Más de tres horas duró el proceso al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, abordando diversas temáticas relacionadas con el ámbito de los derechos humanos, entre ellos, el compromiso del Gobierno en materia de reparación y el cuestionado retiro del proyecto que otorgaba un aporte en dicha línea a víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile

La política de derechos humanos del Gobierno del Presidente Piñera y, en particular, el retiro del proyecto que otorga un aporte único de carácter reparatorio a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile. Además, entre otros puntos, fueron parte de los temas abordados en la interpelación al ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien debió responder ayer a las preguntas efectuadas por la diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Carmen Hertz (PC).

La  diputada Hertz, quien interrogó al Secretario de Estado sobre los compromisos del Ejecutivo en materia de reparación a las víctimas de la dictadura cívico militar, recordó durante la interpelación, dolorosos y dramáticos hechos de tortura, represión política, exilio forzado y de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el periodo de la dictadura militar, entre 1973 y 1990.

En cada mención de memoria histórica, la legisladora, basada tanto en su experiencia personal como en los antecedentes recogidos en los Informes Valech y Rettig, recordó la deuda que tiene el Estado de Chile para con las víctimas de la represión o para con sus herederos, en el caso de las personas asesinadas o hechas desaparecer. Asimismo, hizo ver que esta deuda no solo responde a un deber ético-moral del país, sino también un deber relacionado a los compromisos adquiridos por medio de diversos acuerdos internacionales firmados.

En dicho plano, la parlamentaria, llamó al Ministro Larraín a plantearse que el retiro repentino del proyecto que buscaba otorgar un aporte único de carácter reparatorio a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile, ya sancionado en general por el grupo parlamentario, era una afrenta a los compromisos del país en materia de derechos humanos, viene a acentuar la impunidad para con la comisión de crímenes atroces y daña el espíritu de reconciliación de la nación.

Por su parte, el Ministro manifestó su total repudio a los hechos de violencia y de violación a los derechos humanos vividos durante la dictadura militar y recordó en reiteradas ocasiones que el país, a través de los diversos gobiernos que se han venido sucediendo desde 1990, ha buscado avanzar progresivamente y en forma seria en Verdad, Justicia y Reparación.

En dicho plano recordó, por ejemplo, las leyes Valech y Rettig, así como variadas iniciativas que han buscado avanzar en reparación, por medio de bonos, pensiones o beneficios en educación y salud. “A mi juicio, Chile lo ha hecho extraordinariamente bien, dentro de las limitaciones que tiene”, planteó, recordando que el país ha entregado recursos por US$6.1170 millones en materias como reparación, verdad, justicia y memoria histórica.

Respecto del retiro del proyecto, llamó a no observar una facultad privativa del Ejecutivo y remarcó que el Ejecutivo tuvo a la vista, al momento de retirar la propuesta, el hecho que fue presentada por la administración anterior a solo cinco días del cambio de mando y que no existen hoy los recursos fiscales para avanzar en la materia, dada la deteriorada situación financiera del país.

Asimismo, fue enfático en señalar que nunca ninguna reparación económica será suficiente para compensar a las personas que sufrieron los horrores de la represión y afirmó que el retiro del proyecto no es un cierre del capítulo. Además, resaltó que la agenda del Gobierno comprende un Plan Nacional de Derechos Humanos que incluye materias propias de la justicia transicional, como son el financiamiento de procesos judiciales, continuar con la búsqueda de personas desaparecidas y excavaciones en esa línea y avanzar en la memoria histórica; pero también en torno a otros temas de preocupación, como son la situación de los niños vulnerados en sus derechos, migrantes y personas privadas de libertad.

Al término de la sesión, la Sala de la Cámara aprobó, por 74 votos a favor, 53 en contra y diez abstenciones, un proyecto de acuerdo por medio del cual se le solicita al Presidente de la República que reponga el citado proyecto de reparación.

Además, se plantea que se considere un aumento significativo en los montos del bono reparatorio anual, logrando en un plazo de tres años igualar el ingreso mínimo en división mensual; e inyectar recursos al programa PRAIS para dotarlo de infraestructura y personal necesario que cubra las necesidades de las víctimas a nivel nacional.

Intervención de cada bancada

En la fase final de la jornada de interpelación, un representante de cada bancada política presente en la Corporación tuvo cinco minutos para exponer su posición sobre el tema.

El diputado Gonzalo Fuenzalida, en representación de Renovación Nacional, abrió el debate señalando que su partido tiene un fuerte compromiso con los DD.HH., así como el gobierno de Sebastián Piñera. Afirmó que la mirada siempre ha sido en apoyo a las víctimas y para condenar los atropellos que estimó justo sean reparados por el Estado de Chile, tal como ya se hizo en el pasado por medio de otras leyes serias y posibles de llevar a cabo.

Sin embargo, cuestionó que el gobierno anterior, a fines de su mandato, envíe a trámite un proyecto reparatorio de la envergadura que se planteaba, sin que se contara con el financiamiento para ello. “Para esta bancada, lo que hizo el gobierno (de Michelle Bachelet) adolece de toda responsabilidad y seriedad”, afirmó, remarcando luego que la falta de recursos para sustentar la propuesta no restarán el esfuerzo para reforzar las políticas de DD.HH.

En representación del PS, el diputado Fidel Espinoza dijo alegrarse del cambio de postura de la derecha en tema de DD.HH., aunque lamentó que ello no haya sido vivido también en la época de la dictadura, cuando con acciones o con su silencio apoyaron acciones de represión. “Se habría tenido muchas menos víctimas”, planteó. Basado en su experiencia propia, reconoció los beneficios entregados por el Estado para las víctimas, pero fue enfático en destacar la importancia del actual acuerdo reparatorio el que aseguró se presentó con su informe financiero correspondiente.

El diputado Mario Venegas, a nombre de la DC, observó que la oposición no estaba discutiendo la correspondencia legal del retiro del proyecto, sino que se está ejerciendo una facultad fiscalizadora para conocer por qué se retiró, especialmente cuando ya contaba con la aprobación en general de la comisión técnica.

Estimó que “reparar es un deber del Estado de Chile” y de colaborar con chilenos que sufrieron los peores padecimientos por causa de la represión de la dictadura. En este plano, señaló que su partido seguirá insistiendo en que se materialice la modesta reparación, por lo que llamó a restituir la iniciativa.

A nombre de la bancada de la UDI, el diputado Jorge Alessandri criticó que el discurso de la oposición no avanza en reconciliación, hecho que dijo entender dado que la administración anterior “le entregó un cheque en blanco y sin fondo por una reparación que no puede ser pagada hoy”.

Recalcó que el Ejecutivo tiene la facultad de retirar los proyecto en trámite y defendió férreamente la persona del ministro Larraín, al tiempo que sostuvo que su bancada ha apoyado desde 1990 todos los proyectos de reparación presentados, mostrando en ello y otras acciones su compromiso con los DD.HH.

En representación de la bancada RD, el diputado Miguel Crispi agradeció la oportunidad de analizar el tema a los ojos de una nueva generación y de ver el futuro que se quiere tener en Chile para concretar un país reconciliado. Consideró que el Estado de Chile tiene la obligación de reparar y desestimó el argumento de que las arcas fiscales no lo permiten. Sostuvo que no defienden a ningún gobierno en particular y evaluó que la actual administración tiene la oportunidad de avanzar en el tema reparatorio, por lo que se sumó a la idea de solicitar al Ejecutivo la presentación de una propuesta en dicha línea.

El diputado Tucapel Jiménez, a nombre de la bancada PPD-PRO, dijo estar preocupado por la actitud del gobierno, de retirar más proyectos de los que presenta. Asimismo, señaló que temen por las incitaciones al odio que se puedan presentar, como algunas expresiones manifestadas en las tribunas durante la interpelación. Criticó que el ministro no dio el aviso del retiro y permitió que la Comisión continuara su trabajo hasta el último momento.

El diputado PRSD Carlos Abel Jarpa mencionó a nombre de su colectividad casos de violaciones a los DD.HH. vividos durante la dictadura y sostuvo que es preciso mantener un clima de verdad y justicia en nuestro país. Asimismo, como otros legisladores de oposición solicitó avanzar en el tema reparatorio.

Por la bancada del Frente Regionalista-Independientes, el diputado Esteban Velásquez recordó hechos de represión y consideró que esta jornada fue una oportunidad para no perder la capacidad de asombro sobre los actos de violaciones a los derechos humanos. Pidió reponer el proyecto y profundizar en educación en la materia, de modo que los pasados hechos no vuelvan a ocurrir.

Por la bancada mixta Humanista, Liberal, Poder, Ecologista Verde, el diputado Tomás Hirsch hizo mención a los acuerdos internacionales y a la importancia que el país avance en una real reparación para quienes sufrieron de tortura política y llamó a “salir de los discursos hipócritas” y ofrecer no solo justicia, sino toda la reparación necesaria. Planteó que el Gobierno se “farreó una oportunidad histórica” para resarcir las acciones del pasado de la derecha chilena y remarcó que la unidad nacional pasa por hacer verdad, justicia y reparación a todos los expresos políticos ahora.

Por Evópoli, el diputado Luciano Cruz-Coke dijo empatizar con el dolor de todos aquellos que sufrieron vejaciones y tortura, pero consideró que Chile ha hecho esfuerzos en materia de verdad, justicia y reparación. En todo caso, estimó que el Estado chileno continuar en dicha senda, aunque justificó el retiro del proyecto citado dada la actual situación financiera.

Finalmente, por la bancada PC, el diputado Hugo Gutiérrez afirmó que, en Chile, como en todo orden de cosas, se ha avanzado en verdad, justicia y reconciliación, pero a medias, sin entenderse que no son una moneda de cambio una por otra, sino que son conceptos integrales sobre los cuales el Estado debe responder. En este plano, sostuvo que el proyecto retirado buscaba reparar en parte las consecuencias de la represión militar.