Por: Luis Felipe Lagos. Investigador CLAPES-UC. Ing. Comercial, Lic. en Economía y Magíster UC y Master of Arts de la Universidad de Chicago
La votación favorable en la Cámara a la idea de legislar, después de un informe negativo de la Comisión de Trabajo, no necesariamente ha llevado a un trámite expedito de la reforma de pensiones. El problema radica en que la discusión se da en dos niveles: el técnico-económico y el político. Si bien los argumentos se entrecruzan, a la hora de llegar a un acuerdo político pareciera ser que lo técnico pierde relevancia.
En el plano económico, el diagnóstico es claro y ampliamente compartido. Las pensiones son bajas debido a: la reducida tasa de cotización; la baja edad de jubilación junto a un aumento de la esperanza de vida; se cotiza por pocos años (lagunas previsionales) y las rentabilidades de los fondos han ido a la baja.
Respecto a las soluciones, existe acuerdo en aumentar -al menos en cuatro puntos- la tasa de cotización, pero no en la edad para acceder a una pensión. Vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida es una idea interesante, pero regresiva, dado que, a mayor ingreso, mayor es la expectativa de vida. Las posiciones también difieren en cuanto a los subsidios o solidaridad (intergeneracional e intrageneracional) que debiera tener el sistema, y en cómo implementarlos.
Para algunos, la solidaridad es sinónimo de reparto, por lo tanto, una fracción de la cotización adicional debieran destinarse para este fin. Sin embargo, esta solución implica un impuesto al trabajo, afectando la creación de empleo formal.
Una alternativa, que otros han propuesto para hacer frente al riesgo de rentabilidad o sobrevida, es un esquema de seguros. Las generaciones “desafortunadas” recibirían este subsidio intergeneracional financiado con impuestos generales y ajustes de gasto, sin afectar los empleos formales.Estos recursos debieran ser devueltos por otras generaciones.
En el plano político, lamentablemente, priman las consignas como la de “Ni un peso + para las AFP” que esgrimió la ministra del Trabajo del gobierno anterior. Consigna que, a su vez, rescata la del grupo “no + AFP”, el cual postula transitar a un sistema de reparto, donde las mayores pensiones se financian con la expropiación de los fondos de las cuentas individuales, y después, para hacer frente al problema de envejecimiento de la población, se eleva sustancialmente la tasa de cotización, lo que no garantiza la sostenibilidad del sistema de reparto y lo expone a un alto riesgo político.
La negociación política es lo único que puede explicar la propuesta del ente estatal que manejaría el 4% de cotización adicional. Argumentos económicos no existen; aún más, esto perjudicará a los cotizantes, ya que deberán pagar una comisión al ente estatal que supuestamente haría el trabajo de recaudación y determinaría las directrices generales para la gestión de la inversión de recursos que licitaría a instituciones privadas, dejando fuera a las AFP. Sería impensable que el ente estatal termine administrando los fondos: obtendría un menor retorno con un alto riesgo de captura.
La discusión económica contribuye a perfeccionar el sistema previsional y, en particular, a mejorar las pensiones. En cambio, en el plano político estamos al debe. Centrar la discusión en la administración de la cotización adicional no aporta al mejoramiento de las pensiones.
Un acuerdo político debiera considerar la discusión económica. Probablemente la mejor solución, que incorpore la inquietud de un administrador estatal, sea la creación de una AFP estatal que compita con las mismas reglas con las AFP actuales.
El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.
