Por: Pablo Herrera Monardes – Movimiento Autonomista Antofagasta
Tras la polémica generada por el rechazo del informe de la Comisión Investigadora del Sename II, como candidato a diputado del Movimiento Autonomista, respaldo totalmente la decisión tomada por Gabriel Boric de rechazar la propuesta. Es lamentable que la discusión se centre netamente en culpar a la exministra Javiera Blanco para eximir de responsabilidades al resto de involucrados.
Sin embargo, la decisión es ajena al lobby que se habría desarrollado para supuestamente “blindar” a Blanco. Creemos que el proyecto presenta varias deficiencias: no plantea políticas reparativas para niños víctimas de abuso, ni responsabilidades concretas – administrativas o penales – a todos los involucrados. No establece cambios de fondo a la institucionalidad.
Es importante señalar que, pese a que 3 gobiernos, 8 ministros y 7 directores del Sename son responsables de la muerte de mil 313 niños, éstos se encontraban exculpados por omisión de sus responsabilidades en el Informe de la Comisión Investigadora.
El problema de fondo es la falta de un Estado garante de los derechos de los menores, por lo que es necesario acabar con la lógica de mercantilización, que en este caso queda en evidencia por la ausencia de fiscalización y trabajo en conjunto con los organismos externos. El único criterio que se está evaluando es la subvención que reciben por cada niño y ahí se agota la responsabilidad fiscalizadora del Estado.
No se hace diferencia entre los infractores de ley y los menores en situación de vulnerabilidad, con una institucionalidad que no se focaliza en lo particular de estos dos casos a la hora de plantear políticas públicas. El Estado solo margina y segrega a los niños, sin considerar el desarrollo íntegro y digno, en un ambiente en el que se respeten sus derechos. No se contempla una ley de adopción adecuada, y se priorizan los convenios de adopción con otros países y por los que Chile recibe una contraprestación.
Si no existe un cuestionamiento de fondo, una mirada de respeto de los derechos de los niños y niñas, la voluntad de crear una nueva institucionalidad y de reparar a las víctimas de tortura, la propuesta presentada el 4 de julio es y seguirá siendo insuficiente y errada.
En los casos de tortura, como bien lo manifestó el INDH respecto al caso de maltratos de niños en Valparaíso, una cosa es que el servicio deba mejorar y otra muy distinta es un acto de tortura, el cual no puede ser justificado ni encubierto. Las autoridades involucradas en hechos de tortura deben responsabilizarse.
Destaco el trabajo de la bancada independiente que propone un proyecto de ley que contempla un defensor del niño, como un órgano autónomo del gobierno de turno; la aprobación de la ley de identidad de género; terminar con el Sename y crear dos órganos: uno encargado de infractores de ley y otro para los niños en situación de vulnerabilidad que requieren protección del Estado. Apoyamos la derogación de la ley de menores y cambiar el modelo de financiamiento de organismos colaboradores. Todas estas medidas permitirán avanzar en crear una nueva institución que vele realmente por los derechos y el bienestar de los niños y niñas de nuestro país.
