Por: Nicolas Moreno. Gerente General de Hapital

La ley 19.537 de copropiedad inmobiliaria publicada en el diario oficial el 16 de diciembre de 1997 tiene como objeto regular a través de normas el comportamiento, límites y criterios que deben seguir las personas al vivir en comunidad. Sin embargo, desde el año 2000 cuando comienza el auge inmobiliario se proyecta que a la fecha se han construido más de 30.000 en todo el país.

Los problemas que tienen los edificios en Chile ya son visibles en todas las comunidades. Desde robos, demandas laborales, morosos, no pago de proveedores, arrendatarios conflictivos, violencia, asaltos, narcotráfico, prostitución, fiestas descontroladas, falta de certificaciones y mantenciones, desvalorización del patrimonio de las personas, son algunos de los efectos que se presentan en las comunidades. Al menos, cada una de estas variables tienen todos los edificios sin excepción alguna.

Desde el estallido social y pandemia se han acumulado 20 meses en los cuales no se puede intervenir de manera efectiva. Esto dado que no se pueden modificar reglamentos de copropiedad, realizar asambleas extraordinarias y menos tomar decisiones significativas que velen por el bien común de los edificios. Y producto de ello, no se pueden elegir nuevos comités para que tomen decisiones efectivas además de cambiar de administradores.

El 14 de diciembre del 2017, La Cámara de Senadores presentó el proyecto de nueva ley de copropiedad, con el propósito de establecer nuevas normativas que beneficiaran la toma decisiones y operación de los edificios. Y de momento, solo está la buena intención de hacer las cosas mejor pero aun no se promulga esta ley y van 24 años sin un marco regulatorio actualizado.

No obstante, a este escenario, aun no dan señales si en base a la actualización del 2017 está contemplado el manejo de la crisis sanitaria y qué protocolos se deberán hacer para que las autoridades de cada comunidad puedan actuar de forma segura velando por la seguridad y salubridad de los edificios.

Los vacíos que existen por concepto de ley, falta de claridad de los reglamentos de copropiedad, no hacer asambleas para elegir nuevos liderazgos ha tenido como consecuencia un abandono y renuncias de comités en muchos edificios por la presión que implica participar de este cargo. Y cuyo efecto es no tener una autoridad quienes regulen las normas del edificio dando paso a libre acción por parte de los residentes dado que la normativa y ley está a su favor para cometer actos de indisciplina.

Por el momento, solo se pueden llegar acuerdos para solucionar los conflictos ya que los juzgados de policías locales no están al 100% de sus facultades y no darán una gran intervención para todas las comunidades que a la fecha presentan los síntomas expuestos. Que son difíciles de resolver mientras no exista una ley justa, explícita con los reales comportamientos de los residentes y las sanciones sean ejemplares para aquellos que impactan negativamente en el bien común y paz social de cada uno de los residentes.

El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.