Por: Jaime Lindh A. Coordinador de Opinión Pública Fundación P!ensa
Si bien no aparece mucho ni en encuestas ni medios, en nuestro país se está desarrollando un proceso inédito de cambio institucional. En el 2014, con la Comisión Asesora presidencial, se inició un proceso de descentralización con el objetivo de traspasar a los gobiernos regionales una mayor capacidad para desarrollar políticas que ayuden a los chilenos alcanzar un mayor nivel de vida. Sin embargo, ¿están las condiciones dadas para lograr un proceso exitoso de descentralización?
En cuanto a la institucionalidad política hubo avances significativos. Como bien sabemos, en el 2016 se aprobó la elección directa de la máxima autoridad regional, lo cual incentivará a los futuros intendentes a gobernar en función de las necesidades de su región. Además, entre otras cosas, esta reforma permitirá mejorar la gobernabilidad regional, asegurando al menos 4 años de mandato con posibilidad de reelección. Por lógico que suene esto, en la actualidad las autoridades designadas duran en promedio dos años. Poco y nada se puede hacer en ese tiempo.
Luego, el 2017 se aprobó la ley de Fortalecimiento Regional en donde se fijó el traspaso de competencias en materia de fomento productivo, desarrollo social y ordenamiento territorial. Respecto a este punto, hay varios aspectos aún por zanjar, estando entre los más urgentes la materialización del traspaso en atribuciones específicas y exclusivas a los gobiernos regionales para minimizar eventuales conflictos con el gobierno central.
Asimismo, se encuentra pendiente la definición de criterios específicos frente a los cuales estará sujeto el traspaso y revocación de competencias, reduciendo la posibilidad de disputas partisanas entre el gobierno central y regional. Estos puntos debiesen disiparse por parte de la Subdere en la redacción de los reglamentos de esta ley.
Sin embargo, el gran ausente es la descentralización fiscal. ¿Cómo se financiarán los gobiernos regionales? ¿Vía mayores transferencias? ¿Mayor participación en los impuestos recaudados? ¿Habrá acceso a financiamiento externo? Si bien estas preguntas deben empezar a tener respuesta cuanto antes, las primeras aproximaciones despiertan dudas respecto a la posibilidad de que este camino conlleve a una menor disciplina fiscal y a mayor corrupción en regiones.
Con el fin de mitigar estos riesgos, en Fundación P!ensa hemos desarrollo un observatorio de transparencia fiscal, llamado P!ensa Transparente, en cual se puede acceder a información sistematizada y geo-referenciada de los cerca de 1.500 millones de dólares que disponen los gobiernos regionales para inversión. Así, ingresando a piensatransparente.cl podrán responder a tres preguntas básicas relativas al gasto de los gobiernos regionales: ¿a quién financia? ¿con cuántos recursos? ¿a qué proyectos?
Esperemos que esta iniciativa ayude a fomentar una cultura de mayor de rendición de cuentas a nivel territorial y aporte hacia un proceso de descentralización efectivo.
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