El experto en políticas de sostenibilidad e innovación de la Comunidad Europea estuvo de visita en Chile como uno de los exponentes en el Seminario Internacional “Transiciones económico productivas en tiempos de cambio global: Avanzando en un acuerdo compartido para el desarrollo sostenible de Chile”
Convencido de que la sociedad actual no está conforme con la manera en que funciona el sistema democrático, y es cada vez más evidente la necesidad de mejorar el diálogo entre la ciudadanía y los políticos para lograr el desarrollo sustentable, Cristian Matti, analista político del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, estuvo de visita en Chile como uno de los exponentes en el Seminario Internacional “Transiciones económico productivas en tiempos de cambio global: Avanzando en un acuerdo compartido para el desarrollo sostenible de Chile”, actividad que tuvo como objetivo generar un espacio de encuentro para avanzar hacia un acuerdo compartido para el Desarrollo Sostenible a nivel local.
Matti es experto en políticas de sostenibilidad e innovación, centrándose en la creación de interfaces entre la ciencia, la política y la práctica. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en más de 18 países de Europa y Sudamérica y ha contribuido en políticas de innovación sistémica, transiciones hacia la sostenibilidad y procesos de desarrollo de capacidades entre distintas culturas y sectores. Como parte de su participación, entregó algunas visiones acerca de cómo Chile puede crear valor sustentable abordando las transiciones económico productivas que demandan los factores de cambio global.
Usted habla de la necesidad de crear un nuevo contrato social. ¿Cuáles serían sus alcances, cómo debiera darse y de qué manera la sociedad civil está invitada a ser parte, cuál es su rol?
“Lo primero que hay que entender es que esto no es algo planeado, sino que surgió a partir del proceso participativo. La lógica del nuevo contrato social es cómo hacer frente a la creciente desigualdad y descontento, porque hoy la gente no está feliz con la manera en que funciona el sistema democrático y cómo opera el diálogo entre los ciudadanos y los políticos. Esto reclama que evolucionen las prácticas del sistema democrático e implica un nuevo contrato social sobre cómo la sociedad articula y toma decisiones a nivel político de una manera completamente diferente”.
“El nuevo contrato social asigna valores renovados a los procesos abiertos y también más capacidades de actuar a distintos actores para avanzar en la toma de decisiones dentro de una perspectiva de futuro. También tiene que ver con cómo se brindan los servicios para la comunidad y cómo imaginamos la economía colaborativa y la prestación de servicios públicos”.
¿Podría mencionar algunos ejemplos existentes en otras partes del mundo?
“En Europa ya lo vivimos con el cuidado de las personas de la tercera edad. Existen residencias donde conviven estudiantes con adultos mayores, donde ambas partes contribuyen entregando algo que el otro necesita, cuidados y acompañamiento al médico, por un lado, comida, ropa y mantenimiento del hogar por otra parte. Son soluciones económicas, pero además de bienestar social o well being. No es un trato de enfermo-cuidador, es un contrato entre dos personas para convivir con mutuos beneficios que optimiza recursos y genera una mejor calidad de vida para ambos”.
“Esta misma estructura o contrato social debería estar habilitada también a nivel institucional, con servicios, impuestos y derechos a decidir cómo vivir y cómo mejorar la calidad de vida para toda la sociedad, aplicando un ejercicio de prospectiva”.
¿Cómo visualiza a las autoridades en este punto, están más preparadas para estos desafíos? ¿El proceso constitucional que se vive hoy en Chile tiene que ver con esta adaptación?
“Yo creo que las prácticas democráticas actuales están lejos de lo que la sociedad necesita. En el caso de Chile, la constitución es un instrumento político, pero el contrato social es un modelo que puede o no estar dentro de ese instrumento político. Para hablar de contrato social dentro de la Constitución, ésta debe ser más que un conjunto de normas y reglas, debe replantear relaciones y nuevas capacidades de la sociedad civil para la toma de decisiones y sentar nuevas prácticas que habiliten a la sociedad a ser parte y decidir en temas que los involucran, por ejemplo servicios públicos, acceso a recursos, cuidado del medioambiente, autogestión”.
“Pero no sólo eso: Además hay que habilitar a la sociedad para que tome ese tipo de decisiones, se debe generar un contrato entre iguales que necesita de ciertas condiciones para que eso suceda. El modelo actual no permite tomar esas decisiones. Aunque esté evolucionando, no permite esa libertad de autogestionar soluciones sostenibles. Sólo si las constituciones de los países plantean nuevas bases sobre cómo la sociedad se involucra, significa que avanzaremos hacia un nuevo contrato social”.
El camino hacia la sostenibilidad está muy relacionado con la economía. ¿Puede lograrse un futuro más sostenible sin crecimiento desmesurado? ¿Es posible crecer con frenos?
“El problema de fondo tiene que ver con qué llamamos crecimiento y cómo lo medimos. Si estamos midiendo el valor, en la producción, eso no es crecimiento. Ya no basta con decir que aumentamos en toneladas la exportación de minerales, hay que considerar también el impacto de esta actividad en el medio ambiente.
Por eso, hoy hablamos de generar otro tipo de valor en cuanto a la riqueza del país, con nuevos indicadores o métricas que agregan el bienestar y la biodiversidad como valores para hablar de crecimiento integral. Si produces, pero además reforestas o recuperas un río, hablamos de una inversión importante con un valor que será un beneficio para las siguientes tres o cuatro generaciones”.
“Por eso, es fundamental repensar a qué llamamos crecimiento o riqueza de las naciones. Las inversiones que realizamos como recuperación, reciclaje o economía circular y qué significan para la economía y la sostenibilidad en el largo plazo. En este nuevo escenario es imposible medir con los mismos estándares de antes y tenemos que reflexionar dónde se ponen los esfuerzos para mejorar la calidad de vida y utilizar los recursos naturales con que cuenta cada país para potenciar la sostenibilidad de sus habitantes”.
Se habla mucho del concepto de face out como parte de esta nueva realidad…
“El face out apunta a una salida de distintas prácticas, es una fase donde cualquier tipo de actividad o proceso sale del sistema. No es algo automático, sino que empieza con distintos procesos y siempre va a ser gradual”.
“Por ejemplo, veamos la industria de los combustibles fósiles. Llevamos décadas funcionando con ellos, pero ahora que somos conscientes del daño que generan en el ambiente, primero se optimiza su uso. Así vimos como a nivel global se volvieron más eficientes y gradualmente se innovó con autos híbridos y otras medidas. Luego, se desestabiliza el sistema haciendo más caros los combustibles tradicionales y dando mayores incentivos a otros como los eléctricos. En esta lógica, el face out vendrá en 2035 cuando logremos la movilidad eléctrica, es decir, derrumbemos el sistema (breaking down) y esta práctica ya no exista más. Pero la cero emisión es algo gradual”.
“Otro caso ocurre con la agricultura sostenible o cómo volver cultivos biológicos y orgánicos. Primero se regulan los pesticidas, los químicos y de forma simultánea se renuevan prácticas o se retoman prácticas milenarias. Se norma lo existente para mitigar daños y en paralelo, surgen nuevas prácticas. También existen agravantes que aceleran el proceso, como la escasez de agua o el daño en los suelos. Así es como funcionan las transiciones, no son procesos desconectados, sino que una suma de factores”.
¿Cómo ve la resolución de estos temas en el futuro?
“Son claves los acuerdos globales que puedan lograrse, porque es necesario un consenso entre la mayor cantidad de países sobre qué es biosostenible y qué reglas deben tenerse en consideración para que hablemos el mismo idioma. Para que sirvan, las pautas de sostenibilidad deben aplicarse de manera interna y también ser compatibles con el resto de los gobiernos”.
