Por: Leonardo Hernández. Ing. Comercial y magíster UC. Master en Economía y Ph.D. en Economía Financiera U. de Columbia. Director Alterno CLAPES UC
La crisis económica –derivada de las restricciones sanitarias producto del Covid19– ha significado la pérdida de empleo y mermas de ingreso para casi dos millones de personas. La emergencia obligó al gobierno a tomar medidas extraordinarias que, sin embargo, resultaron insuficientes o tardías – ingreso familiar de emergencia, reparto de cajas con alimentos y otros ítems básicos, ley de protección del empleo, bonos Covid, entre otras-.
Producto de lo anterior, se introdujo en julio pasado una reforma constitucional para que, por una única vez, los cotizantes del sistema de pensiones pudieran retirar fondos desde sus cuentas de capitalización individual. El objetivo era suplir la falta de ingresos causada por la pandemia. La medida fue universal, sin obligación de devolver los fondos a futuro ni de tributar por los retiros (éstos constituyen rentas que no tributaron ni tributarán). Todo esto justificado por la emergencia, a pesar de la opinión en contrario casi unánime de técnicos de diversas sensibilidades políticas.
A pocos meses del primer retiro reportes de prensa nos informan que subió la venta de automóviles (con un alza generalizada en los precios de los autos usados), de motocicletas y que más de la mitad de las personas que retiraron fondos no habrían perdido su trabajo ni sufrido mermas importantes de ingresos.
Muchas personas retiraron fondos porque necesitaban hacerlo, porque efectivamente cayeron sus ingresos, pero cuesta entender la “emergencia” en la compra de un auto o una motocicleta (¿o lo hicieron para poder trabajar como choferes de aplicaciones y/o repartos a domicilio?).
Lo concreto es que muchos aprovecharon la oportunidad para hacerse de fondos con otros fines, aun sabiendo que al hacerlo estaban hipotecando sus pensiones futuras. Y esa es precisamente la razón por la que los ahorros previsionales son forzosos e intocables hasta la jubilación: porque las personas somos miopes y no ahorramos voluntariamente para la vejez.
En la discusión del segundo retiro –que posiblemente va a ser menos atractivo para los grupos de rentas altas, porque esta vez son tributables a partir de cierto nivel de ingreso– se arguyó que los fondos debían estar disponibles antes de Navidad. ¿Por qué? ¿Para celebrar con más y mejores regalos?
Preocupa que en la discusión del segundo retiro no se haya analizado más seriamente las lecciones del primero, por ejemplo, haciendo obligatoria la devolución de los montos a través de una cotización adicional en años venideros o retrasando la jubilación. O haciendo necesario demostrar una caída importante de ingresos; o prohibiendo la compra de bienes durables no esenciales, como automóviles. Esta vez sí se prohibió el retiro a algunos empleados públicos, aunque debió ser a todos por cuanto este grupo no ha sufrido mermas de ingresos en la pandemia.
Pero siguen algunos insistiendo en permitirles retirar fondos a los jubilados, los que tampoco han perdido ingresos en la pandemia. Y cuando recién comienza la entrega de los fondos de este segundo retiro, se presenta un proyecto de ley para un tercer retiro similar al primero: universal y no tributable.
Es lamentable la poca seriedad y el fin cortoplacista de quienes toman estas decisiones. Aprovecharse de la emergencia para ser populista e implementar malas políticas es una pésima estrategia que el país va a pagar caro en el largo plazo.
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