En seminario organizado por la Cámara Chilena de la Construcción, donde se consideró la normativa legal como una alternativa real para reducir el déficit de infraestructura de las ciudades del país
Representantes de Minvu, Serviu y el Ministerio de Desarrollo Social, además de socios de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Antofagasta participaron en el Seminario Ley de Financiamiento Urbano Compartido, LFUC, que abordó las potencialidades y desafíos de la legislación vigente desde el año 2003.
Para contextualizar la Ley 19.865 de Financiamiento Urbano Compartido es un sistema mediante el cual los Servicios de Vivienda y Urbanismo y las Municipalidades podrán ejecutar la construcción, mantenimiento, conservación y operación de infraestructura pública a través de la asociación público-privada, a cambio de una contraprestación, que podrá consistir en otorgar a aquellos derechos sobre bienes muebles o inmuebles, la explotación de uno o más inmuebles u obras.
Al respecto la presidenta del Comité de Concesiones de la CChC y expositora en el seminario, Vivian Modak, señaló que la principal potencialidad de la ley es que permite al Serviu y a los municipios proveer de infraestructura pública sin incurrir en gastos de dinero para ellos. Asimismo, permite dotar a la institucionalidad local de un marco regulatorio que facilite alianzas público-privadas para el desarrollo de proyectos, y también incentiva la descentralización en la toma de decisiones en la medida que se ejecuten proyectos de interés local sin la intervención a nivel central.
En el seminario también expuso el gerente de Infraestructura de la CChC Carlos Piaggio, quien ve ampliamente factible el uso de la LFUC para ciudades con brechas de infraestructura en espacio público o áreas verdes como el caso de Antofagasta.
“Esta ley es una herramienta que tiene amplias potencialidades para desarrollar proyectos que disminuyan los pasivos urbanos en las ciudades, y en la medida que tenga un interés público o privado tienen muchas posibilidades de desarrollarse”, indicó Piaggio.
En la misma línea el presidente de la Cámara Regional Andrew Trench, destacó las oportunidades existentes con la ley pudiendo utilizarse como modelo para el desarrollo de proyectos que ayuden a disminuir la brecha de infraestructura urbana, equipamiento, espacios públicos y áreas verdes existentes en la ciudad, sin implicar un desembolso de recursos para Serviu y el municipio.
“La Ley de Financiamiento Urbano Compartido es sin duda una opción para dar factibilidad a nuevos proyectos que mejoren la calidad de vida de los habitantes de Antofagasta mediante la asociatividad público-privada, pero es necesaria más difusión de sus ventajas y potencialidades, y también modificar algunos aspectos que den garantías a las empresas que participan en los procesos de licitación”.
Según Vivian Modak las modificaciones a la ley consisten en que, para algunos proyectos con alta responsabilidad social, como por ejemplo un sitio para los residuos de la construcción, la administración o el Estado disponga de subsidios que rentabilicen el proyecto asegurando su ejecución. De igual modo asegurar mayores certezas en el caso de iniciativas de origen privado respecto al reembolso de los estudios y licitación de estos proyectos que fueron aprobados por Serviu o los municipios para ser desarrollados a través del privado. Y también transparentar la disponibilidad de terrenos donde se puedan implementar factiblemente proyectos enmarcados en esta ley.
LFUC
La Ley de Financiamiento Urbano Compartido fue creada para disminuir el déficit existente en infraestructura urbana, con la idea de seguir el ejemplo de políticas desarrolladas en la década de los 90 al alero de la Ley de Concesiones, la aplicación del marco regulatorio de las empresas de servicios sanitarios y la Ley de Concesiones Portuarias.
