En la ocasión, la Jefe de Estado resaltó que “La idea es que quienes le han fallado a la sociedad ayer, reciban hoy las herramientas para no cometer el mismo error y pongan sus capacidades al servicio de nuestra comunidad”

La Presidenta Michele Bachelet, recibió de mano del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos, la “Política Pública de Reinserción Social”, elaborada por el Comité Asesor para Ia Reinserción Social.

En la oportunidad la Mandataria sostuvo que “este documento de política que representa, nos parece, un valioso aporte para el avance de la justicia en nuestro país. Y digo bien justicia, en su sentido más amplio, porque es necesario considerar tanto el respeto de las reglas, la seguridad de todos, como las posibilidades que entregamos como sociedad para que quienes cometen un delito, puedan efectivamente comenzar una nueva vida”.

Esta política se constituye como una hoja de ruta con 87 medidas de corto, mediano y largo plazo en 7 ámbitos de acción y mecanismos de implementación y desarrollo.

Fue elaborada a través del trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos junto al Comité Asesor para la Reinserción Social, conformado por actores, públicos y privados, académicos, ex ministros y ex ministras de justicia, representantes de las iglesias con presencia en recintos penales y organizaciones de la sociedad civil. Este comité sesionó en todo el país, a través de comités y subcomités temáticos regionales desde Arica hasta Magallanes.

“La idea es que quienes le han fallado a la sociedad ayer, reciban hoy las herramientas para no cometer el mismo error y pongan sus capacidades al servicio de nuestra comunidad”, agregó la Gobernante.

Dentro de las medidas está la implementación de programas de educación, capacitación y reinserción laboral; un subsidio a la contratación de personas infractoras de ley para el sector privado; el diseño de un nuevo sistema de eliminación de antecedentes penales para mejorar el acceso al mundo laboral; y la instalación de mecanismos para el ejercicio del derecho a voto de las personas privadas de libertad.

Al finalizar sus palabras manifestó que “No es posible, por otro lado, pensar en una reinserción eficaz, si no hay verdaderamente acceso a oportunidades. La condena no puede ser sinónimo de profundizar carencias que, sabemos, muchas personas privadas de libertad han tenido que enfrentar en sus vidas”.