La resolución, presentada por los diputados comunistas Camila Vallejo, Karol Cariola, Carmen Hertz, Marisela Santibáñez, Boris Barrera, Rubén Moraga, Amaro Labra, Daniel Núñez y Guillermo Teillier, se fundamenta en la conocida situación en que se encuentra actualmente el Sename

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución 1486, por medio de la cual se solicita al Presidente de la Republica gestionar una inyección de recursos públicos a la Defensoría de los Derechos de la Niñez.

La idea es que dicho organismo pueda llevar a cabo las facultades que le entrega el ordenamiento legal, con el objeto de impedir que se sigan cometiendo abusos respecto de niños, niñas y adolescentes bajo la protección del Servicio Nacional de Menores (Sename), sus órganos colaboradores o en cualquier lugar del país, en especial los cometidos por órganos o agentes dependientes del Estado.

La resolución, presentada por los diputados comunistas Camila Vallejo, Karol Cariola, Carmen Hertz, Marisela Santibáñez, Boris Barrera, Rubén Moraga, Amaro Labra, Daniel Núñez y Guillermo Teillier, se fundamenta en la conocida situación en que se encuentra actualmente el Sename.

Los parlamentarios dijeron que existe la convicción, en vista de los hechos que se han producido en las últimas décadas, que este servicio, que tiene por objeto proteger a la infancia vulnerada en sus derechos, en la realidad hace todo lo contrario, violando sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela.

Agregan que esta es la conclusión de un lapidario informe de la PDI que, en 2017, investigó 240 hogares de menores. Dicho estudio llegó a la conclusión que en el 100% de los centros que administra el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se produjeron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual.

Tan grave como lo anterior es que el informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018, con copia al Gobierno, que en su oportunidad no se hizo público. A ello se agregan una serie de lamentables casos, como la muerte de Lissette Villa, en abril de 2016.

Asimismo, se plantea que todos esos hechos se han agravado con la pandemia del Covid-19. Según las cifras entregadas por el propio Servicio, entre los meses de febrero a agosto de 2020 se registró un total de 4.500 denuncias por maltratos respecto de menores de edad.

El último caso en esta serie de abusos se conoció el martes 23 de marzo, cuando se viralizó a través de redes sociales un video grabado desde un edificio cercano a la Residencia Familiar Carlos Antúnez, donde se escucha a un menor pidiendo auxilio.

Según indicaron los legisladores, estas y otras situaciones tan graves como las descritas hacen objetivamente indispensable que, entre otras medidas de fondo, el Ejecutivo inyecte recursos a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, conforme a las facultades entregadas por la Ley 21.067, entre las cuales se indica difundir, promover y proteger los derechos de los niños; interponer acciones y deducir querellas; y ejercer sus funciones y atribuciones de manera coordinada con otras instituciones nacionales de derechos humanos.