El requerimiento realizado por los integrantes  de la plataforma Recuperemos Calama, Miguel Ballesteros y Liliana González, hace mención a la figura legal de Lesión Enorme. El objetivo es que la restitución de 190 millones al Servicio de Salud que instruyó la Contraloría “no salga de los recursos de todos y todas las calameñas”

Un requerimiento para que la Corporación Municipal de Desarrollo Social (COMDES)  solicite legalmente rescindir del contrato o restituir los dineros de la compra del terreno que dicha repartición hizo a la familia del alcalde Daniel Agusto, realizaron los integrantes de la plataforma Recuperemos Calama, Miguel Ballesteros y Liliana González.

El documento ingresado formalmente, refiere a recurrir a la figura de Lesión Enorme de Compraventa, establecida en el artículo 1.888 del Código Civil. Esto, tras el último informe de la Contraloría Regional, que ordena a la Corporación reintegrar  al Servicio de Salud de Antofagasta (SSA) los $190 millones pagados con fondos “Per Cápita” que traspasa anualmente dicho servicio a las corporaciones de acuerdo a la planificación, e instruye sumarios administrativos por la irregular negociación, por la cual el mismo órgano contralor derivó los antecedentes a la Fiscalía en el año 2018 ante un eventual delito por conflicto de intereses.

Según se establece en la solicitud hecha por los representantes de Recuperemos Calama, el objetivo es que la restitución de dichos dineros al SSA “no salga de los recursos de todos y todas las calameñas, como tampoco genere desmedro al servicio de salud prestado a la comunidad ni a las condiciones laborales de los funcionarios de la Atención Primaria de Salud”.

 

“Hemos ingresado esta solicitud porque no queremos que sean las y los calameños quienes terminemos por financiar este negocio familiar, que es irregular por lo demás y cuyos antecedentes están en la Fiscalía. Es una oportunidad para que la administración municipal pueda enmendar este acto que compromete fondos públicos”, dijo Miguel Ballesteros.

Liliana González, por su parte, explicó la figura de Lesión Enorme “es una vía para cumplir con lo ordenado por la Contraloría, que en definitiva es rescindir el contrato y regresar los $190 millones, sin desmedro de que puedan existir otras opciones, la importancia hoy radica en encontrar la fórmula idónea y rápida para para dar solución a lo solicitado por la Contraloría.”

“Es importante visibilizar lo que hay detrás de este acontecimiento, en donde le cabe al alcalde y los funcionarios públicos realizar sus funciones bajo una serie de deberes y obligaciones, como el principio de probidad, que obliga a tener una conducta intachable y un desempeño honesto en el ejercicio de su cargo, así como el deber de abstención, que implica abstenerse de participar en decisiones en las que se pueda ver involucrada su imparcialidad, como el de realizar compras con quien tenga algún grado de parentesco, lo que ciertamente no se respetó en este caso.” agregó.

Los recurrentes, señalaron además que se mantendrán pendientes del desarrollo del caso y la realización de las diligencias pertinentes, sin descartar eventuales acciones legales en el caso de comprobarse de que no fueron acogidas las instrucciones dadas por la Contraloría, todo en miras al resguardo del interés de la comunidad.

“Debemos erradicar cualquier atisbo de corrupción de nuestras instituciones. A quienes nos inspira el servicio público nos debe regir el actuar transparente y conforme al deber, poniendo siempre el interés superior de la comunidad por sobre cualquier cosa y creemos que el control social, que es lo que estamos haciendo contribuye no sólo a la erradicación de eventuales delitos, sino también a prevenirlos a futuro”, concluyó Ballesteros.