También se aprobó la entrega de recursos provenientes del Royalty a las regiones, adicionales a los que actualmente reciben y por un período de diez años a través de tres fondos especiales

La Comisión de Hacienda del Senado aprobó y despachó a la Sala el proyecto que establece un Royalty Minero, iniciativa que modifica los impuestos que gravan a las grandes empresas del sector y distribuye parte de la recaudación, US$ 450 millones, a Gobiernos Regionales y Municipios de todo el país.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó el importante avance logrado tras varias jornadas de negociaciones que culminaron en torno a un protocolo de acuerdo con los senadores de la oposición.

“En la medida que se apruebe en los términos que se han discutido en la Comisión, generará una recaudación anual de 0,45% del PIB (Producto Interno Bruto) en régimen, un tercio del cual se destinará a las regiones, a 32 comunas mineras y a 309 municipios más pobres del país. Asimismo, la aprobación de este proyecto terminará con la incertidumbre que ha rodeado a las inversiones mineras, facilitando la materialización de las mismas”, resaltó el Ministro.

Durante esta jornada, los parlamentarios aprobaron las últimas indicaciones acordadas entre el Gobierno y los parlamentarios que, en lo esencial, establece una nueva carga tributaria potencial máxima diferenciada: de 46,5% sobre la renta imponible operacional minera ajustada (RIOMA) para aquellas mineras que produzcan más de 80 mil toneladas métricas de cobre fino (TMCF); y de 45,5% para las empresas que produzcan entre 50 mil y 80 mil TMCF.

La carga tributaria potencial máxima establece el techo que pagarán las grandes mineras en tributos, considerando conjuntamente el pago del impuesto específico o royalty, el impuesto de primera categoría y los impuestos finales (adicional).

Otro de los aspectos aprobados por la Comisión de Hacienda del Senado es la entrega de recursos provenientes del Royalty a las regiones, adicionales a los que actualmente reciben y por un período de diez años, a través de la creación de tres fondos:

• Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, por US$ 225 millones a beneficio de los Gobiernos Regionales y que serán distribuidos según los criterios del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

• Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, por US$ 170 millones a favor de las comunas más vulnerables que presentan una mayor dependencia al Fondo Común Municipal (FCM). En total, 309 municipios recibirán recursos por esta vía.

• Fondo Comunas Mineras, por US$ 55 millones para aquellos municipios que mantengan dentro de sus territorios faenas relacionadas directamente con la actividad minera, como yacimientos, fundiciones y refinerías, relaves, puertos, entre otros, lo que fue precisado vía indicación. En total son 32 comunas beneficiadas de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins.

Tras la sesión, el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Nicolás Cataldo, agradeció el trabajo realizado por los parlamentarios de la Comisión de Hacienda del Senado, destacando la descentralización fiscal que permitirá este proyecto.

“Es una muy buena noticia para el país, ya que el incremento de los recursos fiscales que contempla este proyecto beneficiará de manera directa a los gobiernos regionales y municipalidades del país, buscando avanzar en el cierre de brechas territoriales con foco en aquellas comunas con menos ingresos propios. Con esta aprobación, estamos dando un paso importante en los compromisos de descentralización que el Presidente Gabriel Boric hizo en el marco de su programa de gobierno en relación al aumento de recursos para los gobiernos locales”, efatizpo Cataldo.

Tasas y ad valorem

El proyecto, que según el artículo primero transitorio entraría en vigencia desde 2024, regula el componente del impuesto específico sobre el margen minero para aquellos explotadores mineros cuyas ventas provengan en más de un 50% de cobre y posean ventas sobre las 50 mil de TMCF. Se establece un esquema de tasas de entre 8% y 26% en función del Margen Operacional Minero (MOM) y se considerará la depreciación y los gastos de puesta en marcha en el cálculo de los costos.

Cabe recordar que los explotadores mineros que produzcan menos de 12 mil TMCF estarán exentos de Royalty Minero, mientras que aquellos que producen entre 12 mil y 50 mil TMCF mantendrán su actual régimen de tasa progresiva de entre 0,5% y 4,5% de su producción anual. Y para aquellos con ventas mayores a 50 mil TMCF, pero producen más de un 50% de minerales distintos al cobre, quedarán sujetos a una tasa marginal de entre 5% y 15%, según el margen operacional minero.

Adicionalmente a lo anterior, se fija un impuesto ad valorem de 1% para aquellas empresas mineras cuyas ventas superen las 50 mil TMCF, excluyendo a la pequeña y mediana minería, y en los casos en que la firmas tengan un resultado operacional negativo (RIOMA negativa), no procederá el pago de este componente. Este tipo de gravamen es similar al que establecen otras jurisdicciones mineras como South Australia y Queensland (Australia), Indonesia, British Columbia (Canadá), China y Brasil, entre otras.

Protocolo de acuerdo

La subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, dio a conocer en la sesión el protocolo de acuerdo suscrito entre el Gobierno y los senadores con el propósito de viabilizar la aprobación del proyecto en todos los trámites legislativos restantes. Es así como a las indicaciones materializadas en la Comisión de Hacienda, se adicionaron los siguientes compromisos:

En la Ley de Presupuestos de 2024 -2025 se:  

• Establecerá un fondo puente de apoyo a las regiones y municipios para 2024, por el 50% del aporte que éstos percibirán con cargo al Royalty minero desde 2025. Esto equivale a US$112,5 millones a beneficio de los Gobiernos regionales a través del Fondo para la Productividad y el Desarrollo; US$85 millones para el Fondo de Equidad a distribuir entre las comunas con mayor dependencia del fondo común municipal; y US$27,5 millones a beneficio del Fondo de Comunas Mineras.
• Creará un Fondo Plurianual para la Seguridad Ciudadana en la ley de presupuestos de 2024. A este fondo se agregará un aporte de US$350 millones anuales por tres años a cuenta del Royalty Minero, desde 2025.
• Establecerá un fondo trianual de recursos para apalancar proyectos de inversión en infraestructura productiva en las regiones del norte del país (Arica y Parinacota a Coquimbo), que no sean abordables en su integridad por los gobiernos regionales. Para esto se contemplarán recursos por un promedio de US$ 200 millones anuales en las leyes de presupuestos de 2024 a 2026.

En la Ley de Rentas Regionales se incorporará:

• Una revisión de la fórmula de distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
• Obligación de información, transparencia y auditoría de los gastos de inversión y operación de Gobiernos Regionales, además de la evaluación de los programas que ejecuten.
• Una actualización de los criterios para la distribución del Fondo Común Municipal, incluyendo ajustes de población, indicadores socioeconómicos, tales como pobreza multidimensional.

Se fortalecerá la coordinación entre instituciones ligadas a la producción minera, en relación con:

• La coordinación de instituciones fiscalizadoras en relación con la tributación minera, generando mecanismos de colaboración e intercambio de información permanente entre el Servicio Nacional de Aduanas, Servicio de Impuestos Internos y la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO).
• La coordinación de la seguridad en faenas mineras, dando cuenta de situaciones que pudieran poner en peligro la integridad de trabajadores e instalaciones industriales.
• La reducción de plazos para la aprobación de proyectos mineros. Se adoptarán las medidas necesarias para reducir en un tercio el tiempo de tramitación de permisos para proyectos de inversión minera, sin que ello afecte el cumplimiento de la normativa ambiental. Para ello se constituirá una mesa técnica que en los próximos 60 días identifique las medidas presupuestarias, administrativas y legales necesarias para cumplir dicho objetivo. Se encomendará a la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad construir la línea de base y reportar los avances en el logro de esta meta.