Por: Juan Castro P. Senador independiente por la región de Maule

Desde los inicios de nuestra República, los mandatarios hacen una cuenta pública sobre el estado de la Nación ante el Congreso Pleno, evento que tradicionalmente se llevaba a cabo cada 21 de mayo, pero desde el año 2017, se realiza el 1 de junio. Este fue el último discurso del Presidente Sebastián Piñera y el octavo que da ante ambas cámaras del Poder Legislativo.

Esta última cuenta fue diferente a las otras, ya que comenzó haciendo una revisión histórica a la rápida de algunos hitos de los últimos 100 años y de los procesos actuales, como el “estallido social”, la crisis sanitaria del coronavirus y el proceso constituyente que está próximo a iniciar. Hubo momento para los balances de lo que se hizo en 2020, también para hablar de anuncios, pero estuvo muy lejos de los discursos pomposos de años anteriores.

El discurso, fue tal cual como ha sido este gobierno: sin un sustento ideológico fuerte detrás. Por una parte, el primer anuncio fue una sorpresa para una gran parte de Chile Vamos, cuando señaló que “ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país”, un hito que los sectores más liberales del conglomerado celebraron.

Pero más adelante, hizo anuncios en materia de seguridad, incluyendo la creación de un nuevo Ministerio de Seguridad Pública y aquí es donde los sectores liberales debieron quedar perplejos, una vez más se aumenta el tamaño del Estado, del gasto público, pero no se menciona la eficiencia del gasto fiscal.

Todos somos conscientes que la delincuencia es un tema que nos preocupa a gran parte de la ciudadanía. Desde el año 2018, la percepción del aumento de la inseguridad viene en crecimiento. En la última ENUSC, este indicador llegó a un 84,3% y muchos creemos que seguirá aumentando si no se toman medidas reales y concretas. El mismo Piñera nos decía en la campaña de 2009: “Delincuentes, se les acabó la fiesta”.

Crear un nuevo ministerio con dedicación exclusiva a temas de seguridad no asegura que se trabaje mejor en la prevención de los delitos y en los procesos de reinserción social, solo garantiza que existirán más cargos a repartir para los políticos, más gastos en asesores y más dinero para la clase política. Olvidamos que muchas veces las policías y la Fiscalía hacen su trabajo, pero la mano blanda de la ley no ayuda.

Por ello, necesitamos modernizar las policías para que trabajen en forma coordinada, junto a las unidades de seguridad municipal en el trabajo preventivo de los barrios. Pero al mismo tiempo, urge que los distintos ministerios y servicios públicos trabajen multisectorialmente para que abordemos las problemáticas en su complejidad y no en forma aislada desde cada una de las carteras. La seguridad ciudadana no se debe reducir al hecho delictivo, sino que debemos considerar la educación, salud, espacios públicos, exclusión, entre otras tantas variables.

Si queremos combatir la delincuencia, debemos fortalecer el trabajo preventivo y la inversión en los barrios, pero al mismo tiempo trabajar en la reinserción social, avanzar a la par en estas áreas. Simultáneamente se debe  evaluar el traspaso de la supervisión de la Ley del Tránsito, el control del tráfico y otras funciones menores a unidades locales, para así destinar este personal policial a labores preventivas.

Soy un convencido de que somos muchos quienes queremos que los recursos públicos se gasten bien, que se dé solución a las problemáticas que afectan a los chilenos y no que se “inviertan” en burocracia, puesto a que si es así, nos pasará lo mismo que con el Instituto Nacional de la Juventud, donde el 67% de su presupuesto anual se destina a pagar sueldos, horas extras, viáticos, combustible, materiales de oficina, entre otros, y no en proyectos en beneficio directo de los jóvenes de nuestro país.

Piñera hizo un guiño para promover libertades personales, pero al mismo tiempo ha buscado aumentar el tamaño del Estado, ¿será que nuestro Presidente quiere ser recordado como un progresista?

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