Por: Nicolás Bravo R. Fundación Chile Descentralizado
La ajetreada semana del 18 de octubre en la capital parecía ser otra más de tantas que han caracterizado las manifestaciones estudiantiles en sus diferentes formas. Esta vez, la modalidad de evadir el pasaje del Metro de Santiago implicaba un importante golpe al funcionamiento del principal medio de transporte público santiaguino. ¿Y en las regiones qué pasaba? Bien poco la verdad, considerando que el transporte urbano de trenes dentro del resto del país es casi inexistente salvo por las experiencias del Gran Valparaíso y el Gran Concepción.
Pero como bien sabemos el estallido social tiene un carácter nacional, aunque sus orígenes estuvieron en Santiago. Es decir, tuvo un origen centralista que se expandió por el resto del país con prácticas similares: masivas y familiares manifestaciones, así como también vandalismo, destrucción y saqueos.
Su cara buena y su cara mala, todo exportado desde Santiago al resto del país. ¿Las demandas? Variopintas, aunque en general transversales a todo el territorio. Sin embargo, no quiero dejar pasar lo paradójico del origen del estallido y sus consecuencias: el alza del pasaje del Metro de Santiago, transporte público de excelencia que solo está presente en la capital nacional y que fue fuertemente vandalizado con estaciones que recién podrán volver a funcionar el próximo año.
Mientras tanto, el transporte público regional, como sabemos, está a años luz de la eficiencia, calidad y ecología del Metro santiaguino. Aunque mirando el vaso medio lleno, el transporte público regional no sufrió mayores daños por el vandalismo y no tiene el problema endémico capitalino de la evasión, especialmente en el Transantiago y sus escandalosos déficits financieros que se arrastran desde su nacimiento.
En efecto, lo bueno, lo malo y lo feo de Santiago se replicó en regiones. Y ahora, en los momentos que se busca una salida política a este gran problema que apuntan al proceso constituyente, las soluciones parecen seguir la misma lógica centralista. Una propuesta de listas nacionales para elegir a los asambleístas o comisionados constituyentes realizada por la UDI y con cierta acogida transversal es solo un botón de muestra de cómo la representación regional puede verse afectada en este proceso.
Es por ello que no se debe perder de vista la oportunidad que enfrenta el país en momentos que se habla de rediseñar su ordenamiento institucional mediante una nueva Constitución.
Si hay consenso en el centralismo que afecta el país, esperamos que la nueva Carta Magna contenga disposiciones que disminuyan este problema. Declarar el Estado de Chile como “unitario y descentralizado” puede ser una buena declaración de principios para comenzar a abordar el tema. Mayores atribuciones para las regiones y comunas aprendiendo del ordenamiento institucional de países desarrollados descentralizados deberían ser los lineamientos que guíen la nueva Constitución que Chile se quiere dar. No desaprovechemos este momento histórico que vive el país para avanzar hacia un Chile descentralizado y desarrollado.
El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.
