Por: Gonzalo Vial Luarte. Co-fundador y Director Ejecutivo de Fundación Huella Local
Bien sabemos que el pago de permisos de circulación y contribuciones son una fuente exquisita de recursos para los municipios, representando una parte importante de sus ingresos.
No obstante, al conocer recientemente los resultados de la última versión del Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU), elaborado por el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales y que compara en términos relativos la calidad de vida urbana de comunas y ciudades en Chile, vemos cómo en los primeros lugares se ubican comunas como Vitacura, Las Condes, La Reina y lo Barnechea, mientras que en los puestos más bajos están localidades como La Pintana, Lo Espejo, Angol y Villarrica, entre otras.
Esto no es azar porque existen factores que explican esta inequidad. Uno de los más relevantes es el modelo de recaudación y financiamiento municipal existente, el cual genera enormes asimetrías en las comunas del país. Al pagar permisos e impuestos territoriales, los ciudadanos contribuyen a las arcas municipales, pero ¿quiénes son los ganadores de esta pasada? No es sorpresivo que sean los sectores donde hay un mayor parque automotriz y donde se ubican las viviendas que deben pagar contribuciones.
Ciertamente este panorama no hace más que revelar el abandono a los municipios más pequeños y pobres del país. Pues, si bien existe el Fondo Común Municipal, su redistribución resulta insuficiente para cubrir las responsabilidades que el mismo Estado les ha asignado.
Sólo a modo de ejemplo, y según información del Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) correspondientes al 2018, la comuna de Quinchao sólo obtuvo $33.297 millones de ingresos a partir de los Permisos de Circulación, mientras que Vitacura por el mismo ítem obtuvo $8.099.467 millones. Cabe destacar que Quinchao tiene un porcentaje de pobreza de 40,46%, mientras que Vitacura sólo tiene 0,03%.
Como ha recomendado la OCDE, debemos ir más allá, coordinando y flexibilizando las fuentes de transferencias a los municipios desde los Ministerios y del FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional), estableciendo fines más generales y menos específicos (presupuestos etiquetados) para que se adecuen a la diversidad del territorio, caducando exenciones tributarias, principalmente agrícolas y forestales y, dependiendo del buen comportamiento presupuestario de cada municipio, permitir el acceso a crédito.
Sin esta mirada, los municipios seguirán siendo los hermanos pobres del Estado, mientras la ciudadanía, más aún en lugares apartados, espera de ellos soluciones concretas que, con esta disímil estructura de financiamiento, no llegarán.
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