Por: Pablo Gutiérrez Vásquez. Abogado, Magister en Derecho Regulatorio y ex- Jefe de Relaciones Institucionales de la Superintendencia del Medioambiente
El Gobierno del Presidente Piñera, decidió enfrentar un enorme desafío, este es: enviar un proyecto de reforma legal del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La reforma a este mecanismo parece generar un amplio consenso, lo cual se hace evidente en los fundamentos al texto, al recoger las propuestas generadas al amparo de la Comisión Asesora de la Presidenta Bachelet.
La pregunta central es ¿Porqué se hace necesario una reforma al SEIA? La respuesta parece emerger sin mayor complicación, porque esta herramienta no está cumpliendo a cabalidad su función regulatoria adecuadamente, vale decir, no está alineada con su finalidad. Desde este punto de vista, la finalidad preventiva del sistema emerge como el pilar central, esto es, un instrumento que establece ex-ante los impactos al entorno y medidas que, contengan estos efectos, en un umbral jurídica y socialmente tolerable. La consecuencia de esta herramienta predictiva, es la generar certidumbre de las “reglas del juego” para todos los actores del territorio intervenido.
En este contexto, el proyecto de ley constituye una declaración importante, en términos de establecer los ámbitos modificatorios en el sentido descrito, pero también muestra una debilidad, al aparecer huérfana respecto a otras acciones pendientes del Estado, como la Evaluación Ambiental Estratégica.
El proyecto posee propuestas modificatorias con un sello particular: generar la menor intervención de la Administración del Estado en el proceso de resolución de las licencias ambientales. Esto se manifiesta en diversas partes del articulado, como son: la desaparición del Comité de Ministros, la imposibilidad de ejercer la potestad invalidatoria, la judicialización directa o la Participación Ciudadana Anticipada. Aún cuando el foco está en la disminución de la injerencia política, no cabe duda que la Administración posee la robustez para acometer muchos de los desafíos que genera un proceso como el SEIA. En este sentido, esta reforma debe ser sólo una pieza de un cambio mayor que, debe tener por finalidad, cumplir el objetivo de certidumbre que la sociedad le exige.
La seguridad para los titulares de proyectos, así como para la comunidad, tienen un enemigo feroz que, debe confrontarse sin miramientos, este es: el dinamismo propio de los ecosistemas. En este sentido, ninguna Participación Ciudadana Anticipada o mayor intervención de la jurisdicción Ambiental, pondrán congelar una realidad esencialmente dinámica. Si, en cambio, existen herramientas que puede hacer cargo de los cambios predecibles y, a su vez, podrían haberse considerado la generación normas de adecuación operacional, cuando estos no se han previsto. En la primera línea, la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y generación de una Línea Base Nacional (LBN), parecen herramientas necesarias para cumplir esta finalidad. Sabemos que la EAE es un proceso en marcha y la LBN es un proyecto CORFO que debería despegar en breve. En la segunda línea, parece necesario discutir la posibilidad de revisar con cierta periodicidad las RCA, no la totalidad de su contenido, pero a lo menos sus aspectos más sensibles, de forma de otorgarle cierta flexibilidad al sistema en su conjunto.
No cabe duda que el esfuerzo por reformar legalmente el SEIA, es un imperativo, pero también una apuesta arriesgada. Sin perjuicio de ello, debemos esperar que la modificación considere que estamos abordando un sistema complejo, que no se agota necesariamente en la regulación legal, sino que posee otras herramientas cuya funcionalidad se hacen imprescindibles al momento de cumplir el objetivo central: poseer un sistema que entregue la mayor certidumbre jurídica posible a sus ciudadanos y ciudadanas.
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