Gremio de la construcción revisó la norma emanada en febrero, la que entregará autonomía política, administrativa y financiera a los Gobiernos Regionales   

Una reciente encuesta aplicada en la región de Coquimbo reveló que ocho de cada 10 habitantes “no responde, no sabe o no identifica” a una figura política como próximo gobernador regional. La pregunta no fue antojadiza, ya que una de las principales incidencias que trajo el nuevo proceso de descentralización en Chile, fue la Ley N°21.073 que Regula la Elección de Gobernadores Regionales y Realiza Adecuaciones a Diversos Cuerpos Legales. La norma, promulgada en febrero pasado, establece por primera vez la elección democrática de una autoridad que sea capaz de liderar el territorio, permitiendo tener mayor sintonía con los requerimientos de la ciudadanía.

Si bien para dichos comicios falta bastante -pactados para octubre de 2020- en la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) La Serena se mostraron interesados en profundizar en los alcances para estar preparados ante esta nueva institucionalidad. De allí que se organizó un seminario que congregó a expertos que han jugado un rol relevante en la búsqueda de traspasar mayores competencias a las regiones, como el exsubsecretario de Desarrollo Regional (Subdere), Ricardo Cifuentes, y el exintegrante de la Comisión Asesora Presidencial para el Desarrollo Regional, Luis Moncayo, quienes se refirieron a la citada Ley N°21.073 y la Ley N°21.074 de Fortalecimiento de la Regionalización del País.

En todo caso, fue el past presidente del gremio regional, Martín Bruna, quien abrió el debate -representando al presidente de la Comisión de Desarrollo Regional CChC, Jan Gysling-. En su interenció, el dirigente fue claro: Había que ser parte activa de este proceso trascendental para el país. “Nos interesa saber con claridad los alcances del traspaso de competencias desde el nivel central a las regiones, además de la metodología de asignación de recursos. Para ello nos hemos propuesto una participación protagónica para colaborarle a la autoridad en el diseño de los reglamentos para consolidar el vínculo que hemos logrado y proveer de un permanente diálogo constructivo en virtud del bien común de la región”, dijo.

Para el presidente de CChC La Serena, Sergio Quilodrán, se está ante un hecho inédito que marca un punto de inflexión para el desarrollo de las regiones. “El 80% de las decisiones de inversión del país se toman a nivel central, las que muchas veces no tienen mayor relación con los sellos productivos de los territorios. Hoy tenemos la posibilidad de definir vocaciones productivas, fortalecerlas y orientarlas hacia el aumento de la calidad de vida de las personas”, acotó.

Competencias y Autonomía

Una de las fases esenciales dentro de proceso de descentralización es la entrega de atribuciones a las regiones. Luis Moncayo, experto en la materia y exintegrante de la Comisión Asesora Presidencial de Desarrollo Regional, hizo hincapié en tres variables: Nuevas funciones de los GOREs, transferencia de competencias y visión de áreas metropolitanas.

“La transferencia será clave, pues evitará duplicidad de funciones y focalizará los recursos. Por ello es importante que definamos desde ya qué competencias requerimos como región. La Corporación Regional de Desarrollo Productivo nos podría ayudar a dilucidar esa duda con algún estudio”, señaló Moncayo.

En esa línea, el gremio constructor ya identificó algunas alternativas. “Con esta ley de fortalecimiento regional, toma especial relevancia el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) para evitar los desequilibrios urbanos y la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD), la que se actualiza en 2020 y que nos entrega una hoja de ruta acerca de qué territorio queremos”, puntualizó Quilodrán.

En tanto, el exjefe de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), Ricardo Cifuentes, estableció que la meta de la norma dictada en febrero pasado fue entregar autonomía política, administrativa y financiera a los GOREs. “Todo proceso de descentralización parte de una decisión política, por ello es que hay mucha tarea administrativa por hacer de aquí al 6 de enero de 2021, que es cuando se instalará la nueva autoridad regional”, precisó Cifuentes.

También destacó el rol que asumirá el Consejo Regional, que será la contraparte del gobernador regional y tendrá funciones fiscalizadoras en la disposición de recursos. “La responsabilidad de los Gobiernos Regionales será enorme, ya que tendrán la facultad de ejecutar obras, no necesitando convenios mandatos como sucede en la actualidad”, estimó.

Finalmente, Cifuentes definió las tareas a asumir por la autoridad en los próximos años: Una correcta relación con los privados, incorporar a las universidades en el debate, preocuparse de la movilidad y preservar el medioambiente. Agregó que “este proceso de fortalecimiento de las regiones debe servir para potenciar y consolidar el vínculo público – privado”, concluyó la exautoridad.