Por: Vladimir Marianov. Profesor Titular, Ingeniería UC. Investigador del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI)
Para comunicar a las personas entre sí –y en poco tiempo, conectar su refrigerador con el supermercado, a través de lo que se llama “Internet de las Cosas”– las empresas de telefonía móvil usan ondas electromagnéticas. Estas ondas se identifican por su frecuencia y el conjunto de todas las frecuencias forman el espectro de radiofrecuencias. En simple, cada comunicación requiere un rango de frecuencias o canal.
Cada operador de telefonía móvil puede conseguir, en concursos que se realizan de tiempo en tiempo, un rango de frecuencias que usa para poder comunicar a sus clientes, que puede estar repartido entre distintos lugares (o bandas) del espectro. Hace diez años atrás, el rango se limitó en Chile a 60 MHz.
En los últimos diez años, la tecnología ha avanzado enormemente. La cantidad de clientes y tráfico se ha multiplicado por varios órdenes de magnitud, principalmente por los nuevos servicios que usan datos (vídeo, conexiones a Internet a través del Smartphone, redes sociales, etc.) Por ejemplo, el número de conexiones móviles a Internet ha pasado de ser unas 166.000 en 2008, a ser 17.400.000 en 2018. Se espera que el tráfico se multiplique mucho más con la introducción de la nueva generación de comunicaciones móviles, llamada 5G y los nuevos servicios que soportará: Internet de las Cosas, automóviles autónomos, telemedicina, etc. Entonces, hay conciencia que el límite de 60 MHz es insuficiente.
Algunas empresas de telefonía móvil han logrado sobrepasar el límite permitido, mediante participación en concursos donde no se les ha impedido postular, sabiendo todos que ese rango se ha convertido en muy estrecho: aun cuando permite atender aumentos de tráfico, se debe pagar costos mucho mayores, los cuales finalmente se reflejan en precios muy altos. Sin embargo, un reciente dictamen de la Corte Suprema obliga a que las empresas que sobrepasaron el límite deben devolver el exceso. Ésta es la mala noticia, para las que ya habían invertido en utilizar las frecuencias a devolver, pues significa un costo, pero una posibilidad de conseguir más frecuencias para otros operadores que tienen menos.
La buena noticia es que la Subsecretaría de Telecomunicaciones está muy consciente del hecho que el actual límite es muy bajo y está consultando al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia su opinión acerca de incrementar importantemente el límite, con lo cual las empresas pueden atender mayor tráfico y dar nuevos servicios. Además, lo hace separando frecuencias que son aptas para cubrir zonas tipo rural, es decir de bajo tráfico, pero con distancias mayores y frecuencias que son aptas para zonas urbanas, es decir de muy alto tráfico, así como frecuencias para uso de nuevas tecnologías.
Lo interesante de aumentar el límite (que ahora se compondría de límites separados en distintas partes o bandas del espectro) es que, a mayor disponibilidad de frecuencias, menor es el costo para las empresas de dar el servicio, pues mientras más frecuencias tengan disponibles, menos torres tienen que instalar. Dado que hay una sana competencia, como lo demuestran los precios decrecientes, estos menores costos debieran reflejarse en menores precios a público, lo cual significa mayor bienestar social.
Y menos peligro de tener una de esas torres que a nadie le gustan en la casa del lado.
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