Por: Luis Moncayo M. Director del Instituto de Políticas Públicas de la UCN, sede Coquimbo. Presidente del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) y del Capítulo Regional de la Fundación Chile Descentralizado

El escenario de la denominada modernización tributaria que hasta hace algunos días se perfilaba como el ring de la disputa política entre el Ejecutivo y la Oposición, pareciera que está encaminándose a una racionalidad técnico política que se notaba ausente en las conversaciones iniciales a propósito del proyecto de ley enviado por el Gobierno al Parlamento, haciendo más probable la aprobación de la idea de legislar permitiendo en consecuencia  un debate orientado a un perfeccionamiento de la iniciativa gubernamental y a una negociación política que resuelva las deficiencias y las diferencias en torno a la actual normativa tributaria.

En este contexto, es una buena noticia la anunciada por el Ministerio de Hacienda en el sentido de que habría un acuerdo entre el Gobierno y la oposición por establecer un aporte a las regiones del 1% de los grandes proyectos de inversión (Mayores a 10 millones de dólares) que se ejecuten en estas. Este aporte sería considerado gasto necesario para producir la renta, lo que implicaría que podría ser descontado de las utilidades, incidiendo en una reducción de la base imponible. Si bien es cierto que algunos podrían calificar este aporte de exiguo, nadir negará que es un primer paso, que sería parte del nuevo proyecto de ley que contemplará nuevas fuentes de ingreso para las regiones y que se enviaría al Congreso después de la aprobación del proyecto de ley sobre .modernización tributaria. En síntesis, un resultado de las negociaciones entre las partes.

También es una buena noticia conducente a la potenciación del único producto chileno que tiene una denominación de origen específica establecida por la normativa chilena desde el siglo pasado, la iniciativa de la casi totalidad de los parlamentarios de la región de Coquimbo de impulsar un proyecto de ley que prohíba el ingreso de cualquier destilado peruano que lleve la denominación de pisco.

Sin embargo, llama la atención que el Estado de Chile no haya asumido un rol proactivo para proteger y cautelar que el espíritu de la normativa sobre denominación de origen del pisco se concrete, reconociendo el carácter inherente a toda denominación de origen, es decir, el de una protección basada en la indicación de procedencia, aplicada a un producto alimenticio, asumiéndose que la calidad y características del producto se deben fundamental y exclusivamente al medio geográfico o ecosistémico en el que se produce. Así la DO distingue y protege a los productos que tienen este reconocimiento, lo que necesariamente implica una participación activa del Estado en esta protección como ocurre en todos los países de Europa, cuna de estas denominaciones. En otras palabras el Estado de Chile está al debe en esta materia.

Por otra parte, los productores que se acogen a la DO, se comprometen a mantener la calidad del producto elaborado lo más alta posible, y algunas técnicas básicas de elaboración tradicionales, creando organismos públicos reguladores de la DO que avalan y autorizan dicha calificación con participación de los productores y del Estado (Consejos Reguladores).  En este ámbito los productores de pisco también están al debe ya que después de casi 88 años de existencia de esta denominación de origen aún no existe un Consejo Regulador del Pisco, con el atenuante de que la actual Asociación de Productores de Pisco AG ha impulsado su creación los últimos 3 años con bajo apoyo del Estado.

En síntesis, hay una gran tarea pendiente del Estado no sólo con el pisco, sino con las decenas de productos regionales que con identidad territorial y con sus atributos asociados a sus territorios, microclimas y ecosistemas específicos, en el sentido de impulsar una política pública que promueva estas protecciones legales como las denominaciones de origen y/o las indicaciones geográficas.

Por ello vale recordar que la Comisión Asesora Presidencial sobre Descentralización y Desarrollo Regional, propuso en Octubre de 2014 entre sus 70 medidas consensuadas por todos los sectores participantes en ella “FORMULAR UNA NUEVA LEY DE DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y SELLOS DE CALIDAD,  cuyo contenido incorpore las normas fundamentales del sistema europeo y su nomenclatura, incorpore un sistema de autorregulación que admita que los productores sean fiscalizados por el ente regulador que se cree, estando integrado por representantes de los productores y representantes del Estado”.

¿Que hubo de esta propuesta? ¿Las autoridades pasadas la analizaron? ¿Las actuales autoridades que piensan de ella?  (Ver Punto 6 de las MEDIDAS POTENCIADORAS del Capítulo DESCENTRALIZACIÓN FISCAL Y ECONÓMICA  del Informe denominado “PROPUESTA DE POLÍTICA DE ESTADO Y AGENDA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN Y EL DESARROLLO TERRITORIAL DE CHILE” de la Comisión Asesora Presidencial ya indicada)

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