La acción judicial es contra quienes resulten responsables de los delitos de estafa, fraude al fisco, y apropiación indebida, relacionadas al servicio de “Medición de Parámetros Físicos y Nutricionales”, contratado por la Cormun en 2018

Tras una fiscalización a la Corporación Municipal (CORMUN) de Rancagua, la Contraloría decidió enviar al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado los antecedentes derivados de informe 405/2020, emitido el pasado 31 de mayo de 2021, que estableció irregularidades en la contratación, en el año 2018, del servicio de ‘Medición de Parámetros Físicos y Nutricionales’, que se realizaría a través de la aplicación IVEIS, y que estaba destinado a estudiantes de establecimientos públicos de la ciudad.

El informe de Contraloría establece que para llevar a cabo este servicio, se adquirieron 7.535 pulseras electrónicas, igual número de tarjetas SIM, además de smartphones e incluso se contrató una clínica de fútbol.  Revisa el Informe Completo

Por lo mismo, y en función de los antecedentes, el municipio de Rancagua interpuso una acción judicial contra quienes resulten responsables de los delitos de estafa, fraude al fisco, y apropiación indebida, relacionadas al hecho ocurrido durante la gestión de Eduardo Soto, ex alcalde de la comuna.

 

Al respecto, el actual alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, explicó que “presentamos todos nuestros antecedentes y colaboración al Consejo de Defensa del Estado, para que se investigue responsabilidades de quienes resulten responsables, civiles o penales, en este proyecto que son una importante cantidad de recursos de los niños vulnerables”.

El edil destaca además que “esto no es algo que esté en nuestra administración, sino de la administración anterior y también tenemos que resguardar el daño patrimonial que hoy tiene la Corporación Municipal de Rancagua”.

Informe

La Contraloría, primero, formuló reparos al costo de este servicio contratado por la Cormun a la empresa Natural Phone S.A. por un valor total de $448.332.500.

Asimismo, la Contraloría detectó que no se habrían entregado 7.535 tarjetas SIM y 165 pulseras inteligentes a los estudiantes, ya que no se pudo acreditar el destino final de estos productos; y que, por lo tanto, este servicio de Medición de Parámetros Físicos y Nutricionales no se habría realizado, ya que no se corroboró su utilización en todos los establecimientos educacionales. 

 Destacar que los dineros empleados para la adquisición de estas Pulseras y los servicios anexos, corresponden a recursos destinados a alumnos prioritarios o vulnerables de la comuna en el marco de la Ley SEP.