Por: Carla Amtmann Fecci. Profesora y Economista
En tiempos donde se atraviesan por importantes procesos de definiciones dentro de los sectores progresistas y de izquierda, no podemos cometer el error de no tener a la descentralización como un eje prioritario para nuestro andar.
Y no es un tema simple. Trae consigo profundos debates teóricos y políticos, como también un conjunto de definiciones sobre en qué materias avanzar, cómo hacerlo y con qué prioridades y urgencias. Sobre esto, y a continuación, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones iniciales.
Las tradiciones políticas e ideológicas desde la izquierda han tenido un sello centralista en sus formas de concebir las relaciones del Estado y la sociedad, y de estos con la producción. Es más, los principales paradigmas teóricos del Federalismo Fiscal (Hayek, 1945; Tiebout ,1956; Oates, 1972) que impulsaron la descentralización como modelo de ordenamiento administrativo y económico la segunda mitad del siglo XX, vino de la mano de la necesidad de disminuir el tamaño y rol del Estado, y en ello trasladar los principios de la competencia por bienes y servicios, a los propios gobiernos subnacionales, siendo parte de las recomendaciones del Banco Mundial en los procesos de neoliberalización. Junto con ello, la descentralización ocupó también un espacio en los procesos democratizadores de América Latina, donde la elección directa de autoridades subnacionales otrora designadas en los periodos dictatoriales o inclusive previos a ellos, fue uno de los elementos clave de la descentralización política. No obstante, quedó fundamentalmente ligada a la concepción de la democracia como el ejercicio de representación, por sobre el de participación.
¿Cuál es entonces, nuestro desafío en esta materia? Poner en el centro de la descentralización fiscal a la igualdad y cohesión territorial, y como eje articulador de la descentralización política a la participación ciudadana.
Sabemos que Chile es uno de los países con mayores niveles de desigualdad socioeconómica, pero no sólo eso. También tenemos uno de los peores GINI del PIB regional, estamos en uno de los últimos lugares en la OCDE y también en uno de los peores puestos entre los países de América del Sur en lo que respecta a desigualdad territorial. Esto significa en concreto, que las realidades socioeconómicas, el acceso a oportunidades y la garantía de derechos sociales se encuentran mucho más deterioradas fuera de la región metropolitana; significa también que los polos productivos están concentrados, y que, por tanto, junto con vivir precariedades y desigualdades abismales en regiones, en la capital la concentración poblacional trae también consigo otras duras externalidades.
Sabemos también que los municipios son concebidos como administraciones y no como gobiernos locales, y que los gobiernos regionales tienen poca incidencia en lo que a nivel central se define para cada región. Que los instrumentos de planificación territorial cuentan con poca incidencia ciudadana y, por tanto, que las voluntades de participar que tienen cientos de miles de habitantes se agotan y frustran por la poca relevancia que finalmente la voz de las juntas de vecinos, uniones comunales, COSOCS, agrupaciones culturales, deportivas y movimientos ciudadanos en general, tienen en la toma de decisiones. La participación baja, la democracia se deteriora.
Ante eso, para las regiones la solución es clara: Dejar de ser uno de los países más centralizados del mundo. No obstante, tras esta demanda, debemos tener la responsabilidad de identificar los focos centrales para que efectivamente descentralizar implique una desconcentración de poder económico y político. Porque los estudios actuales están siendo categóricos: No todos los procesos de descentralización fiscal aseguran una disminución de la desigualdad, incluso algunos han generado un aumento de ésta. Y por su parte, más descentralización política no ha implicado más poder a la ciudadanía, sino que muchas veces, al contrario, un fortalecimiento del control de los caudillos en los territorios y de los aparatos burocráticos a nivel local.
Es ahí donde considero fundamental que a la descentralización le pongamos apellido, y que nos convoquemos a dotar de contenido a lo que debe ser el camino hacia una Descentralización Democrática. Sobre ello, y a continuación, solo dos variables que en otro momento profundizaré.
A nivel económico debemos apuntar como primer paso a que existan modelos de Transferencias de Igualación Fiscal que tengan como desafío la cohesión territorial. Con la profunda desigualdad entre regiones y dentro de éstas, no puede ser sólo la recaudación de impuestos propios el contenido descentralizador en este ámbito. Necesitamos instalar en el debate nacional la importancia de la redistribución entre territorios. Modelos hay muchos, y en ello hay dos que son muy interesantes, por una parte, las transferencias horizontales e instrumentos conocidos coloquialmente como “Robin Hood”, donde los territorios que tienen más aportan a los territorios menos aventajados; aquí Alemania es un excelente ejemplo en esta materia. Y otros son las transferencias verticales, entre el gobierno central y los territorios, donde el principio de compensación para descentralizar los polos productivos implica dotar de mayor ponderación las variables que develan la existencia de territorios más desventajados, y con ello entregar más a los que más lo necesitan. Australia y Canadá tienen interesantes instrumentos en esta materia.
Avanzar en estas líneas a nivel fiscal es urgente, pero no es suficiente.
No son sólo más recursos, sino que también más poder político desde el centro a la periferia, y de arriba hacia abajo. Requerimos que la descentralización vaya la mano de una democracia participativa, donde las Estrategias de Desarrollo Regional, los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial, Planos Reguladores comunales e intercomunales y Ordenanzas sean instrumentos fundamentales de accionar ciudadano. Junto con ello, que se dote de mayor poder y democracia a las Juntas Vecinales y los Cosocs como espacios nucleares de organización vecinal, barrial y local, ateniendo a las históricas demandas por más recursos, capacitación e incidencia en el diseño de los territorios y las ciudades. Finalmente, es fundamental en esta misma senda, trabajar por modificaciones sustanciales a la Ley de Participación Ciudadana fortaleciendo los instrumentos de incidencia vinculante, por ejemplo, facilitando la realización de Plebiscitos, como también dotando de mayor responsabilidad y obligatoriedad a las autoridades comunales ante las Audiencias Ciudadanas.
Este es un gran tema y, sobre todo, es una urgente demanda enraizada en lo más profundo de los territorios a lo largo y ancho del país. Quienes queremos contribuir a fortalecer las comunas y regiones, y en ello empoderar cada vez más a la ciudadanía, y mejorar las condiciones de vida de las mayorías, debemos dar pasos claros hacia una descentralización democrática.
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