Por: Cristian Rojas M. Presidente de la Asociación de Empresas y Profesionales para el Medio Ambiente (AEPA), CEO y socio fundador de PTH Grupo Ambiental
Hace pocos días se cerró el proceso de participación, que recibía observaciones para el anteproyecto del Decreto Supremo que estable las metas de recolección, valorización y otras obligaciones, asociadas a aceites lubricantes. Como PTH Grupo Ambiental, empresa dedicada a la gestión y valorización de residuos peligrosos, Hidrocarburos y Aceites Lubricantes Usados (ALU), hicimos una serie de observaciones y sugerencias al documento desde una perspectiva técnica.
Ante la creación de un instrumento de gestión pública como este, que fija metas de recolección y valorización, además de normar obligaciones relativas al modelo de organización de gestión de residuos, para crear un sistema de gestión colectivo, conformado exclusivamente por productores prioritarios, encargado de contratar los servicios operacionales de recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento y valorización con gestores autorizados y registrados, surgen algunas dudas.
Para comprender lo anterior, es importante entender el concepto de falla de mercado, el cual se define como una situación producida cuando el mercado no es capaz de asignar los recursos de forma eficiente. En economía, el sistema de precios de un mercado competitivo es capaz de abastecer todos los bienes y servicios. Sin embargo, existen algunas situaciones donde esto no es posible, estos se conocen como fallos de mercado, lo cual lleva generalmente a la intervención del Estado para corregirlos.
En una economía mixta, como la que tenemos hoy, una parte de las decisiones las toma la ciudadanía y otra el Estado. Dado que existen algunos fallos de mercado inevitables, la acción del Estado se justifica ante:
- La ausencia de regulación: El sector público regulará los mercados con normas nacionales e internacionales para favorecer el desarrollo de la economía.
- Desigualdad en la distribución de la renta: El sector público contará con una política fiscal, con impuestos progresivos.
- Inexistencia de algunos bienes: Bienes que son poco rentables, serán producidos por el sector público.
- Externalidades negativas: Producidas al ejercer la actividad económica, que generan costos sociales.
- Monopolio: El sector público regulará en favor de la libre competencia, estimulando la existencia de oferentes.
En el Análisis General de Impacto Económico y Social (AGIES) se deja entrever que existe una falla de mercado en esta industria, omitiendo información proporcionada por nuestra empresa PTH GA, desde el año 2015 en delante. Que ha gestionado residuos, cumpliendo con todas las normas sanitarias y ambientales, que ha diseñado, desarrollado y sustentado la operación de coordinación, transporte, almacenamiento temporal, tratamiento y valorización energética a costo cero $0 de recolección, gracias a una estructura logística instalada de recolectores de base, que el anteproyecto omite, que son los que autofinancian el servicio de recolección sin costo para el generador, financiando su operación mediante la venta del residuo a las plantas de valorización.
Ante esto nos preguntamos ¿En que se basa el Estado de Chile para definir que existe una falla de mercado en la gestión de los Aceites Lubricantes Usados? Si hoy existen actores que operan bajo normas sanitarias y ambientales vigentes, los que solo necesitan ser ordenados y fiscalizados.
Entonces si no existe una falla de mercado. ¿Por qué el Estado permite que se cree una nueva figura administrada, financiada por los productores prioritarios, denominada sistema de gestión? Si en realidad no hay nada que financiar, ya que como se indicó, existe un mercado que gestiona y valoriza a costo cero este servicio a los generadores, y existe un poder logístico instalado para la recolección, mediante recolectores de base.
Hay que tener cuidado, ya que esto puede dar pie a un lucro oculto por parte del administrador financiero y con ello a prácticas de carácter monopólico.
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