Por: Patricio Silva R. Médico especialista en salud pública de la Universidad de Chile y Ex Subsecretario de Salud durante el gobierno del Presidente Patricio Aylwin. Actualmente es Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central y Presidente de la Corporación de Investigaciones Sociales
La situación actual del país nos exige a todos detenernos un momento a reflexionar y a tomar conciencia. No debemos caer en el simplismo de solo condenar los hechos de destrucción de bienes públicos o privados, que por cierto son inaceptables, sino que debemos preguntarnos por cuáles pueden ser las razones que están a la base de estas situaciones. Como en todo fenómeno social las causas son múltiples, y que sean los más jóvenes quienes inicien las manifestaciones es esperable, pues una juventud conforme es una juventud enferma, y la sociedad a la que pertenece se desintegra.
Ha quedado al descubierto la inequidad profunda que tenemos en el seno de nuestra sociedad, como consecuencia del neocapitalismo sin contrapeso que se impuso en nuestro país durante el régimen militar. De acuerdo al ideario humanista, laico y democrático al que adhiere CISO, estamos de acuerdo con la necesidad de impulsar el crecimiento económico sobre la base del trabajo de unos y otros, el que siempre dignifica al hombre. Pero tal impulso debe darse respetando y perfeccionando los derechos de las personas, contemplando e incluyendo una remuneración justa, horarios de trabajo razonables, y condiciones laborales adecuadas, seguras y dignas. Lo anterior solo se logra con la participación activa del Estado, a través de leyes y normas que lo vayan garantizando. Recordemos que tuvo que ser por ley, durante el pasado siglo, la imposición a los empleadores de proveer una silla a sus trabajadores del comercio, como también por ley la limitación de una jornada laboral no explotadora, adenás de el derecho a vacaciones.
La necesidad de un Estado fuerte, que a través de sus Instituciones dicte leyes y regulaciones, y la de los ciudadanos de respetarlas y cumplirlas, requiere de más democracia, la cual requiere a su vez de mejor educación y, a paso seguido, del comportamiento ético de todos. Es inaceptable la corrupción a todos los niveles, pero es mucho más grave si se trata de dirigentes políticos. La política es una tarea noble que debiera ser ejercida por ciudadanos que sirvan al Estado y no que se sirvan de él.
Las aspiraciones legítimas de la gente deben ser satisfechas con políticas sociales adecuadas, elaboradas sobre la base de investigaciones científicas, realizadas por universidades, que no respondan a intereses particulares de ninguna naturaleza, las que por cierto tendrán mejores resultados que las que se realicen sobre la base de impresiones o sentimientos.
Para lograr las condiciones básicas para ello, se requiere de un pacto social entre todos los actores, en que los empresarios se conformen con ganancias razonables, que paguen todos los impuestos sin evadir ni eludir, y remuneren a sus empleados en forma justa. Los trabajadores, a su vez, se comprometen a trabajar con eficacia y eficiencia, capacitándose y cumpliendo a cabalidad sus obligaciones. Por su parte, el Estado se compromete a aplicar las leyes legítimamente dictadas con eficacia y rigurosidad, a castigar con fuerza y sin distinción de privilegios a los que no las cumplan, sin «perdonazos» a los poderosos.
Es fundamental, que avancemos en ponernos de acuerdo para lograr un sistema de salud justo para todos, una educación con exigencias de calidad para todos, un sistema de pensiones justas y dignas, construcción de viviendas dignas, con plazas y áreas verdes para todos, y muchas otras condiciones que en pleno siglo XXI son absolutamente necesarias, y ampliamente anheladas. Debemos sacar lecciones de lo que está ocurriendo, no limitarse a condenar los actos delictuosos, y poner en marcha con urgencia un gran pacto para un nuevo contrato social.
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