Por: Sergio Bitar Ch. Presidente Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia. Exministro de Estado
Cuando sobrevino la pandemia en 2020, muchos pensamos que la democracia correría riesgos ante la gravedad de la situación de salud y sus secuelas económicas y sociales. Advertíamos que la insuficiencia de capacidades operacionales del sector público socavaría la voluntad democrática y la gobernabilidad. Con razón, se temía que pudieran imponerse prácticas autoritarias para contener protestas, implantar orden, suspender derechos. Y, a la par, se atisbaba el peligro que surgieran estilos populistas que ofertaran fórmulas simplistas para atraer falsamente a la población. Sin embargo, a pesar de todas las insuficiencias y temores la inteligencia ciudadana prevaleció, y se ha confiado hasta ahora en la via electoral para buscar salidas.
¿Seguirá así? En años agitados e inseguros, apremiados por la escasez de recursos, la inflación, las secuelas de la guerra de Ucrania, la incertidumbre, la anomia, el crimen organizado internacional, los gobiernos elegidos han navegado entre turbulencias, algunos estados fallidos han recurrido a restringir las libertades, otros gobernantes han sido reemplazados, sin romper el marco constitucional. Pero los costos han crecido, y hay síntomas preocupantes que se ciernen sobre el año que se inicia. Han emergido nuevos indicios de degradación política, los grupos de extrema derecha han crecido; y otros radicalizados de izquierda buscan atajos inexistentes; los partidos se fragmentan; se ha extendido la protesta legitima, muchas veces infiltrada por grupos violentos, cuyo repudio atrae el autoritarismo.
Estos hechos suscitan reacciones destempladas, en algunos un cuestionamiento a la democracia, otros en críticas contra los gobiernos, en muchos un menosprecio hacia los políticos y los partidos. Muchas personas buscan culpables en vez de descubrir causas más profundas, no ofrecen propuestas, exacerban los ánimos y la polarización. A ratos se propaga una actitud de desazón, desidia y pesimismo, sin horizonte, que subsume a las personas en irritación o una indiferencia estéril.
La declinante gobernabilidad se acentúa a medida que aumenta la brecha entre la menguada capacidad de los gobiernos de actuar y la magnitud y complejidad de los problemas a resolver. Es esencial, entonces, debatir qué causas y procesos profundos subyacen bajo estos síntomas. ¿Es que el Estado se ha vuelto incapaz de resolver los mismos problemas de antes, o es que hay problemas nuevos, como la conciencia de la desigualdad, ansiedad ante el cambio climático, agobio por la pandemia, creciente velocidad de la vida? ¿Estamos deslizándonos inevitablemente a la ingobernabilidad o podemos ingresar a una nueva etapa de innovación institucional para discurrir con fluidez en medio de esa creciente complejidad? La causa es la implosión de procesos nuevos de mucha mayor complejidad.
Una causa principal es la velocidad exponencial de la digitalización, en un mundo interconectado con 8.000 millones de habitantes. Cuando yo nací éramos 2.300 millones, no existía TV, ni internet, ni celulares inteligentes, ni redes sociales. Vaya cambio.
En efecto:
Se expande velozmente la variedad de grupos, sus expectativas y conflictos; se eleva la participación por medios virtuales y el teletrabajo; se fragmentan los espacios de conversación, las plataformas separan en grupos homogéneos que interactúan poco entre sí; se triza y desarticula la esfera pública, que es donde se deben gestar confluencias y acuerdos.
Se amplifica la desigualdad de ingresos, crece la conciencia de las diferencias de acceso y oportunidades, y también la percepción de rezago y abandono entre amplios sectores de la población. El Estado no es capaz de frenar el incremento de esta desigualdad o de amortiguarlas o compensarlas con medidas eficaces.
Se empodera a cada persona, cada ciudadano pugna por opinar, cuestionar, participar, conglomerarse, emprender acciones rápidas en la red. A ratos, ese empoderamiento alimenta una actitud personalista, con indiferencia por la convivencia colectiva, los partidos políticos se fragmentan, muchos políticos anteponen sus egos, pendientes de sus redes sociales, más que dar solución efectiva a los problemas y responder al bien común (Ej. en Chile: retiros de fondos de pensiones, oposición a reforma tributaria, negligencia ante la violencia)
¿Qué políticas pueden reducir esta brecha?
Esas mismas tecnologías disruptivas tienen a su vez un enorme potencial democrático. Con ellas se puede elevar la gobernabilidad a través de la participación, de consultas ciudadanas, alentando la solución de problemas colectivamente, proveer información, y con ello lograr una convivencia más solidaria y democrática.
¿Cómo emplearlas con ese propósito? Hoy, Chile vive un momento propicio para fundar su convivencia en una nueva Constitución, y para valorar los acuerdos como una práctica democrática. Los acuerdos no deben considerarse como concesiones de los débiles, sino como conquistas de los fuertes. Solo tejiendo compromisos que resguarden los derechos y oportunidades de cada uno podremos desplegar el potencial de todos. La reciente aprobación en Chile de la ley que restablece el voto obligatorio es también una medida positiva que exige la responsabilidad ciudadana.
Numerosos académicos y dirigentes, internacionales y nacionales, proponen vías y recomendaciones para acortar la brecha de gobernabilidad.
A lo menos ocho recomendaciones encuentran mayor consenso:
- Crear nuevos espacios formales y sistemáticos de diálogo social. La digitalización y virtualidad de las relaciones humanas, e información via plataformas, puede reducir la comunicación interpersonal y elevar la segmentación social y política, fenómenos que debilitan la actividad política. Suele alimentar la desconfianza cuando los que piensan igual están confinados a sitios excluyentes, y por ende se aleja el sentido de comunidad. Cuando crece la individuación, sin referencia a un interés o un proyecto colectivo es mayor el egocentrismo. Muchos dirigentes políticos se afanan por la espectacularidad y la diferenciación, en vez de explorar entendimientos y conciliar intereses. Se ha explorado antes la creación de un Consejo Económico Social Ambiental, con representantes de la sociedad civil, u otras fórmulas equivalentes, con gobernaciones elegidas.
- Establecer y promover nuevas formas de democracia cercana, priorizando la descentralización, el poder local, y las decisiones directas. Entregar más información a la ciudadanía y crear instancias permanentes de conversación y consulta a nivel comunal o sectorial o social.
- Regular las plataformas digitales para que ellas mismas reduzcan la manipulación, la polarización y las noticias falsas, cuidando de resguardar la libertad de expresión, sustentada en la veracidad. Y el resguardo a la privacidad de los datos, sustento de la libertad personal.
- Elevar la cantidad y calidad de los bienes y servicios públicos esenciales a toda la población, esencialmente en salud, educación, vivienda, pensiones y seguridad, a fin de generar mayor igualdad y solidaridad, sustento esencial de un proyecto colectivo. Elevar la eficacia y capacidad del Estado para proveerlas, fortalecer su coordinación interna y acrecentar los recursos humanos, financieros e institucionales para mejorar su ejecución, y con ello alcanzar más inclusión.
- Impulsar nuevas instancias de coordinación público-privada. Inducir el mayor involucramiento de las empresas en los objetivos nacionales de bienestar y equidad, y en la gestión de los problemas de la comunidad. El Estado no puede solo. La complejidad de la tarea requiere superar la confrontación Estado Mercado y fundar bases para una acción armónica y sinérgica, combinando sin prejuicios una orientación estratégica y políticas públicas con gestión e iniciativa privada.
- Corregir las normas electorales a fin de disminuir la dispersión de la representación política, e inhibir las actitudes populistas. Incrementar los porcentajes mínimos de votación para que un partido político subsista legalmente, incentivar la formación de coaliciones y la elaboración de programas de gobierno. Sancionar con la pérdida del cargo parlamentario a quien postula por un partido y luego lo abandona, eludiendo su responsabilidad y disciplina de trabajo colectivo.
- Propagar y alentar una cultura de acuerdos y no violencia. Afianzar un relato de que no hay democracia sin orden público, y respeto a los derechos humanos, que la inseguridad socava la convivencia y el Estado, junto a la sociedad civil, deben combatir la droga, el crimen organizado y la violencia anarquista.
- Priorizar la educación para la democracia en la escuela, universidades, organizaciones sociales, y priorizar el desarrollo de los jóvenes para pensar futuros y resguardar los derechos de las nuevas generaciones. Anticipar y concordar acciones ambientales para la supervivencia de todos.
El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.
