Por: Silvia Paleari. Directora de Asuntos Públicos de IBIA
Hace pocos días se conmemoró el Día Internacional del Juego Responsable, una jornada que invita a tomar conciencia y acción sobre la prevención de conductas de juego riesgosas que puedan derivar en ludopatía.
Más allá de esa definición tradicional, los actores de la industria del juego y apuestas deportivas reguladas proponen una mirada más amplia de esta problemática, al considerar como juego responsable a todas aquellas medidas encaminadas a que los usuarios tengan acceso a un producto seguro, a salvo de posibles adicciones, pero también de posibles fraudes, como la manipulación de las apuestas deportivas.
Más allá de los esfuerzos individuales, la experiencia internacional demuestra que las redes de colaboración, como las establecidas por operadores, políticos y reguladores, son fructíferas al momento de garantizar políticas y regulaciones que respaldan la lucha internacional contra el amaño de partidos, y así asegurar que los usuarios de plataformas tengan acceso a productos seguros.
En este sentido, los organismos deportivos, los reguladores y los operadores de apuestas deportivas tienen un interés compartido. No es ningún secreto que, para una lucha eficaz contra la corrupción en el deporte, la cooperación y la educación son la clave.
Por ejemplo, actores como IBIA (International Betting Integrity Association) -organización que agrupa a operadores de apuestas deportivas- ha desarrollado un papel importante en la lucha contra el fraude, manteniendo alianzas de intercambio de información sobre actividades sospechosas con los principales organismos deportivos y reguladores de juegos de azar en todo el mundo, a fin de utilizar sus datos y enjuiciar la corrupción.
Ese enfoque ha resultado exitoso en alejar a los delincuentes de los mercados de apuestas regulados. Ello, junto con la educación a los atletas sobre los riesgos del fraude de partidos, es esencial para proteger a las personas.
Esto también toca al proceso de regulación que se está viviendo en Chile, donde es muy valorable que el tema de las sanciones contra la manipulación de competiciones deportivas se aborde en el proyecto de ley. Sin embargo, creemos que la ley debería ir más allá e incluir requisitos de monitoreo y alertas de las actividades sospechosas, para garantizar la protección de la integridad de las apuestas, tanto para los consumidores como para los operadores.
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