Por: Diego Amcalao G. Profesor. Dirigente Político Mapuche
El Intendente de La Araucanía, Luis Mayol, el 20 de mayo en El Mercurio, aseguró que el problema del pueblo mapuche es la pobreza y que ésta se debe a que el mapuche no trabaja sus tierras, apuntando que de las 150 mil hectáreas que se han entregado a las comunidades, a lo menos hay un 60% que no han sido ocupadas por las propias comunidades que las reciben. A contar de este “dato” cree que la solución es permitir la venta y el arriendo de tierras indígenas, modificando la ley 19.253, que establece que las tierras “se entregan con una prohibición total de vender, hipotecar y constituir gravámenes que permitan acceder al sistema de financiamiento o una asociatividad con alguien” no mapuche.
Es decir, cree que la solución al conflicto histórico y multidimensional entre el Estado y el pueblo mapuche pasa por la venta de las todavía escasísimas tierras en manos de personas y comunidades mapuches; incluso está dispuesto a indemnizar al que no esté en el campo con 50 millones para que se compre una casa en la ciudad o inicie un negocio.
Sin duda, el Intendente ha demostrado una gran capacidad como abogado, empresario y ex ministro, pero respecto de la temática indígena parece que peca de inocencia o de ignorancia porque la demanda de tierras no es una demanda agrícola ni de subsistencia, sino que es una demanda política e histórica por recuperar “sus” tierras expropiadas mediante una guerra económica y una ocupación ilegal, además de un reconocimiento de sus derechos colectivos respaldados en la Constitución y tratados internacionales.
Mayol sostiene que los mapuche son pobres porque no tienen títulos individuales de propiedad, es decir, porque no son propietarios, pero no hay ningún estudio que pueda demostrar tal comentario. En definitiva, esta iniciativa de venta y arriendo de tierras indígenas, es contradictorio con los principios de protección y ampliación de las tierras indígenas señalado en la Ley 19.253 (art.1) y el principio de protección de las tierras y territorios del Convenio 169 OIT (arts. 13 y 14) y afecta directamente el interés de los pueblos indígenas por lo que debe ser consultado por el Congreso a través de un mecanismo adecuado (art. 6.1.a Convenio 169 OIT). Dicho proceso de consulta no ha sido mencionado en ninguna de las propuestas que afectan los derechos territoriales.
Llama la atención la insistencia en que la solución al conflicto mapuche es la puesta en venta de sus tierras a particulares no indígenas, sobre todo si se toma en cuenta que el estudio de los Títulos de Merced realizado por la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato (2004) concluyó que un 31,6% de las tierras recuperadas no están en manos de mapuches y que un porcentaje muy importante se encuentra en manos de las empresas forestales: aquí radica el conflicto que el Estado no ha querido resolver.
Los pueblos indígenas son parte fundante de Chile y para que el país se desarrolle debe hacerse en conjunto con sus pueblos indígenas, no se puede seguir creciendo divididos, con poblaciones segregadas y empobrecidas al frente de élites que viven en la superabundancia. A través del diálogo político y la participación de los pueblos indígenas como legítimos interlocutores en la toma de decisiones se logran resolver los conflictos.
De tal manera, señor Intendente, como expone el PNUD en su informe de Auditoría a la Democracia, el desafío de mantener la gobernabilidad necesariamente pasa por recomponer la confianza con los actores de la democracia. Para ello se requiere construir una agenda social y política legitimada para avanzar juntos hacia el tan manoseado desarrollo. Esa es la instancia hacia el desarrollo humano más inclusivo y duradero. Hablemos, pero hablemos en serio.
El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.
