Por: Alejandra Sepúlveda. Directora ejecutiva de ComunidadMujer

Hace pocos días, una de las gigantes de las Telecomunicaciones anunció en Chile que entregará ocho semanas de posnatal masculino, con remuneración completa, a los 1.030 potenciales padres trabajadores de la compañía. Esto es, siete semanas más de lo que estipula la ley que, hasta ahora, obliga al empleador a hacerse cargo de este permiso por el nacimiento de un hijo o hija.

Se trata de un caso excepcional, digno de imitar, en un país donde es difícil pesquisar qué están haciendo las empresas respecto de este descanso legal, actualmente de sólo cinco días, y donde ya sabemos que el Permiso Posnatal Parental (PPP) con cargo del fisco no ha logrado cumplir con una de sus grandes promesas: la corresponsabilidad. La figura de que la madre transfiera al padre un tiempo de su posnatal para estar con el recién nacido se ha transformado en una opción incierta o derechamente imposible: en promedio, al año, se otorgan 100 mil PPP y los traspasados al padre no superan los 224, esto es el 0.23% (SUSESO, 2018).

Esta semana en un Foro Icare el timonel de la Sofofa se preguntaba ¿por qué no se usan más masivamente estos instrumentos? Obviamente hay barreras culturales muy persistentes y difíciles de derribar. Pero hay una cuestión central que cruza toda esta problemática: los derechos que contempla el Código Laboral, vinculados al nacimiento y cuidado de los hijos e hijas, son de titularidad exclusiva de las madres.

Seamos claros: los hombres no tienen derechos de cuidado propios y, con ello, tampoco obligaciones, salvo el limitado permiso de cinco días y el otorgado en la reciente Ley SANNA, en caso de enfermedad grave de un hijo/a menor de 15 años. Y eso es más que un dato de la causa. Quienes sí deciden hacer uso del PPP, terminan perdiéndose en un laberinto de burocracia administrativa que ya actúa como un desincentivo, a lo que se suma el tope de 75,5 UF del subsidio, cuando los padres -más por norma que por excepción- tienen un sueldo mayor al de las madres.

El ministro del Trabajo ha insistido en la corresponsabilidad y la adaptabilidad como ejes estratégicos de la ley de modernización laboral del gobierno, para hacer frente a los desafíos de nuestro aproblemado mercado del trabajo. Nos aqueja, entre otras cosas, la baja productividad y calificación de la fuerza laboral, las bajas remuneraciones, la alta rotación, el crecimiento de los contratos a plazo fijo y de trabajadores por cuenta propia, la también baja participación de los jóvenes y de las mujeres -que está estancada en un exiguo 48,8%-. Y todo removido y tensionado por la irrupción de las tecnologías de la información y la automatización.

Para superar la menor participación laboral de las mujeres, la fórmula más inmediata es aprobar la reforma a la Ley de Sala Cuna, aún hoy en la Comisión de Trabajo del Senado. Lo cierto es que esta normativa, permitirá equiparar costos de contratación y solucionar, en parte, la brecha salarial de género. Pero repite el mismo esquema: son las madres trabajadoras las titulares del beneficio. Por eso ComunidadMujer, en conjunto con las organizaciones ChileMujeres y Mujeres Empresarias, propusimos a las autoridades una indicación para, al menos, acercarnos a lo que hoy sucede en el sector público: que tanto el padre como la madre trabajadora/or puedan acordar quién hace uso de la sala cuna para sus hijos/as menores de dos años. Más corresponsabilidad real y no en el papel.

Otro asunto para destrabar es el valor del beneficio, tras el acuerdo entre gobierno y oposición de suprimir el copago. Al respecto, nuestra institución propone definir un piso mínimo de estándares para las salas cuna y calcular un factor de asignación que permita distribuir los recursos tomando en consideración las diferencias de costos de vida en cada región, de manera justa y equilibrada. Las diferencias al alza o a la baja serían sustentadas por el Estado, reforzando su rol como garante de derechos sociales y poniendo un punto en la tan postergada regionalización.

Hoy más que nunca es necesaria la construcción de acuerdos para aprobar este proyecto, que reanuda su discusión el miércoles. Una reforma urgente que ya ha esperado más de una década y no resiste una postergación más. No nos olvidemos de que, si se incorporan al mundo laboral 900.000 mujeres, que por diversos motivos hoy no están trabajando, tendríamos un incremento cercano al 6% del PIB. Pura ganancia.

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