Por: Gabriel Caldes C. Consultor. MBA, Desarrollo Estratégico y Control de Gestión. Autor del libro “La Industria Sanitaria en Chile, de Cara al Siglo XXI”
En América Latina y en el tercer mundo, la desigualdad, pobreza y la vulnerabilidad de importantes sectores de la población, han sido temas que no siempre los Estados le han dado la prioridad o urgencia que se requiere. Mientras tanto, los que sufren la pobreza tienen que esperar limitando su vida, debido a que no gozan de las condiciones mínimas físicas y de entorno para vivir con dignidad e integrarse a la sociedad y al desarrollo.
Es cierto, que no existe justificación alguna para que la sociedad no destine sus mejores esfuerzos para superar la pobreza, pero también es cierto, que las variables que dan origen a esta compleja condición humana son históricas, estructurales y multicausales, donde están presente, entre otros temas, la educación, salud, alimentación, vivienda, trabajo, origen social y étnico.
En el caso Chileno, consecuencia del esfuerzo que ha realizado el país en los últimos 25 años, se ha logrado superar en forma importante la pobreza y el agua potable, alcantarillado y tratamiento de las aguas servidas, han jugado directa o indirectamente un importante rol en este logro.
De la pobreza difícilmente se puede salir sin tener acceso al agua potable y alcantarillado. Estos servicios, marcan la diferencia en el mejoramiento del desarrollo humano de un país y de la calidad de vida de cualquier familia, con mayor razón, en aquella población vulnerable. Pero esto no es suficiente, también existe pobreza aun cuando se tenga acceso a estos servicios, que sin ellos, la rudeza de la pobreza se convierte en extrema pobreza.
Para un país, contar con una cobertura universal de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas, le permite avanzar a un desarrollo integral, más equitativo y más justo.
Hace poco se dio a conocer el Índice de Desarrollo Humano (IDH), del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que se utiliza para determinar si un país es desarrollado, en desarrollo o subdesarrollado y también para medir el impacto de las políticas públicas sobre la calidad de vida de la población.
El Índice de Desarrollo Humano de Chile al 2018, es de 0,843 puntos (de 0 a 1) y se ubica en el lugar 44, siendo el país mejor posicionado de América Latina.
Sin duda que la evolución que han tenido los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en el país, han sido un aporte al desarrollo y sostenibilidad de la calidad de vida de la población urbana y del sector rural concentrado, que se refleja en estos y otros indicadores que miden la pobreza, calidad de vida y el desarrollo humano de la población de un país.
El logro de estos servicios, ha sido consecuencia de la prioridad sostenida que el Estado le ha dado en los últimos 30 años a los servicios sanitarios, creando un modelo que ha mostrado resultados que destacan en el contexto internacional. Estos resultados se deben: a) Un Estado que desarrolló una institucionalidad que permite fiscalizar y controlar la explotación de los servicios que se autofinancian a través de una tarifa y subsidia a aquellos familias vulnerables, b) Diseño de un marco jurídico que define la calidad de servicio, inversiones, deberes y derechos de los operadores y consumidores, c) Existencia de operadores públicos y privados y de un organismo fiscalizador, que han realizado una gestión profesional en la entrega y fiscalización del servicio, y d) una ciudadanía que entendió y aceptó pagar a regañadientes, una tarifa que da sustentabilidad a los servicios.
En el sector rural, ha sido el Estado, que desde la década de los 60 hasta la fecha, se ha hecho cargo de las inversiones y de apoyar a las comunidades rurales que administran estos servicios. En la actualidad, existen en operación unas 1.800 localidades rurales concentradas, entregando un servicio de agua potable con una cobertura de 99,8%.
El Estado, al iniciar el proceso de incorporación de privados a la explotación de estos servicios (año 1998), este, a través de su gestión directa, ya había logrado una cobertura urbana del 99,2% en agua potable, el 91,6% en alcantarillado y solo un 14% de las aguas servidas tenían tratamiento, produciendo un grave conflicto ambiental y sanitario. Entonces, la tarea que estaba pendiente, era enfrentar este pasivo ambiental que significaba no contar con aguas servidas tratadas, además de su financiamiento y operación. Tarea que se logró el año 2014, con el 100% de las aguas servidas urbanas tratadas del país y con una inversión privada aproximada de US$ 4.500 millones en 15 años.
Debemos reconocer que el modelo sanitario, a través de la tarifa, les ha permitido a los operadores recuperar la inversión y obtener su recompensa mediante rentabilidades promedio entre un 8% y 10%, logrando que exista una extraña pero estable, convivencia “casi incestuosa,” entre lo social y la rentabilidad por explotar un servicio básico, declarado como un derecho humano.
Lo anterior, no significa que en la industria del agua potable y alcantarillado esté todo resuelto, por el contrario, existen temas pendientes, entre otros, la calidad y seguridad de servicio que se ha visto afectada por el cambio climático, en la participación de los consumidores, en la transparencia en el cálculo tarifario, en la eficiencia hídrica de los operadores (pérdidas de agua), en la incorporación de nuevas tecnología que permita bajar los costos, etc.
Finalmente, los operadores y el organismo fiscalizador, se encuentran en una etapa que, si no quieren perder los equilibrios de esta convivencia casi incestuosa, deben enfrentar y adaptarse a los cambios políticos, sociales y tecnológicos del país, para proponerle a la comunidad un mejor servicio, con nuevos desafíos y que agregue valor, no solo a su hogar y vivienda, sino que también a su ciudad (smart city), con el objeto de seguir aportando al desarrollo del país y mejorando la calidad de vida de la población.
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