El documento es categórico respecto de la carencia de controles internos y la negligencia de los de los directores de finanzas de la institución. Asimismo, reprocha el actuar de los exgenerales directores Bernales, Gordon y González

Una clara ineficacia del control interno, que no fue solucionada por las autoridades de Carabineros de Chile, así como una considerable dispersión normativa en lo que se refiere a la estructura orgánica, funciones y atribuciones de las diversas unidades administrativas de la institución habrían facilitado la comisión del cuantioso fraude que afectó a la entidad, que a noviembre llegaba a los 26 mil millones de pesos y que se espera alcance los 30 mil millones de pesos.

Dichas conclusiones son parte del informe aprobado por la Sala de la Cámara de Diputados, texto que fuera elaborado por la Comisión Investigadora relativa a las irregularidades en la gestión y administración financiera en Carabineros de Chile, que desarrolló su trabajo entre abril y noviembre de 2017.

El grupo parlamentario consideró que en Carabineros se realizó un fraude de enormes proporciones, sistemático, que se mantuvo en un extenso período (al menos desde el año 2006), ejecutado por “una organización jerárquica” (según Fiscalía) que incluía funcionarios, particularmente del Escalafón Intendencia, activos y en retiro, y también civiles (a la fecha 126 personas).

Los legisladores observaron que dentro de la institución hay “una grave falta de atención a la necesidad de tener controles permanentes y dotados de la sofisticación necesaria para cautelar el buen uso de los cuantiosos recursos públicos puestos a disposición de la institución para el cumplimiento de sus funciones, de conformidad con las buenas prácticas y estándares de administración exigibles a cualquier servicio público”.

Responsabilidades

En lo que se refiere a la Dirección de Finanzas, donde los ilícitos fueron organizados y ejecutados durante 12 años, se concluyó que “los generales de intendencia a cargo de aquella no realizaron un plan efectivo de acciones para supervisar el trabajo de sus subordinados”.

Se remarca que, con independencia de las eventuales responsabilidades penales, civiles o administrativas que resulten, los directores de Finanzas, entre 2006 y 2017, “son responsables de una negligencia inexcusable en el ejercicio de sus funciones, al no establecer sistemas de control efectivos para las operaciones, particularmente del sistema de pago de remuneraciones y desahucios, entre otros”. En ese sentido se menciona a los generales que ejercieron dicho cargo, Iván Whipple y Flavio Echeverría como responsables de esta negligencia.

Respecto a la Subdirección General de Carabineros que ejerce el mando sobre la Dirección de Finanzas, se estima que los titulares que ocuparon dicho cargo (generales Juan Donati, Eduardo Gordon, Gustavo González, José Ortega, Carlos Carrasco y Marcos Tello) “tienen una responsabilidad jerárquica derivada del incumplimiento del deber de supervisión respecto a las labores de la Dirección Finanzas”, lo que los diputados consideraron “constituye una omisión grave”.

En lo referido a la Inspectoría General y quienes ejercieron su mando desde 2006 (seis generales), los legisladores sostuvieron que “no cumplieron su deber de fiscalizar la eficiencia y eficacia de los sistemas de control y establecer procedimientos para supervisar el proceso de pago de remuneraciones, foco donde está la mayor cantidad de presupuesto de Carabineros, y por tanto, se constituye en objeto de especial control”.

A los Generales Directores de Carabineros, desde el 2006 al 2015 (José Bernales, Eduardo Gordon y Gustavo González), “se les reprocha no haber adoptado con diligencia las medidas tendientes a superar la falta de control imperante a nivel institucional, situación que se está corrigiendo, recién a partir de la difusión del fraude, mediante la implementación del plan de reestructuración y ajuste a los sistemas de gestión y control de Carabineros”.

La Comisión emitió, además, un reproche especial al exgeneral director Bruno Villalobos, ya que el conjunto de medidas de reestructuración fuera anunciado solo después de que los hechos fueran conocidos por la opinión pública.

En relación al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, -del cual depende constitucional y legalmente Carabineros-, se definió que incumplió “el deber de dar seguimiento a las observaciones e instrucciones emitidas por la Contraloría General de la República en el ámbito de sus competencias de control sobre Carabineros”.

En este plano, se estimó imprescindible que los controles y seguimientos sean lo suficientemente eficaces y eficientes para prevenir hechos como los investigados.

Otras instituciones

Sobre la labor de la Contraloría General de la República, que no sólo se circunscribe al fraude investigado por la Comisión, existió una debilidad del organismo para realizar la fiscalización y una cierta deferencia que existió en el control de las instituciones tanto de las Fuerzas Armadas como de Carabineros.

Sobre la Unidad de Análisis Financiero (UAF), resulta difícil explicar cómo durante 12 años y dado los montos defraudados, existió un limitado número de Reportes de Operaciones Sospechosas, ROS, reportado por el Sistema Financiero a la UAF. Pero a juicio de los integrantes de la comisión, “la entidad cumplió correctamente con su cometido, enviando, en su oportunidad, tanto el año 2011 como el 2016, los reportes correspondientes al Ministerio Público”.

Respecto a Banco Estado, se determinó que “actuó sin la diligencia debida al no ejecutar los controles necesarios y analizar la información de transferencias de remuneraciones de Carabineros, algunas de las cuales, de manera reiterada, resultaban absolutamente anormales, lo que debió ser detectado por los sistemas de control e informado a la institución competente”.

El informe remarca también que, pese a descubrirse una red de corrupción tan extendida al interior de la institución policial, no puede colocarse en tela de juicio el trabajo honrado y sacrificado de miles de hombres y mujeres de Carabineros, que día a día desarrollan su labor en cada comuna y localidad de nuestro país.

Propuestas

Como vías para avanzar, el informe plantea diversas propuestas entre las cuales se encuentran: que los fondos internos sean administrados en cuentas corrientes subsidiarias de la cuenta única fiscal; sistematizar permanentemente la normativa orgánica de Carabineros de Chile; e implementar un modelo de gestión de riesgo.

Además, se plantea fortalecer a la Contraloría de la institución; implementar un sistema de auditorías externas; implementar nuevas herramientas de gestión; perfeccionar la legislación relativa a la rendición de cuenta de gastos reservados; potenciar el uso de la tecnología para las auditorías; y fomentar activamente la cultura de la probidad y transparencia en la entidad, entre otras.