociedad, desde el momento que se han hecho definitivamente visibles y patentes, desde el momento que ya no pueden ser negadas ni desvirtuadas.

El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.