La iniciativa, que consta de dos artículos, regula tanto el límite del plazo de propaganda, como los límites del gasto electoral en la segunda vuelta de las elecciones de los gobernadores regionales ahora será analizada por el Senado
Efectuar una corrección que viene a superar dos omisiones en torno a la aplicación de la Ley 20.990, que estableció la elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional, es el objeto del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, aprobado por la Sala de la Cámara de Diputados.
La propuesta, que fue despachada al Senado tras sumar 142 votos a favor y dos abstenciones, propone modificar dos cuerpos legales para lograr el normal desarrollo de las elecciones de los gobernadores regionales.
En ese plano, se pretende regular tanto el límite del plazo de propaganda, como los límites del gasto electoral en la segunda vuelta de las elecciones de dichas autoridades, antes de la primera elección calendarizada para el año 2020.
El texto, cuyo informe de la Comisión de Gobierno Interior fue rendido por la diputada Catalina Pérez (RD), resalta en sus fundamentos que la propaganda electoral es fundamental para toda campaña política, considerando que mediante esta los candidatos transmiten sus ideas y programas políticos.
Agrega que, la falta de regulación respecto a los límites del gasto electoral para la segunda votación en la elección de gobernadores regionales, en tanto, se estima compleja por dos razones.
- El financiamiento electoral de campañas políticas en nuestro país tiene límites legales estrictos, lo cual entrega certezas, ayuda a la transparencia y permite una adecuada rendición de cuentas ante las instituciones involucradas en el control del gasto, como ante la ciudadanía.
- Al no contar con una norma expresa que regule el límite del gasto en segunda vuelta electoral de gobernadores regionales, se podrían sostener interpretaciones diametralmente opuestas: por un lado, que al no existir límite, el gasto es libre, lo cual conllevaría a una serie de inequidades entre los candidatos afectando la competencia política; o, por otro lado, podría interpretarse que no podría existir gasto alguno dada la falta de regulación expresa en la materia.
Cabe señalar que este proyecto no establece un mayor gasto fiscal respecto a lo ya considerado para ley que regula la elección de gobernadores regionales.
