Por: Gabriel Caldes C. Consultor. MBA, Desarrollo Estratégico y Control de Gestión. Autor del libro “La Industria Sanitaria en Chile, de Cara al Siglo XXI”
La nueva administración del país, en marzo del presente año se encontrará con una serie de temas que deberá enfrentar, uno de ellos es el agua. Es cierto que aún queda mucho por realizar y que parte de la tarea está realizada, pero lo importante es avanzar en base a lo que se ha hecho, dar pasos adelante, consensuados y no partir nuevamente de hipótesis o miradas políticas de corto plazo y seguir dándonos vuelta en temas que están razonablemente consensuados.
Chile cuenta con una serie de análisis, estudios técnicos y científicos e informes del Banco Mundial, OCDE, CEPAL y otros organismos que permiten levantar en un breve plazo una gran política hídrica de largo plazo, que nos permita empezar a ejecutar y concretar los cambios para enfrentar la nueva etapa hídrica que nos toca vivir producto del cambio climático. Sería un error centrar en la modificación del Código de Agua, que se encuentra trabada en el Congreso en una discusión ideológica corto placista, como el gran instrumento que nos solucionará el conflicto hídrico. Esta modificación legal de ninguna manera resuelve la escasez hídrica y tampoco es el centro de la solución del conflicto hídrico o del cambio climático, es importante, pero solo es complementaria.
El último informe sobre “Brechas y estándares de gobernanza de la infraestructura pública en Chile” de la OCDE del 2017, y las exposiciones de científicos nacionales e internacionales del “Congreso del Futuro” realizado en Chile, nos indican que el tema del agua se debe enfrentar en forma holística, integrada con mirada de largo plazo y a la brevedad. Cualquier solución, para que sea efectiva y de largo plazo debe contemplar un cambio institucional de la gobernanza del Agua, que permita concentrar en una institución moderna y eficaz la gestión, información y fiscalización normativa y operacional del agua.
Uno de los temas claves es su gobernanza, si bien es cierto que la gestión de los recursos hídricos se encuentra en el MOP a través de la DGA, existen muchas instituciones que toman decisiones. La institucionalidad del Estado no está preparada para el Chile actual y menos para realizar una gestión eficiente de los recursos hídrico. En varios informes del Banco Mundial, del BID y de la OCDE se ha planteado este tema, recomendando la creación de al menos de una Subsecretaría del Agua. Cualquier solución, para que sea efectiva y de largo plazo, debe contemplar un cambio institucional de la gobernanza del Agua, que permita concentrar en una institución moderna y eficaz la gestión, información y fiscalización normativa y operacional del agua.
Varios ministerios han diseñado planes o políticas relacionadas con el cambio climático como los ministerios de Medio Ambiente, Energía 2050, Agricultura 2030 el MOP con el Plan Chile 30/30 que incluye las inversiones en infraestructura y entre ellas las referidas al agua. Pero según la OCDE, no existe una coordinación entre los ministerios que permita tener una mirada compartida y que estos programas conversen entre ellos. Estos programas, si bien es cierto son aprobados por cada ministerio y posteriormente difundidos en discursos, exposiciones, redes sociales, página web, etc, no están consensuados con los distintos actores públicos, privados, científicos y políticos que le den sustento frente a la comunidad, su financiamiento y permanencia en el tiempo. El país debe tener un plan hídrico de largo plazo, integrado que defina metas, indicadores y que los gobiernos den cuenta del avance en su gestión.
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