Legislador de la región de Coquimbo indicó que “queremos hacer justicia con millones de personas que están siendo discriminadas por deudas prescritas”

Diputadas y diputados de diversas bancadas presentaron la iniciativa denominada “Chao Histórico”. El proyecto, que ingresó a la Comisión de Economía para su pronta discusión, busca consagrar el derecho al olvido financiero, mediante la eliminación del registro histórico de deudas extinguidas, prescritas o saldadas.

Su autor, el presidente de la Comisión de Economía Daniel Manouchehri, destacó que “hoy día tenemos un tremendo problema que viven millones y millones de chilenos y chilenas que están condenados por las deudas. Las morosidades que tuvieron hace 5, 10, 15, 20 años atrás, pero que el sistema financiero las guarda en un registro histórico, un ‘registro negro’ que tienen, con el cual discriminan y dejan fuera del sistema a millones de personas que por un error que cometieron, hace quizás décadas, siguen siendo perseguidas por estas entidades financieras”.

Junto al legislador de la Región de Coquimbo, el proyecto cuenta con las firmas transversales de las diputadas Ana María Bravo y Daniella Cicardini del PS, Javiera Morales (CS); y los diputados Miguel Mellado (RN), Leonardo Soto y Daniel Melo del PS, Boris Barrera (PC), Miguel Calisto (DC) y Joaquín Lavín León (UDI).

Acabar con el “Dicom Negro” y “derecho al olvido”

 Las principales motivaciones para presentar esta iniciativa son el alto porcentaje de personas que siguen en los registros de deudas y ven imposibilitado o dificultado su acceso a productos financieros, aún con la deuda prescrita o incluso pagada.

El diputado Manouchehri explicó que “el ‘Chao Histórico’ lo que hace es obligar a las entidades financieras a eliminar los registros de deudas superiores a 5 años, prescritos en nuestra legislación, obliga a las entidades financieras a entregar un informe cuando nieguen un crédito a las personas, por escrito, y en el caso que se informe, indique que se está no concediendo algún producto financiero por estos registros históricos se consagran importantes multas que van de los 1250 UTM hasta las 2500 UTM”.

El “Chao Histórico” pretende consagrar en la legislación nacional el “derecho al olvido financiero”, entendido como el derecho al que una persona pueda aspirar a la eliminación de una información desfavorable sobre sí misma que le provoque perjuicio. En este caso, si una deuda fue saldada no habría razón legítima para que su registro perdure en las instituciones financieras o comerciales.

“La ciudadanía necesita certezas en este tiempo de crisis, y las certezas no solo son en materia de seguridad pública, sino que también en materia de seguridad económica. Por eso es que a través de este proyecto de ley se está consagrando el derecho al olvido en materia financiera. Las personas, familias, emprendedores y emprendedoras necesitan resurgir y no ser objeto de castigo por parte de bancos y entidades financieras”, señaló la diputada Ana María Bravo del PS.

En tanto, el diputado RN Miguel Mellado, apuntó a que la legislación debe permitir a que trabajadores y emprendedores se reinventen. “Hemos apoyado este proyecto porque la verdad es que chilenos y chilenas, que son los emprendedores, son los que producen el empleo, cuando tienen una caída financiera históricamente quedan dando explicaciones para poder luego levantarse. Eso no lo queremos en el Chile del futuro, el de los ‘jaguares’ que supuestamente se ha construido. Esperamos que en esta economía que estamos construyendo pueda significar que esa persona, que queda con su registro histórico eliminado, efectivamente pueda volverse a parar sin ningún inconveniente y sin estar de rodillas ante ningún centro financiero”, señaló.

Prescripción de Deudas

En este sentido, la legislación pretende reforzar una presunción legal para prescribir aquellas deudas de las que haya transcurrido 5 años o más desde su mora o retardo de la obligación. Asimismo, la prescripción será causal para que las entidades bancarias, servicios financieros y otros eliminan los registros de las deudas aludidas.

El proyecto viene a complementar la tramitación del “Chao Dicom”, también de autoría de Manouchehri, que continúa sin ser discutido en el Senado luego de ser aprobado transversalmente por la Cámara de Diputados a inicios de agosto. La iniciativa que los responsables de los registros de deudas no comuniquen estos datos, estableciendo sanciones.

Justamente, el “Chao Histórico” también sancionaría a las entidades respectivas si se acredita que no han eliminado el registro de morosidad. La multa sería de 1250 UTM a beneficio fiscal, y se adiciona 1250 UTM a beneficio del afectado en caso de negarse a prestar un producto y servicio financiero en base al registro histórico de la deuda, o no justificar debidamente la negativa a prestarlos.

“Esto sin duda alguna es un proyecto que se hace cargo de una situación tremendamente injusta que vive la gente. Hoy día en nuestro país los delincuentes pueden borrar sus antecedentes penales y la gente honesta que por un error financiero hace 10 o 15 años pudo haber cometido, quedan amarrados con esta situación”, cerró Manouchehri.