Tras reunirse con el Presidente Piñera, el director ejecutivo de la organización internacional para las Américas, José Miguel Vivanci, dio a conocer a la opinión pública documento que recoge, tras dos semanas de investigación en terreno, las denuncias surgidas durante las manifestaciones sociales que afectan a diversas regiones del país

“Miembros de la policía nacional de Chile (Carabineros) cometieron graves violaciones de derechos humanos”. Así comienza el informe de Human Rights Watch (HRW) que fue revelado durante la jornada de hoy, luego que el director ejecutivo para las Américas, José Miguel Vivanco, se reuniera con el presidente Sebastián Piñera en La Moneda.

Hace dos semanas la comitiva llegó al país para investigar en terreno las denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de las manifestaciones sociales que comenzaron el pasado 18 de octubre.

Para ello, los integrantes de HRW entrevistaron a más de 70 personas en Santiago y Valparaíso, entre víctimas, carabineros, médicos, abogados, académicos, representantes de la sociedad civil. Además, se reunieron con altas autoridades de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía Nacional, la Defensoría Penal Pública, Carabineros y los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior, Defensa y Justicia.

En primer lugar, en el informe aseguran que “existe evidencia sólida de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y transeúntes” y que “hay pruebas consistentes que Carabineros utilizó la fuerza de manera excesiva en respuesta a las protestas e hirió a miles de personas, con independencia de si habían participado en hechos violentos o no”.

Sin embargo, aclaran que hubo “algunos grupos que cometieron graves actos de violencia, como ataques a carabineros y a comisarias con piedras y bombas Molotov, saqueos y quema de bienes públicos y privados”.

En el informe, además, se realizó una exposición detallada respecto del uso de “indiscriminado e indebido” de armas de fuego por parte de Carabineros, mientras que en otro capítulo también se dio cuenta de las denuncias por maltratos, abuso sexual y tortura por parte de uniformados a manifestantes.

Igualmente, el informe califica de “insuficiente” la rendición de cuentas internas en Carabineros, al mismo tiempo que considera “extenuantes” las condiciones de trabajo a las que están sometidos los funcionarios. Del mismo modo, se refiere a la violencia que han ejercido los manifestantes en contra del personal policial.

Con todo lo anterior, el organismo llegó a la conclusión que se necesita una reforma policial urgente, debido a los graves abusos cometidos durante las detenciones y el uso excesivo de la fuerza utilizado tanto contra manifestantes como transeúntes.

Recomendaciones de la HRW

• Revisar las facultades de detención por control de identidad de los carabineros para que haya garantías contra el uso arbitrario de la facultad de interceptar y detener personas y que haya rendición de cuentas por su uso.
• Asegurar que existan mecanismos internos de control para investigar y sancionar abusos y el uso indebido de armas menos letales por parte de Carabineros.
• Reformar el sistema de disciplina de Carabineros para que las decisiones disciplinarias las adopte una autoridad que no esté en la cadena directa de mando de la persona implicada, y cerciorarse de que el personal que trabaja en asuntos internos no tenga que trabajar con aquellos a quienes ha investigado o sancionado, ni quedar subordinado a ellos.
• Adoptar un protocolo junto con las autoridades de salud para que los detenidos sean sometidos a revisiones forenses independientes, que no se realicen frente a carabineros y ocurran a una distancia en la que no puedan ser escuchados.
• Hacer cumplir la prohibición vigente sobre desnudamiento de detenidos en protestas y sancionar a aquellos que continúen con esta práctica.
• Instalar cámaras en todas las áreas de todas las comisarías, tomando medidas para garantizar la privacidad de los detenidos, y establecer un sistema de almacenamiento de grabaciones que pueda ser empleado por autoridades judiciales o de otro tipo.
• Suspender cualquier uso de perdigones —no solo durante manifestaciones— hasta que autoridades idóneas e independientes realicen un estudio adecuado de todos sus riesgos.
• Estudiar el uso de equipos menos letales alternativos que minimicen las lesiones.
• Reforzar el entrenamiento de todos los carabineros relacionado con armas menos letales para el control de manifestaciones, incluidas las Fuerzas Especiales, entre otras.
• Cerciorarse de que los carabineros cuenten con equipos de protección adecuados, tiempo de descanso y remuneración de horas extra.

 

Controversia: Toque de queda y peligrosidad de perdigones

El informe señala que detectó discrepancias en la cifra de detenidos durante las protestas sociales a partir del 18 de octubre.

Según datos oficiales de Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 6.972 personas fueron detenidas formalmente. Sin embargo, la información a la que logró acceder el HRW indica que se llevaron a cabo más de 15 mil detenciones.

Además, constataron que funcionarios de Carabineros “retuvieron” a otras dos mil personas por incumplimiento del toque de queda, un hecho sobre el que HRW hace otro alcance.

Por un lado, el informe reconoce que en el derecho chileno hay cierto margen de interpretación con respecto a la facultad policial de retener a una persona que haya incumplido el toque de queda, varios juristas indican que los carabineros no pueden sancionar con detención, sino con multas. Por lo anterior, el informe señala que aquellas personas que fueron detenidas en medio del toque de queda fueron víctimas de un “arresto arbitrario”.

En relación al uso de perdigones para dispersar a los manifestantes en las protestas, el informe señala los altos mando de Carabineros no habrían informado los mandos medios y bajos la peligrosidad de estas municiones.

En una entrevista realizada a un capitán, este manifestó que es “muy difícil que un perdigón atraviese la ropa, incluso si [si se dispara] de muy cerca”, y un cabo señaló que era “imposible que causen daño ocular grave”. Esto da cuenta de la poca información que tendrían los uniformados que están en la calle y usan este tipo de armamento.