El próximo 12 de diciembre la Cámara de Diputados votará la acusación constitucional en contra del presidente de la República de acuerdo a lo informado por el diputado DC Daniel Verdessi, quien preside la instancia legislativa

Sebastián Piñera Echeñique pasará a la historia de Chile como el cuarto presidente de la República en enfrentar una Acusación Constitucional, pues su nombre se sumará al de Manuel Montt, Carlos Ibáñez del campo y Arturo Alessandri, quienes en el pasado se vieron enfrentados a esta instancia legislativa con distintos resultados.

El escenario que enfrenta hoy Sebastián Piñera es complejo, ya que la presentación formal de un grupo de parlamentarios del Frente Amplio, PS, PPD, Regionalistas y Comunistas se sustenta en la supuesta violación de Derechos Humanos de forma permanente durante el estallido social iniciado el 18 de octubre pasado.

La defensa de Piñera, a cargo del abogado Juan Domingo Acosta, entregó ayer por la noche un documento de más de 150 páginas, donde explican que la acusación no puede ser admisible por diversas razones en base a tres ejes: político, jurídico y legislativo.

En lo político, abordar el aspecto discursivo del Gobierno y de los parlamentarios oficialistas ante la acusación; en el jurídico, a la defensa desde el punto de vista legal; y en el legislativo, a distintas “tratativas” con la oposición para evitar que la acción tome fuerza.

De esta forma, el texto explica en primera instancia que la acusación no cumpliría con uno de los requisitos mínimos de ser una acción de carácter excepcional o de última ratio. También destacan que la medida vulnera el debido proceso, porque se funda en hechos que aún están siendo investigados.

Por otra parte, se resalta que la acción impulsada por diputados opositores solo procede por actos, ya que a juicio de la defensa una acusación constitucional solo puede proceder por actos imputables y no cometidos por terceras personas.

También señalan que la acusación corresponde a un abuso del derecho, ya que pretende revisar el mérito de la declaración del Estado de Emergencia, enfatizando que a los otros poderes del Estado les está prohibido pronunciarse sobre el mérito de la declaración que realiza el Presidente.

Durante la próxima semana, la Sala de la Cámara de Diputados escuchará los argumentos de la defensa de Piñera, tras lo cual se votará la “cuestión previa”. Si dicha instancia es rechazada, la acusación pasará a votación en el hemiciclo, donde se requiere mayoría simple es decir 78 votos. Hoy de los 155 diputados en ejercicio, 83 se definen de oposición al Gobierno.

Finalmente, en el Senado -que actúa como jurado- la acusación se aprueba con dos tercios de los 43 senadores en ejercicio, es decir 29 debieran manifestarse a favor, pero sólo 23 se identifican como oposición.

El mecanismo de acusación constitucional se encuentra establecido en los Artículos 52 y 53 de la Constitución Política de la República, que determina atribuciones exclusivas para cada una de las Cámaras, y está regulada también en la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y en sendos reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado.

Vale recordar que el 19 de noviembre de 2019, un grupo de once diputados de oposición presentaron la acusación contra el presidente Sebastián Piñera. Los firmantes de dicha acción Carmen Hertz y Camila Vallejo (PCCh), Jaime Naranjo y Emilia Nuyado (PS), Jorge Brito (RD), Claudia Mix (Comunes), Tomas Hirsch (PH), Esteban Velásquez (Federación Regionalista), Carolina Marzán (PPD), Gael Yeomans (CS) y Vlado Mirosevic (PL).

Abogado Defensor

Juan Domingo Acosta Sánchez, es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Durante su carrera profesional ha sido socio en diversos estudios jurídicos, especializándose en materias penales de alta complejidad. En enero de 2013 formó Acosta & Asociados.

El profesional, que fue socio de Alberto Espina (actual ministro de Defensa) durante el año 2007 representó al presidente Piñera en el caso LAN. Asimismo, actuó como defensor de Bancard, el family office del Mandatario, en la causa por la compra de acciones de la pesquera peruana Exalmar.

Acosta es y ha sido profesor de pregrado y postgrado en varias Universidades, entre las que se encuentran la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Andrés Bello y la Universidad del Desarrollo.