La iniciativa liderada por Marcelo Mena, ex ministro y Jorge Canals ex subsecretario del Gobierno de Bachelet convoca a expertos en políticas públicas ambientales, la academia y ONG

Ad portas del inicio de un proceso constituyente que convocará a las y los chilenos para dotarse de un nuevo pacto político y social para construir una sociedad más justa, ex autoridades del Gobierno de Bachelet lanzan el decálogo para el Constitucionalista Verde, documento que cuenta con el respaldo de personalidades del mundo ambiental y que ha sido liderado por Marcelo Mena, ex ministro y Jorge Canals, ex subsecretario de la cartera de Medio Ambiente.

Esta iniciativa es el resultado de una serie de conversatorios donde la consigna fue “Recicla la Política”, proceso que tuvo más de 65 mil visitas y donde participaron actores de diversos ámbitos; La Academia, ONG, ex autoridades de gobierno y expertos en políticas públicas en materia ambiental, quienes acordaron suscribir un documento que incluye 10 ejes como derechos fundamentales para el cuidado del medio ambiente y una constitución política y socialmente sustentable.

“Este instrumento, es una idea que nace bajo la urgente necesidad de redactar una nueva carta fundamental más ecológica, donde los constituyentes se sientan identificados con temas ambientales que han tenido graves consecuencias en nuestra historia. Nace en medio de una crisis climática, ambiental, sanitaria y social, pero es desde ahí donde tenemos la oportunidad de hacer una Constitución que favorezca una transición ecológica necesaria para alcanzar un desarrollo sustentable y pleno de sus ciudadanos”, comenta Marcelo Mena.

La crisis socioambiental que golpea a nuestro país desde hace ya una década, siempre ha tenido como principales afectados a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad o quienes han tenido que vivir en las llamadas zonas de sacrificio, lugares donde la opción Apruebo logró un amplio triunfo, dando cuenta de la necesidad de un futuro más equitativo y justo ambientalmente. Esto también ha quedado demostrado, cuando la ciudadanía se ha manifestado en contra de proyectos contaminantes o pasivos ambientales que van en desmedro del desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente, como los frecuentes problemas de contaminación en Quintero y Puchuncavi, sequía en la provincia de Petorca, la instalación de proyectos como Dominga etc.

Para Soledad Mella, Presidenta de la Asociación Nacional de Recicladores de Chile, este decálogo es una gran oportunidad para el país y los ciudadanos de tomar conciencia del daño que muchas veces provocamos al planeta. “Una constitución más ecológica además de ser un derecho, es una invitación a adoptar sistemas de vida y hábitos de consumo más saludables y sustentables, vivir de manera más consciente y no bajo la cultura de lo desechable. Nos falta mucho como sociedad para avanzar en estos temas, por eso apoyo los 10 puntos de este decálogo y espero que los candidatos constitucionalistas se adhieran”, señala la dirigente.

Para el ex subsecretario Canals este es un tema sin medias tintas, “Queremos impulsar como tema central de la próxima Constitución el derecho a que los y las chilenos efectivamente vivan en un medio ambiente sano y equilibrado, impulsando a que las y los futuros constituyentes, reconociendo la actual crisis climática y ambiental, se comprometan a una nueva Constitución que se base en un pacto político en favor de la protección del medio ambiente y de la armonía entre la sociedad y la naturaleza, sostiene Canals. Esperamos que todos los candidatos y candidatas constitucionalistas declaren su apoyo a este decálogo y puedan defender los temas propuestos como claves para una constitución verde”, concluye la ex autoridad.

 

Para el abogado y profesor de la Universidad de Chile asume este decálogo como un desafío: “La nueva constitución debe crear un poder público capaz de enfrentar los intereses que son afectados por las regulaciones necesarias para asegurar un desarrollo sustentable, lo que supone, por una parte, una política libre de los cerrojos de la Constitución tramposa y, por otra, mecanismos de participación ciudadana que den legitimidad y en consecuencia la capacidad de acción necesaria. No es difícil declarar que debemos cuidar el medio ambiente, la biodiversidad, proteger zonas de sacrificios; lo decisivo es que haya un poder político capaz de hacer realidad estas declaraciones. Mi temor es que la discusión se concentre en las declaraciones, y que las cuestiones de configuración del poder queden relegadas a discusiones entre especialistas. Lo anterior será menos conflictivo de lo que nos parece a todos una vez que todos entendamos lo que a mi juicio es evidente, que no hay vuelta atrás en el proceso constituyente, que si este fracasa la consecuencia no será volver al 18 de octubre viviendo todos en paz en un oasis bajo la Constitución de 1980, sino una crisis política de proporciones. Cuando esto sea claro para todos, seremos capaces de reconocer un interés común en el éxito del proceso constituyente”, comenta el abogado.

Se espera que los elegidos para redactar la nueva carta fundamental, adhieran a este decálogo apoyando un pacto social y ambiental. La ciudadanía podrá votar por quienes se comprometen a una nueva constitución verde, con la cual hacer frente a las crisis sociales y ambientales del siglo 21. Para eso, los candidatos se podrán identificar en su campaña con el Sello de Constituyente Verde y plasmar esto en la redacción de la nueva Constitución. La plataforma www.reciclalapolitica.cl publicará la información de todos los constituyentes verdes, de manera que la ciudadanía se pueda informar de este nuevo pacto.

Destacar que el decálogo fue impulsado por los siguientes fundadores. 

Decálogo del Constituyente Verde:

1. Derecho a la justicia ambiental. Defender en la convención constitucional principios que recojan las demandas sociales y ambientales:

• De distribución justa de las cargas y beneficios ambientales y de democracia ambiental,
• De protección ambiental, de progresividad y no regresión de estándares ambientales.
• De precaución, de responsabilidad y de resiliencia climática.

2. Derecho a equidad intra e intergeneracional. Principio de justicia o solidaridad intra e intergeneracional, para la distribución equitativa y mantención de los ecosistemas y bienes comunes, recogiendo el igual derecho de todos los habitantes y de las generaciones futuras a disfrutar de la naturaleza, del planeta, y de las oportunidades de desarrollo que brinda. Un modelo de desarrollo sostenible, que incluya una economía distributiva y regenerativa, enmarcada en los límites de la biosfera, centrado en el bienestar y la prosperidad de las personas. Una constitución que nos permita volcarnos del extractivismo imperante que causa que cada dólar de ingreso que genere el país se extraiga 5 veces más materiales que la media de la OCDE. Una constitución que nos permita implementar un modelo renovable, que permita bienestar permanente, y que no se agote como las materias primas no renovables que han marcado el crecimiento de nuestros primeros 200 años como país.

3. Derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado Promover en la convención constitucional este Derecho Fundamental que incluye el aire limpio, amparado por mecanismos efectivos y oportunos tales como un recurso constitucional, y medidas de protección y que proteja a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

4. Democracia Ambiental. Garantizar los derechos procedimentales de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales, con un enfoque prioritario en las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, en línea con los estándares del Acuerdo de Escazú, fortaleciendo la toma de decisiones.

5. Establecer un estado plurinacional. Promover el Debido respeto a la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, en un estado plurinacional, que reconozca nuestro patrimonio cultural histórico.

6. Luchar contra el cambio climático. Incorporación del Cambio Climático y la necesidad de un clima más seguro considerando las implicaciones éticas, políticas, sociales y económicas, promoviendo la incorporación de deberes de adaptación, mitigación, y transición justa frente al cambio climático, de brindar a los ciudadanos los esfuerzos de un clima más seguro, y que tome los resguardos que permitan perpetuar nuestros logros como país, a través de una prevención de desastres y una adaptación al cambio climático.

7. Una sociedad diversa e inclusiva. Promover la discusión de un modelo de sociedad sostenible e inclusiva, con enfoque de género, que permita edificar una “sociedad de cuidados”, una universalización del cuidado para que sea compartido de manera igualitaria entre mujeres y hombres, y un pacto social que supere una sociedad patriarcal y se haga cargo para las desigualdades de género, y que permita una discusión abierta y democrática de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Un estado que reconozca la diversidad de orientación sexual, y que brinde a sus ciudadanos los mismos derechos de contraer matrimonio, y tener una vida familiar plena. Una sociedad que reconozca que la familia del siglo 21 se define por las afecciones entre los miembros, y no por estructuras definidas por religiones en particular.

8. El deber del estado de proteger la biodiversidad. Debatir la opción de situar a la naturaleza, bosques, ríos. ecosistemas y seres sintientes como sujetos de derechos o de particular protección. En concordancia, promover el establecimiento de principios constitucionales que mandaten el uso racional y sostenible de los recursos o elementos naturales que tiene el país y en beneficio de las grandes mayorías.

9. Descentralización política y tributaria. Incorporar en la discusión constitucional el derecho a la ciudad, como espacio de desarrollo de las vidas de las personas, libre de contaminación, dotado de un transporte público justo y limpio, con vías adecuadas y seguras para los peatones y ciclistas, y donde se reconoce la gestión comunitaria de los espacios y bienes comunes. Un derecho a la ciudad, que contemple una descentralización efectiva en lo administrativo y presupuestario y la valoración del conocimiento local. Que permita que un alcalde y su concejo puedan tomar decisiones sobre lo que ocurre, y que no dependa de tutelas de representantes regionales de los gobiernos centrales. Que permita a los gobiernos locales hacer uso y beneficio de tributos ambientales que se recaudan en sus territorios, y que se permitan utilizar para la recuperación ambiental de las zonas impactadas por las actividades contaminantes.

10. Derecho de acceso al agua para consumo humano y para sustentar ecosistemas. derecho humano al acceso y saneamiento considerando al Agua como un bien común. Priorizar constitucionalmente el consumo humano y el rol como soporte de los ecosistemas, junto con reconocer formas colectivas de gestión y propiedad. Una constitución que proteja los glaciares y su rol en el ciclo hídrico.