Por: Christian Struve. CEO de Fracttal
El 1 de diciembre de 2019, un accidente de bus ocurrido en Antofagasta dejó un saldo de 21 víctimas fatales. El 21 de agosto de 2019, la falla de dos ascensores en el centro de Santiago dejó un saldo de 7 lesionados, sin víctimas fatales que lamentar. En julio de 2019 ocurrió el desplome de un ascensor en una torre residencial en Las Condes en el que, afortunadamente, no se registraron lesionados ni víctimas fatales.
El mal funcionamiento de estos activos no puede ni debe tomarse a la ligera en ninguna circunstancia. Si bien, la mayoría de las veces estas fallas pueden ocasionarnos un simple retraso o un mal rato, existen las excepciones lamentables donde el saldo de lesionados y víctimas fatales sí que encuentra su camino hasta las noticias.
Nuestras actividades cotidianas y muchas veces nuestras vidas dependen, figurativa y literalmente, de estos activos físicos. Dirigirnos a nuestros lugares de trabajo o estudio, hacer un paseo familiar o tomar unas vacaciones implica, en la gran mayoría de los casos, el uso de ascensores y diferentes medios de transporte público. Se estima que, por ejemplo, sólo el Transantiago suple servicio de transporte a 5.986.949 usuarios al día, aproximadamente. Esto sin contar rutas interurbanas, metro y otros medios alternativos de transporte público.
Lo habitual, mientras hacemos uso de estos servicios, es preocuparnos de completar a tiempo nuestro recorrido, o bien, de seguir la ruta y dirección correcta. Pero ¿nos detenemos alguna vez a pensar en los esquemas y servicios de mantenimiento a los que deben ser sometidas estas unidades? La respuesta es no, y es de esperarse; no es responsabilidad de los usuarios controlar el tiempo transcurrido desde el último servicio de mantenimiento, ni mucho menos fiscalizar su cumplimiento o mitigar el desgaste por uso al que se encuentran sometidos constantemente estos activos físicos.
Sin embargo, y a pesar de no ser su responsabilidad, acceder a esta documentación de manera pública debería formar parte de la lista de derechos del usuario y consumidor, pues de ello depende tener un sentido mucho más claro de la relación existente entre la confiabilidad de estos activos físicos y la propia seguridad personal, bien sea al momento de subir a un ascensor, o de emprender un viaje haciendo uso del transporte público.
¿Quién nos puede garantizar el buen estado y funcionamiento del avión, el metro, el microbús, el ascensor, las escaleras automáticas o cualquier activo que usemos de manera rutinaria? ¿Alguien controla que se realicen las tareas de mantenimiento correspondientes? ¿O el uso de repuestos adecuados? Y más aún, a la hora de saldar cuentas ¿quiénes son los responsables legales cuando ocurren estos accidentes?
Personalmente creo que democratizar el acceso a esta información, es una manera efectiva de ofrecer al usuario el poder de auditar la calidad de un servicio, basándose en la rigurosidad con que se cumplen los esquemas de mantenimiento requeridos. Diseñar soluciones digitales en las que esta información esté disponible al alcance del ciudadano, puede ser uno de los mecanismos adecuados para hacerlo posible.
Mejorar la cultura de gestión de riesgo, pasa por comprender la estrecha relación existente entre los conceptos de gestión de mantenimiento, confiabilidad y seguridad del usuario. En tal sentido, el dominio público de documentación referente a las certificaciones y esquemas de mantenciones y supervisiones, debería ser un requisito obligatorio para que dichas unidades puedan seguir funcionando, así como para determinar las causas y establecer responsables ante eventuales accidentes por mal funcionamiento.
¿Cómo ciudadano, no te gustaría tener el poder de conocer previamente el estado de la mantención de un activo como un bus, ascensor, avión, habitación de hospital, etc. y con esa información decidir si usarlo o no? En esta era de transformación digital tenemos la tecnología que lo hace posible.
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