Por: Matías González. Consultor legal Pallavicini Consultores
En la economía global es obvia la necesidad de las empresas de contar con datos personales para desarrollar los negocios. Es común escuchar la frase los datos son el petróleo de la economía, pero también es cierto que se trata de una aseveración que lleva a un engaño que nos deja en una mala situación ante la justicia, tal como ocurrido con Citigroup en octubre de este año, que debió pagar una multa de 400 millones de dólares a la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos por, entre otras cosas, no contar con programas efectivos de gobiernos de datos.
En esta economía globalizada y de comercio electrónico es sencillo que las empresas no sólo deban cumplir con la legislación de un país, sino que a la vez de varios ordenamientos jurídicos donde estas compañías venden sus bienes y servicios.
No todo es tan complejo si se toman las medidas correspondientes, ya que al comparar la legislación de distintos países es claro que es necesario que, para trabajar con los datos personales de los usuarios, se les deba solicitar su consentimiento.
Una costumbre usual es incluir en el acuerdo de términos y condiciones del servicio cláusulas que indican que los usuarios sólo por utilizar el servicio deben aceptar el tratamiento de sus datos personales. Esto es una práctica prohibida al observar la legislación de Estados Unidos, de la Unión Europea e incluso Chile, porque se entiende que el consentimiento necesario que los usuarios deben otorgar a las empresas tiene que ser expreso.
Para ello, se requiere un contrato que sea aceptado por el titular de los datos. ¿Cómo podemos resolver este requisito actualmente? Una práctica que ha funcionado bien es llevar a forma de contrato los términos y condiciones de los servicios e incluir que éstos sean conocidos por los usuarios antes de aceptar o contratar con las empresas.
En conclusión, es una buena práctica para las empresas solicitar el tratamiento y la obtención de datos personales de los usuarios de forma expresa, aprovechando el contrato de términos y condiciones respectivos al servicio contratado. Eso, junto con procurar que el usuario tenga acceso a este contrato antes de firmar o contratar efectivamente el servicio.
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