Tras la divulgación de la iniciativa que busca equiparar el aporte que realizan las comunas de mayores ingresos con aquellas donde estos son más escasos, el alcalde de Pirque, Cristián Balmaceda; el concejal de Lo Barnechea, René Barba; el presidente de Fundación Participa, Daniel Ibáñez; y el edil de Curacaví, Juan Pablo Barros, explican por qué la iniciativa carece de peso y cuáles son los problemas de presupuesto reales a los que se enfrentan los municipios actualmente
En varios períodos presidenciales se ha planteado la posible reestructuración del Fondo Común Municipal, y de hecho está semana de nuevo está sobre la mesa de la mano de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. El proyecto, liderado por el subsecretario Felipe Salaberry, sería ingresado durante la primera parte del 2019 y considera aumentar la recaudación municipal y hacer una repartición más igualitaria entre las municipalidades.
En la actualidad, son cuatro las comunas que aportan 65% de sus ingresos al Fondo Común: Las Condes, Vitacura, Providencia y Santiago. El resto, aporta 60%. Y sobre esto, Cristián Balmaceda, edil de Pirque, una de las localidades con menores ingreso per cápita, afirmó que el cambio es algo más que necesario, ya que “hay municipalidades que están saliendo muy perjudicadas y otras muy beneficiadas.El problema es que el parámetro estabilizador utilizado por el Fondo Municipal no se va actualizando a medida que la realidad de las comunas va cambiando, por lo cual existen municipios que siguen recibiendo una cantidad mayor por parte del Fondo, cuando en la realidad ya no lo necesitan. Sin embargo, hay otras, entre las que se incluye Pirque, que siguen siendo de las que menos ingresos reciben, a pesar de que han crecido demográficamente y que su población es de clase baja. En ese sentido, lo primero que hay que revisar es el estabilizador, pues este se debería actualizar cada diez años y eso es lo que no se ha hecho.
Balmaceda agrega que “El cambio que se plantea ahora es que se sume a este aporte de las comunas al Fondo Municipal lo recaudado por concepto de patentes comerciales, lo que liquidaría a las comunas pequeñas, ya que estas se quedan actualmente con el 100% de las patentes comerciales. Por ende, lo que hay que modificar realmente son los parámetros con los que se miden los aportes y también reconsiderar el aporte del Estado al Fondo, el cual sólo llega al 8%”.
Desde el Gobierno se ha explicado que la reestructuración planteada corresponde con el cambio urbano que ha tenido el país y además, con el crecimiento demográfico de las comunas, lo que hace poco viable mantener el bajo porcentaje de pago concentrado en cuatro de ellas. Y en palabras de René Barba, concejal de Lo Barnechea, esta explicación no es suficiente y, por el contrario, deja mucho que desear, ya que el crecimiento de la población debe ser algo considerado desde el principio por la actual Administración. “Por situaciones como ésta es que es importante el rol subsidiario del Estado. Dentro de la nueva política debería estar claramente estipulada la necesidad de las comunas según el tamaño de éstas y sus habitantes. Sin embargo, hoy el Estado no aporta, solo redistribuye. Hay que recordar que esta Ley no se modifica desde su promulgación en la década de los 80”, dijo Barba, quien además es Director Ejecutivo de la Fundación Libertad en Movimiento.
Pero entonces, ¿cómo es posible equiparar el aporte que realiza cada municipio al Fondo Común Municipal cuando los ingresos que tiene cada uno son tan desiguales? En este caso, Daniel Ibáñez, presidente de Fundación Participa, explicó que el problema va más allá de la cantidad de dinero entregado a cada gobierno local, pues se trata de los parámetros utilizados para su distribución. “Los municipios de mayores ingresos deben aportar en mayor proporción al FCM, y la distribución de estos fondos debe tener por objeto la igualdad de ingresos de acuerdo al número de habitantes y la extensión territorial. No es posible que mientras Vitacura cuente con un presupuesto per cápita que supera el millón de pesos, al mismo tiempo comunas como Puente alto tengan un presupuesto per cápita que apenas supera los cien mil pesos, eso es de una injusticia brutal”, comentó.
Ibáñez agregó que “el aporte que realice el Estado a los municipios, más que equipararse, debe distribuirse con criterios de pobreza, extensión territorial y densidad poblacional, buscando entregar mayores recursos en las comunas donde existen mayores necesidades”, manifestó el experto, a lo que agregó: “Nos parece interesante que se abra este debate, sin embargo, la propuesta del gobierno parece aún insuficiente para enfrentar las necesidades de los municipios. Lo ideal sería avanzar en el debate del proyecto de ley de rentas regionales y junto con ello una nueva ley de rentas municipales”.
Por su parte, el edil de Curacaví, Juan Pablo Barros, hizo hincapié también en el problema que significa el bajo aporte del Estado a los gobiernos municipales, resaltando que “Las desigualdades se generan por el ingreso bruto que tiene cada municipio. Por eso, en este caso, aquellas comunas que tienen más ingresos debieran aportar más al Fondo Común que aquellas de menores ingresos, para que así las municipalidades tengan una condición económica más igualitaria y poder evaluar a los gobiernos locales por su gestión y no por los recursos con los que cuentan. Las municipalidades cada vez van recibiendo más atribuciones por parte del Estado, sin considerar el presupuesto asociado para eso, lo que significa que las municipalidades van teniendo más responsabilidades, pero a su vez aumentan el déficit. Lo que se debe considerar es que el Estado haga un aporte mayor, para poder asumir la deuda que tiene con las municipalidades y que así estas puedan ejecutar sus tareas eficientemente”.
