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[Opinión] El camino para resolver el conflicto entre el Pueblo Mapuche y el Estado de Chile

Por: Diego Ancalao G. Presidente Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena


Esta pregunta me la han planteado en reiteradas ocasiones. Sin embargo, quienes lo pueden resolver no les gusta mi respuesta, porque ella requiere un reconocimiento profundo, que no están dispuestos a asumir. Y, hoy se escandalizan de las consecuencias que ellos mismos sembraron.

Algunos hipócritas rasgan vestiduras buscando a los culpables inmediatos. Por los tiempos violentos que vivimos, con una huelga de hambre de hermanos encarcelados, el Machi Celestino al borde de la muerte y el “fallecimiento” de dos hermanas mapuche en Ercilla, que nos hace recordar el asesinato de Macarena Valdez, el crimen alevoso de Camilo Catrillanca y el werken Treuquel.

Si bien la respuesta es compleja y requiere comprender el génesis del “conflicto”, lo primero que debo afirmar a ese grupo gobernante, es que han demostrador que “La cobardía moral no sostiene la democracia ni logra la paz”.

La profunda crisis moral de Chile no se resuelve con un simple maquillaje, ya que es un problema estructural en que los arquitectos y administradores del Estado prometieron a todos el derecho a la vida y a la libertad, y que todos los hombres y mujeres serian iguales ante la ley. Es obvio que esta ha sido una promesa incumplida para los ciudadanos Mapuche y para el Chile postergado, que jamás ha tenido igualdad.

Por eso, hablar del “conflicto” mapuche, Re we lelay tati (eso no es así no más). La mitad del camino para resolver un problema, es saber plantearlo correctamente.

Para ello, aclaremos que la deuda histórica parte con la violación que realiza el Estado del tratado Trapigue. Este documento oficial, firmado en el gobierno de Ramón Freire el año 1825, reconoce la nación Mapuche y establece el río Biobío como límite. A tal punto fue así, que se solicitaba a los chilenos, pasaporte para entrar a la nación vecina, al Wallmapu.

En efecto, en 1862 el ejército chileno conquistó Angol y en 1866 el Congreso aprobó una ley que despojó de sus territorios a los Mapuche. Con la autorización de una norma espuria, sacó esas tierras a remate público “otorgándoles” a las familias Mapuche “títulos de merced”. Y, en 1868, se aprobó otra ley, que estableció el presupuesto necesario para llevar a cabo la ocupación militar de toda La Araucanía.

Esta usurpación ignominiosa deja al pueblo Mapuche sin su ganado y reducidos a un 5% de sus tierras (536 mil hectáreas), muy lejos de los 10 millones que poseía originalmente. El Congreso tiene, en consecuencia, una gran deuda con nuestro pueblo. Han descansado en una impunidad absoluta, sin voluntad de resarcir los graves daños que provocaron.

Los inmigrantes europeos recibieron miles de hectáreas a título gratuito de parte del Estado, esas tierras, eran (y son) mapuche, y se transformaron en un poder económico y político, que acuñó un discurso que permitió la expoliación de nuestras tierras. El Mercurio, que suele ser la versión fidedigna de la “verdad oficial”, señalaba el 11 de mayo de 1859, sobre los Mapuche que, “… mientras que su inteligencia ha quedado a la par de los animales de rapiña, cuyas cualidades posee en alto grado, no habiendo tenido jamás una emoción moral”.

Esa visión racista y xenófoba se ha arrastrado hasta el presente. Los hechos demuestran que la persecución a los Mapuche no terminó con la política del genocidio en 1881, sino que continuó hasta hoy con la arremetida de las grandes forestales, los empresarios agrícolas, las mineras y las empresas hidroeléctricas.

Pongamos las cosas en su lugar. El disturbio y la protesta son el lenguaje de los excluidos y de los no escuchados (MLK). Por ello, no aceptamos que vinculen una causa de derechos políticos colectivos, con hechos de violencia. No podemos aceptar que las acciones sociales de reivindicación política, sean tratadas como actos terroristas.

Para un diálogo real de paz, es necesario eliminar las condiciones que producen violencia, comenzando por la militarización que establece un Estado incapaz de resolver un conflicto históricamente larvado. Por otro lado, hay que terminar con la pobreza ocasionada por la usurpación, lo mismo que aquella violencia ocasionada por un manejo comunicacional discriminatorio y unilateral.

Se necesita una restructuración de la arquitectura del Estado y no una simple modificación a un departamento social. Esto quiere decir, crear las instituciones e instrumentos que permitan no solo la participación política de los pueblos originarios en el Estado, sino también un estatuto de autonomía territorial indígena. Estoy hablando de la efectiva restitución de los territorios y compensación de aquellos otros que no se puedan devolver. Junto a ello, deben restituirse los derechos colectivos políticos, económicos y culturales.

En consecuencia, la única forma de resolver este conflicto es un nuevo Parlamento, como el que se conformó en Tapihue. Allí, el pueblo Mapuche, con todas sus expresiones, se sentó a parlamentar con el poder Estatal pleno. En ese escenario, debe resolverse esta controversia, no solo por el bien de nuestro pueblo, sino por el bien de Chile. Un país desvivido, que se segmenta en clases de primera y segunda, ya no es viable. Un país que no es capaz de reconocerse como mestizo o indígena, no tiene destino.

Finalmente, la conquista de la libertad debe ser eminentemente radical y profundamente pacífico. Nuestra posición moral no es de izquierda ni de derecha, es orgullosamente Mapuche. Por lo tanto, nuestra petición de derechos, es inseparable de los derechos de la ñuke mapu. Nuestra sobrevivencia como especie humana, depende de esta comprensión esencial.

Las voces de nuestros antepasados guerreros nos dicen que las mentes y espíritus fuertes, rompen las cadenas de la exclusión. Para eso vinimos, para derrotar a quienes han usado el poder contra los humildes. Como lo dijo mi antepasado, Pelantaro de Purén indómito: ningún Mapuche se puede enorgullecer de derrotar al débil.


El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.

 

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