Por: Claudia Valdés M. Gerente general de Best Business Solutions (BBSC)

Los efectos de la modernización tributaria, el aporte a los territorios que deberán hacer los grandes proyectos mineros y los cambios que se introducirán al royalty minero son los temas que mantendrán ocupado al sector en los próximos meses.

Una vez puesta en marcha la modernización tributaria, una de las industrias que tuvo que sentarse a reflexionar y tirar líneas fue la minera. Las mineras tendrán que hacer un aporte regional, cuando la inversión supere la tasa plana de 1%, cuando la explotación sea mayor a 50 mil toneladas métricas de cobre fino.

Tras un período de transición, este impuesto tendrá ahora un importante papel en el próximo proceso de renta. Pero, junto con este cambio impositivo habrá que tener en consideración la Ley de Modernización Minera que se acaba de promulgar, invitando a quienes se mueven en esta industria a leer con detención la política nacional de minería que plantea las bases de lo que se espera para el país en los próximos años.

La modernización tributaria, básicamente, cambió la forma de determinar el aporte al royalty minero, haciendo un ajuste matemático a la fórmula muy relevante, que se hizo cargo -de alguna manera- de la rentabilidad de los proyectos.

El nuevo gravamen permitirá que se inyecten más de U$ 450 millones a las diversas comunas en que operan empresas mineras, monto que -según las estimaciones del Gobierno- representa un 36% de la recaudación del royalty, elevando en un 17% los recursos propios de gobiernos regionales y municipios.

Sin duda, son buenas noticias para los gobernadores y los alcaldes, pero también nuevos desafíos para la industria, sobre todo, si recordamos que el último catastro de proyectos mineros de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), que estima que para 2031 las iniciativas de inversión del sector totalizarían US$73.655 millones.

Para muchos, la inversión es insuficiente para un país netamente minero como Chile. Por eso, es tan importante jugar en una cancha con reglas claras, de modo que las empresas puedan anticiparse y proyectar sus operaciones en el país.

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