Parlamentario RN considera que la iniciativa del Ejecutivo es más una readecuación presupuestaria, en circunstancias que se está pidiendo por años que las empresas que funcionan en regiones, dejen parte de sus impuestos en dichos territorios

Se trata de una nueva lucha contra la lógica centralista, que se podría sumar a la batalla por la elección de Gobernadores Regionales y la Descentralización Administrativa. Esta vez, el debate se centra en la esperada Ley de Rentas Regionales que el Gobierno ingresó el viernes pasado al Congreso.

No obstante, dicha iniciativa no cumple con las expectativas y contradice el espíritu descentralizador, pues no reconoce la vocación productiva de los territorios y sólo modifica la ley de Gobiernos Regionales, como señala el senador e integrante de la bancada regionalista, Francisco Chahuán.

“Si bien después de años de espera, el Gobierno finalmente ingresó la ley de Rentas Regionales, ésta claramente no responde a las expectativas, nosotros sostenemos que era muy relevante avanzar en la descentralización fiscal, es decir que parte importante de los impuestos que se generen con las actividades productivas dejen parte de sus tributos donde se producen las externalidades negativas, vale decir en el territorio; y claramente lo que hace la ley de Rentas Regionales que propone el Gobierno es una recaudación presupuestaria y establecer mayores índices de autonomía en las tomas de decisiones, pero claramente no responde a las expectativas y esperamos en el Congreso poder negociar con el Ejecutivo para mejorarla sustantivamente”, indicó.

El texto ingresado al Senado, tiene urgencia simple y contempla 79 artículos, distribuidos en 29 páginas. Pretende otorgar mayor autonomía a los gobiernos regionales, donde la figura de Gobernador Regional tendrá un rol fundamental, ya que deberá elaborar un proyecto de presupuesto de inversión y una programación financiera para los tres años subsiguientes. Ambos deberán ser aprobados por el Core.

El senador agregó que a pesar de estas características la propuesta del Gobierno, mantiene una lógica centralista de inyección de recursos desde el nivel central donde se decretan a través de Dipres y refleja el temor a la priorización de proyectos regionales que pueda hacer cada zona, sin considerar que los territorios locales conocen como nadie su realidad.