Los parlamentarios consideran que existieron negligencias inexcusables por parte de la Dirección de Finanzas de la institución. No hubo consenso entre los diputados respecto a la responsabilidad política y administrativa de los generales directores, incluido Bruno Villalobos
Según determinó la instancia a través del voto de mayoría, el general director de la institución, Bruno Villalobos, no tiene responsabilidad directa en la acción que investiga el Ministerio Público y que dice relación con el fraude que superaría los $26.500 millones.
En tal sentido el informe apunta la responsabilidad principal en la figura del ex director de finanzas, general (r) Flavio Echeverría, omisión grave por parte de los subdirectores de la institución y falta de fiscalización por parte de la inspectoría general.
Según explicó el presidente de la comisión investigadora, diputado Jaime Pilowsky (DC), el fraude respondió a una falta de control que se prolongó por muchos años y que obliga a adoptar las medidas que sean pertinentes para evitar que hechos de este tipo se repitan.
El legislador sostuvo que, por ello, las responsabilidades recaen principalmente en el personal encargado del control de las finanzas y no en el general Villalobos, bajo cuya administración concluyeron las transferencias ilícitas.
Explicó que “los hechos y la transferencia del fraude se producen hasta noviembre de 2015. Se paralizan eventualmente esas transferencias y, por lo tanto, los hechos acaecidos terminarían el 2015, salvo lo que es la asociación ilícita. Y, en ese sentido, creemos que la responsabilidad más bien surge por el lado de no haber tomado medidas de control hacia delante, que fuern tomadas recién en abril de 2017, ya habiendo transcurrido un tiempo necesario para aquello”.
Sin embargo, para los diputados Sergio Espejo (Ind) y Leonardo Soto (PS), el informe se quedó cortó en cuanto a la responsabilidad de Villalobos, a lo menos en lo que califican como falta de dirigencia al momento de detectarse el registro del millonario fraude.
Al respecto, el diputado Soto dijo sentirse decepcionado. “Hubiera esperado un mayor compromiso y una mayor severidad en el análisis de los hechos. Creo que los hechos son tan graves que las consecuencias son evidentes: tiene que haber responsabilidad de los generales directores. Establecer que no la hay me parece que es absolutamente inconsistente, débil y hasta permisivo hacia el futuro de la institución. Yo hubiera preferido una señal de mayor severidad y, por supuesto, estoy decepcionado”.
Cabe agregar que el informe, que quedará ahora a consideración de la Sala de la Cámara para una próxima votación, establece además una responsabilidad del BancoEstado por no detectar las transferencias y un reproche a la actuación del Ministerio del Interior.
