Por: Alfonso Sánchez D. Presidente Cámara Chilena de la Construcción, sede Calama

El reciente anuncio del Gobierno sobre eliminar las exenciones tributarias resulta a todas luces una gran contradicción que atenta contra una de las principales demandas de la ciudadanía nacional, el acceso a la vivienda propia.  Hoy, en momentos en que el país discute elevar a rango constitucional el acceso a la vivienda y al mismo tiempo financiar otra urgencia social, como es elevar el monto de las pensiones para los sectores más vulnerables, la eliminación de este instrumento clave para el desarrollo del país y, particularmente, de quienes vivimos en regiones, es no entender la crisis de vivienda que afecta al país.

Es contradictorio porque el crédito especial a la construcción de viviendas ha sido siempre un beneficio para las personas, ya que desde la Cámara Chilena de la Construcción estimamos que cada año beneficia a 9 de cada 10 familias que compran una vivienda en nuestro país.  Estamos hablando de aproximadamente 116.000 familias, de las cuales unas 48.000 tienen como único apoyo del Estado este mecanismo, ya que no califican para un subsidio.

Entonces, esta medida gubernamental atenta contra las familias de grupos emergentes y clase media que hoy ven alejarse la posibilidad de tener una vivienda puesto que, al eliminarse el crédito especial, aumentarán los costos de construcción en al menos un 12% y con ello una inevitable alza en el precio de las viviendas que, en teoría, debieran estar al alcance de todos los chilenos y su grupo familiar.

Desde la Cámara Chilena de la Construcción, en virtud de esta realidad consideramos que, si se insiste en eliminar el crédito especial a la construcción de viviendas, se debe implementar al mismo tiempo un mecanismo de compensación o algún tipo de subsidio directo a las personas por la pérdida de este importante beneficio tributario.

Esta posibilidad incluso ha sido sugerida por la OCDE y diversos economistas nacionales cuando fueron estudiadas las exenciones tributarias vigentes en el país. Creemos que existen recursos para avanzar en esta línea, pero también se hace necesario evaluar el impacto y resultado de los diversos programas públicos en ejecución.

De hecho, hace pocos días atrás se dio a conocer un informe de la Dirección de Presupuesto que arrojó que el 64% de los programas públicos evaluados este 2021 han tenido un mal o bajo desempeño, por lo que creemos que es tiempo de eliminar o reformular a aquellas iniciativas que no cumplen con su objetivo y, por cierto, aumentar la eficiencia, control y transparencia de los demás.

Consideramos también de suma importancia que los cambios al tratamiento tributario a las viviendas DFL2 no tengan un efecto retroactivo y de esta forma evitar la vulneración de principios básicos desde el punto de vista legal y constitucional.

El rol del mundo privado ha sido clave en el desarrollo del país, por más de 70 años la Cámara Chilena de la Construcción ha sido impulsor y promotor de diversas acciones que han generado un mejor bienestar a los habitantes del país, desde Arica a Punta Arenas. Lo hemos hecho aunando miradas y esfuerzos con el sector público al alero de un diálogo permanente y con el solo fin de aportar a mejorar la calidad de vida de todas y todos los chilenos.

El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.