Pero solo dos han llegado a destitución en el Senado, y ambas han sido de ministros de Educación. Las restantes han sido desestimadas por “cuestión previa”, osea por no estar presentadas de forma correcta, cumpliendo los requisitos formales fijados en la Constitución

Sin duda que esta semana el tema que marcó pauta fue la propuesta de acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, la que pasadas las 20 horas de hoy fue rechazada por 77 en contra y 73 a favor, además de 2 abstenciones. Pero lo cierto es que esto no es nuevo para los legisladores, ya que en abril del 2008, Yasna Provoste, entonces ministra de Educación del Gobierno de Bachelet, fue destituida de su cargo luego que el Senado acogiera la acusación constitucional presentada en su contra por la Cámara de Diputados.

Posterior a la destitución de Provoste, la Cámara de Diputados ha debido pronunciarse frente a 11 acusaciones constitucionales contra ministros de Estado, del Poder Judicial y autoridades regionales; pero de ellas, solo una logró pasar a la segunda etapa en el Senado, siendo Harald Beyer, también ministro de Educación (del primer gobierno del Presidente Piñera), quien fue destituido de su cargo en abril de 2013 por la negligencia a la hora de fiscalizar el lucro en la educación superior.

Salvados por “cuestión previa”

En agosto de 2011 y en mayo de 2012, los diputados debieron pronunciarse frente a las acusaciones en contra del ministro de Interior de Sebastián Piñera, Rodrigo Hinzpeter. En la primera de ellas se le imputó una infracción a la Constitución por no haber permitido una manifestación convocada por estudiantes, no garantizar el orden público y haber ordenado a Carabineros que impidiera una actividad lícita como una marcha pacífica de estudiantes y profesores.

La segunda acusación era “por haber abusado notoriamente del poder que, en tanto Ministro del Interior, detenta mediante actos que han implicado dejar leyes sin ejecución e infracción de derechos constitucionales”, durante las manifestaciones ocurridas en Aysén, en febrero y marzo de este año, y a consecuencia del accionar de Carabineros.

En ambos casos, la Sala de la Cámara acogió la llamada “cuestión previa” presentada por el ministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter, a través de sus abogados, por lo que se entendió por no presentado el libelo acusatorio.

Una situación similar vivió la ministra de Justicia de la presidenta Michelle Bachelet, Javiera Blanco, quien en septiembre de 2016, fue acusada como responsable por la situación del Servicio Nacional de Menores y por el otorgamiento a algunos funcionarios de Gendarmería de aumentos en sus remuneraciones para obtener una pensión de retiro o jubilación mayor y por incidir ilegalmente en nombramientos irregulares de funcionarios de Gendarmería para fines ajenos a la institución, infringiendo el principio de probidad

En dos días de sesiones seguidas, en ambos casos la Cámara acogió la “cuestión previa” y dio por no interpuestas las acusaciones en contra de la Secretaria de Estado.

En julio de 2010, la Sala de la Cámara debió pronunciarse frente a la acusación en contra de la intendenta de Atacama, Ximena Matas, y el gobernador de Copiapó, Nicolás Noman, por infringir la Constitución al enviar un oficio que incluía un anexo donde se requería a seremis y gobernadores que recabaran antecedentes sobre la militancia política y las eventuales actividades y sindicales de los funcionarios públicos de la Región de Atacama. Para los promotores de la acusación, esta era una acción que vulneraba el principio de probidad y las garantías constitucionales de libertad de asociación, igualdad ante la ley, libertad de expresión y el debido proceso, además de violar el estatuto funcionario y las normas que rigen a los intendentes. Sin embargo, en la sesión la Sala aprobó la “cuestión previa” y no se entró al fondo de la acusación, por lo que esta se entendió por no presentada.

En septiembre de 2014 la Cámara rechazó la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema Héctor Carreño, a quien los acusadores responsabilizaban de haber omitido información sobre casos de abusos contra niños que dependían del Servicio Nacional de Menores (Sename).

En diciembre de 2015, la ministra de Salud de Michelle Bachelet, Carmen Castillo, fue acusada por el incumplimiento de dar respuestas al oficio de la Cámara de Diputados en el contexto de la Interpelación parlamentaria (fue interpelada el 30 de septiembre); graves problemas de gestión hospitalaria en el sector público de salud; dejar sin ejecución las leyes en el caso de las garantías explícitas en salud, en especial la garantía de oportunidad; y la inejecución de la ley que crea un Fondo de Medicamento de alto costo.

La Sala de la Cámara aprobó la “cuestión previa” por lo que no se entró al fondo de la acusación. Lo mismo ocurrió en junio de 2018 con la acusación presentada contra el ministro de Salud de Sebastián Piñera, Emilio Santelices, pues a juicio de diputadas de oposición, el secretario de Estado habría infringido la Constitución y las leyes tras haber redactado un protocolo que permitía a las clínicas ser objetoras de conciencia y continuar recibiendo recursos del Estado.

El último caso fue el de los jueces de la Corte Suprema Hugo Dolmetsch, Manuel Valderrama y Carlos Künsemüller. La acusación se justificaba en la responsabilidad constitucional por haber faltado de manera grave o notable al deber de realizar un control de convencionalidad al momento de resolver un conjunto de recursos de amparo que fueron interpuestos por condenados por delitos de lesa humanidad, dejando a estos en libertad condicional y haber facilitado la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. En este caso, si bien se rechazó la cuestión previa, en la votación del fondo y el análisis de los cargos en contra, la Sala rechazó la admisibilidad de la acusación.