Por: Diego Durán T. Administrador Público, Magíster en Gobierno y Gerencia Pública. Académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chile

La llegada de Víctor Pérez, al Ministerio del Interior ha significado un endurecimiento de la postura del poder ejecutivo respecto al conflicto en La Araucanía.

En específico el titular de la cartera ha señalado en sus múltiples apariciones, la presencia en dicha zona de grupos terroristas, lo cual supone la existencia de una estructura de combate regular, con entrenamiento paramilitar y financiamiento suficiente para la subsistencia de personas y realización de distintas acciones operativas que atenten contra la seguridad nacional.

Independiente del análisis que se podría suponer de lo “conveniente” que sería para un gobierno con un país sumido desde hace casi un año en una crisis política, a la cual se suma la agudización de las problemáticas sociales y económicas a raíz de la pandemia del COVID-19, de la búsqueda de un “enemigo interno” que podría generar la colaboración de distintos sectores sociales y/o políticos en dicha causa. Es necesario señalar que la política de la “mano dura” que desea implementar este gobierno en La Araucanía, podría suponer un fracaso rotundo no solo en materia de seguridad, sino que también respecto a elementos políticos y sociales.

Haciendo un paralelo a nivel de la región, y en base a la experiencia del combate contra el crimen organizado, en países tales como: Colombia, Honduras, México y El Salvador, en cuyos casos se apunta directamente a la acción de estos estados como precursores de una escalada de violencia que ha cobrado miles de víctimas inocentes en medio de sus respectivos conflictos, podemos argumentar que la generación de una política de militarización y confrontamiento directo entre las fuerzas policiales chilenas y las comunidades indígenas, podría significar no solo bajas militares y/o civiles entre estas partes supuestamente confrontadas (y digo supuestamente porque a todas luces la capacidad de acción y/o respuesta no sería equivalente), sino que también afectar a otros que rodean la zona de conflicto y sin relación alguna con el mismo, causada por organismos del Estado, lo cual constituiría violaciones a los derechos humanos o en su defecto por grupos particulares de personas, lo cual podría significar la ocurrencia del inusual fenómenos de violencia política en nuestro país.

Por otra parte, la política de confrontación directa, de la mano con el discurso de un enemigo común, puede generar un fenómeno que ya se ha manifestado recientemente por ejemplo en Curacautín, que es la presencia de civiles armados, que deliberadamente y a raíz de la inacción y/o complicidad de organismos policiales pueden efectuar ataques a otros grupos de la población civil, en base a características de carácter étnico, amparados bajo la figura de colaborar con la erradicación de supuestos elementos subversivos, que alterarían la tranquilidad pública. Este tipo de situaciones, podría ser el inicio de una crisis racial en la región de La Araucanía que termine en una serie de enfrentamientos callejeros entre distintos grupos de ciudadanos en base a una identificación cultural, lo cual podría debilitar no solamente la institucionalidad vigente, sino que la figura del Estado de Derecho en dicha área.

A su vez, la senda del endurecimiento de la postura de la cartera de interior respecto al cuestión del pueblo mapuche significaría la posibilidad de volver a los tiempos más duros en democracia del conflicto. En específico de los años 2000, donde la muerte de 11 comuneros en menos de diez años y las condenas en base a la ley antiterrorista a personas que posteriormente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró improcedentes y un atentado a la dignidad de dichos, sacudieron a la opinión pública nacional e internacional, mostrando ante el mundo el fracaso de una política que más solucionar la problemática no hizo más que profundizar la fractura entre el Estado y las comunidades de dicho pueblo originario.

Chile, ya intentó una política de “mano dura” ante este escenario, que, a la vista de los resultados pasados y proyecciones futuras, está condenada al fracaso y no solo eso, sino que exacerbaría los efectos de un conflicto que lleva más de 500 años.

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